Tras la huella de Giordano: el trabajo de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas

44 años pasaron entre el 9 de junio de 1978, cuando Héctor Giordano fue secuestrado y desaparecido por las fuerzas represivas en Buenos Aires, Argentina, y el 1º de noviembre de este año, cuando su familia recibió la noticia de un avance significativo en su búsqueda: el hallazgo de un registro dactiloscópico que coincide con el de Giordano y que fue tomado de un cuerpo que apareció tirado en la calle en la zona de El Palomar, en Buenos Aires, el 30 de agosto de 1978, del que hay registros en un cementerio bonaerense.

Hay 156 uruguayos registrados en el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) argentino, 131 de ellos desaparecidos y 25 asesinados. De los primeros, diez fueron identificados por las huellas dactilares; uno de ellos es Giordano, y el hallazgo asociado a su caso es el primero desde la reciente complementación entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Seguridad argentino, que dio nacimiento a la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas (ILID).

El Ministerio de Seguridad fue el que inició las comparaciones dactiloscópicas entre las fichas de cuerpos no identificados –NN– y las huellas de las personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado en Argentina, y en 2013 se acordaron los protocolos de notificación de las identificaciones por ADN y dactiloscópicas con la Cámara Federal de Apelaciones de Capital Federal, el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Ministerio de Seguridad y la ILID.

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) –que no sólo aborda las desapariciones del gobierno de facto sino también las actuales– trabaja en forma sistemática con todas las fichas de cuerpos NN que se encuentran de la época de la dictadura (entre 1974 y 1983): las cruza y las coteja, y para su procesamiento se trabaja con las hipótesis de investigación del equipo de la ILID.

Para la formulación de hipótesis que luego posibilitan la comparación de huellas se trabaja en la investigación documental de los hallazgos de cadáveres de la época, como fichas policiales, recortes periodísticos, consejos de guerra, entre otros. Los equipos cuentan con recursos técnicos y tecnológicos como el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS). La identificación dactiloscópica la realiza la Policía Científica y es posible cuando las huellas fueron bien tomadas.

Siguiendo rastros

Según información que la ILID proporcionó a la diaria, fue a partir de la revisión sistemática de los lotes de información bajo estudio, de personas desaparecidas y de personas fallecidas como NN durante el período analizado, que se produjo la identificación dactiloscópica de Giordano, abogado laboral y periodista nacido en Durazno que antes de radicarse en Argentina, en 1973, patrocinó a varios sindicatos y perseguidos políticos de la dictadura.

Giordano fue secuestrado el 9 de junio de 1978, cuando se encontraba en su domicilio, en Moreto 629, en el barrio de Parque Avellaneda de la Capital Federal. Fue identificado luego, por otro detenido, Ubal Lanne, en el Centro Clandestino de Detención Base Aérea del Palomar, hasta el 5 de julio de ese año.

Un “cotejo especializado” realizado con la asistencia de la Superintendencia Federal de la Policía Científica de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió conocer que “las huellas dactilares obrantes en un prontuario cadáver producido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el 30/08/1978, se corresponden de ‘forma fehaciente, categórica e indubitable’ con las improntas dactilares impresas pertenecientes a Héctor Orlando Giordano Cortazzo, registradas tanto en un legajo policial de la PFA como en el formulario Nro. 1 de su Documento Nacional de Identidad, en el Registro Nacional de las Personas de Argentina (Informe Pericial Nº 05/21)”, señala un informe de la ILID.

A partir de la identificación dactiloscópica se relevaron los ingresos a un cementerio de Buenos Aires y se localizó un ingreso el 30 de agosto de 1978 que coincide con los datos del prontuario en el que se registró su fallecimiento como NN.

“Por suerte, la familia Giordano ha dejado su muestra de sangre en el banco del equipo de antropología forense”, dijo a la diaria Andrea Di María, investigadora del ILID desde 2013. Precisamente, la Iniciativa lleva adelante una campaña para que los familiares de desaparecidos lleven muestras de sangre, que son fundamentales para la identificación de los restos óseos. Hasta el momento no hay datos de su sepultura y se desconoce todavía si los restos fueron a un osario común, lo que complejizaría la tarea.

Un aporte a la verdad y a la justicia

Lo que permite este hallazgo, hasta ahora, es identificar la fecha de muerte de Giordano y la forma en que terminaron con su vida. “Obviamente que encontrar los restos es súper importante, pero este no es un dato menor”, evaluó Di María. En la misma línea se manifestó el hermano de Giordano, Hugo, a poco de conocerse la noticia, cuando dijo a la diaria que “saber cómo fueron las circunstancias finales, en cierta forma” es un alivio, y que “por más dolorosa que sea, esta información es bienvenida para conocer un poco más de lo que pasó”.

De esta forma, se sabe que Giordano fue asesinado por disparos de arma de fuego. Para Di María, la forma en que apareció el cuerpo, en ese entonces, no fue azarosa: era “parte de la metodología” de los perpetradores de los crímenes de la dictadura. “No solamente se hacían los enterramientos clandestinos, ya sea en algunos terrenos pertenecientes a centros de detención o lo que se conoce como vuelos de la muerte, sino que también parte de la metodología represiva de la época eran los hallazgos de cadáveres de personas que estuvieron secuestradas y pasaron por ciertos centros clandestinos”, señaló.

“Era la manera de legalizar lo ilegal: ellos sabían a quiénes pertenecían esos cuerpos, pero se hacía toda la actuación; intervenía la Policía, se tomaban las huellas dactilares, pero se hacían las inhumaciones como NN. No se avisaba a las familias que era el cuerpo de esa persona. Es parte de las prácticas del terrorismo”, analizó la licenciada en Ciencias Políticas.

Por otro lado, Di María resaltó que la identificación dactiloscópica “es un dato que sirve para las causas judiciales, porque a los represores no se los juzga sólo por la desaparición forzada sino por el asesinato, que [ahora] está comprobado”.

Ahora que ya fue notificada la familia, explicó Di María, se trabaja en la resolución de la identificación por medio del poder judicial argentino, y en rectificar la partida de defunción, porque Giordano fue inhumado como NN. En otros casos, explicó la investigadora, directamente se inscribió el certificado de defunción, porque no había una partida emitida previamente. “A veces se tiene la fecha y a veces no. Hay algunos cementerios donde no está registrado en qué año ingresó”, explicó.

Las dificultades para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia en Argentina, al igual que en Uruguay, “surgen de las metodologías utilizadas en su momento”, entre ellas, la clandestinidad y los enterramientos como NN en los cementerios. Si bien de muchos de estos restos hay registros, en los casos que fueron pasados a osarios “se complica la recuperación de esos restos”. Y un obstáculo nada menor es el hecho de que “los represores no dicen a dónde han pasado a las víctimas. Están comprobadas sus actuaciones durante la dictadura, pero tienen un pacto de silencio entre ellos”, sostuvo Di María.

Es en el marco del reconocimiento que el Estado argentino hizo en el año 2000 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que el derecho a la verdad consiste en “el agotamiento de todos los medios para alcanzar el esclarecimiento acerca de lo sucedido con las personas desaparecidas” que lleva adelante las tareas de identificación tanto por ADN como por huellas dactilares a través de la ILID, en el ámbito del Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos argentina.