Las fiscalías de países del Mercosur se propusieron investigar la responsabilidad de empresas privadas en crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los procesos dictatoriales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Según informó Búsqueda este jueves, la iniciativa es parte del programa conjunto de los ministerios públicos para el período 2023-2024 y se dio el puntapié inicial el 20 de octubre en Montevideo, en una reunión que encabezó el fiscal de Corte uruguayo, Juan Gómez.
Una subcomisión de las fiscalías que trabaja temas de lesa humanidad, que está en la órbita de la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur, trabajará sobre “el eje de responsabilidad empresarial”. En el acta del encuentro se establece que independientemente de las investigaciones que lleve adelante cada fiscalía, se realizará un informe que detalle “si han existido comisiones por la verdad, procesos o investigaciones de esclarecimiento de la verdad” así como procesos de reparación de hechos en los que “se hayan abordado casos de responsabilidad empresarial en contexto de crímenes internacionales, y el estado alcanzado” de esos procesos.
Junto a Gómez estuvieron dos uruguayos: Gabriela Aguirre, directora del Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la Nación, y Ricardo Lackner, fiscal letrado de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de segundo turno. Desde los otros países llegaron Eduardo Casal, procurador general de la Nación de Argentina; Pétalia Timo Rodrigues, asesora jefa de Relaciones Internacionales de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil; y Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado de Paraguay.
Esta no será la primera vez que una fiscalía del Mercosur investigue el rol de las empresas, recuerda el semanario. En 2015 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina presentó una investigación sobre la implicación de empresas nacionales y multinacionales en delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura de ese país, y se enfoca particularmente en la represión a trabajadores.
En esa investigación se concluyó que hay evidencia sobre la participación del Ejército en ciertas compañías y sobre la información que entregaron las empresas sobre sus trabajadores, además de ceder el uso de terrenos donde terminó habiendo luego centros clandestinos de detención.