El mismo día en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), presidida por el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, inauguró en el Parlamento el 153º período de sesiones, el diputado de Cabildo Abierto (CA), Carlos Testa, presentó un proyecto de ley para restablecer íntegramente la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848), que la jurisprudencia de la Corte ha calificado como uno de los principales obstáculos para el acceso a la Justicia por parte de las víctimas del terrorismo de Estado.

El proyecto, que también fue firmado por los cabildantes Nazmi Camargo, Silvana Pérez Bonavita, Elsa Capillera, Rafael Menéndez y Wilmar Caballero, plantea en su único artículo la derogación de la Ley 18.831, que restableció la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en la aplicación del terrorismo de Estado.

La ley que CA pretende derogar también suspende los plazos de prescripción durante la vigencia de la ley de caducidad, entre diciembre de 1986 y noviembre de 2011, y declara los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles, aludiendo a los tratados internacionales de los que Uruguay es parte.

En la exposición de motivos del proyecto, los legisladores de CA plantean el respeto al pronunciamiento de la ciudadanía en las consultas del 16 de abril de 1989 y del 25 de octubre de 2009 sobre la derogación de la ley de caducidad.

Consultado sobre la coincidencia con la visita de la Corte IDH a Uruguay, Testa dijo a la diaria que no hubo “ninguna intención de oportunidad” y respondió a los dichos del presidente de esa entidad: “Los orientales nos gobernamos a nosotros mismos”.

En diálogo con la diaria, el diputado frenteamplista Daniel Gerhard rechazó el planteo de CA, que “en gran medida se sostiene en que el pueblo uruguayo está a favor de la impunidad”. “No aceptamos que se diga que la mayoría de la gente está a favor de la impunidad. El pueblo uruguayo no logró acumular los votos explícitos para anular la ley, lo que no logramos en 2009 fue concientizar a la mayoría de las personas para que expliciten su voluntad”, afirmó el legislador.

El presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, fue consultado por la iniciativa de CA: “La Corte lo resolvió en Gelman y en otros casos; el tema de los derechos humanos está basado en la dignidad humana, y la dignidad humana requiere una protección que va más allá de la voluntad de las mayorías políticas, para eso están los tribunales nacionales e internacionales”.

Pérez Manrique destacó que el respeto a los derechos humanos “tiene que ver esencialmente con la afirmación de un valor que es sustancial y consustancial a la propia existencia del ser humano”. “Si desconocemos los derechos humanos estamos en una sociedad que no es democrática”, expresó.

En las dos sentencias en que la Corte IDH condenó al Estado uruguayo por violaciones a los derechos humanos –el caso Gelman y el caso que integra los asesinatos de Maidanik, Reyes, Raggio y las desapariciones de Tassino y González– la Corte hace referencia, como elementos que perpetúan la impunidad, a la ley de caducidad y al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia que en febrero de 2013 declaró inconstitucional los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831. Esa posición de la SCJ fue revertida en mayo de 2022, a partir de la nueva integración de la SCJ.

Pérez Manrique dijo que en el caso de que se apruebe un proyecto que restablezca íntegramente la ley de caducidad, la Corte analizará el caso y “tomará una decisión”, en la medida en que contraviene las sentencias de condena al Estado uruguayo. Las sentencias de la Corte son vinculantes para el Estado porque el Parlamento uruguayo ratificó en marzo de 1985 la Convención Americana de los Derechos Humanos y la competencia de las instituciones del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, del que forma parte.

Las declaraciones de Pérez Manrique fueron brindadas en el Parlamento luego del acto que inauguró el período de sesiones de la Corte IDH, que entre otras actividades incluye una audiencia privada en la que se supervisará el cumplimiento por parte del Estado de la sentencia de condena en el caso Gelman. En ese evento participaron la vicepresidenta Beatriz Argimón, el canciller Francisco Bustillo y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez.

La opinión de Argimón y el desplante de Lacalle

Consultada sobre la iniciativa de CA, la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo en rueda de prensa que “el fallo popular es lo que debe respetarse”, pero advirtió que la coalición de gobierno tiene “un acuerdo pautado” sobre las prioridades legislativas. “El resto forma parte de la dinámica legislativa y se verán los apoyos”, comentó.

Pese a haber sido invitado, el presidente Luis Lacalle Pou no concurrió al acto de apertura de la sesión de la Corte, por lo que el Poder Ejecutivo estuvo representado por el canciller Bustillo. La Corte, que desde 2006 ha sesionado tres veces en Uruguay, también cursó un pedido de audiencia con el presidente de la República que no fue respondido. Según supo la diaria, el único anfitrión que no ha recibido a la Corte fue Jair Bolsonaro, cuando la Corte IDH sesionó en Brasil en agosto pasado.

La derogación de la ley interpretativa de la ley de caducidad ya había sido planteada por CA en el Senado en agosto de 2020. En aquel momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado instando a Uruguay a “abstenerse” de votar ese tipo de iniciativas y avanzar en el esclarecimiento de los crímenes, lo que fue considerado por CA como una “injerencia” por parte del organismo internacional.