Diego Lenguas, conocido como el mensajero, por su rol de viajar con retiros y depósitos en negro de ahorristas argentinos del Banque Heritage, rechazó en la audiencia preliminar de conciliación un acuerdo con el banco, por lo que la jueza en lo civil de tercer turno, Alejandra Muguiro, convocó a un juicio civil para dirimir un litigio en el que las partes se acusan mutuamente.

Tras ser denunciado por estafa por el banco, y luego de que la causa fuera archivada por la Justicia penal, Lenguas reclamó al Heritage dos millones de dólares por el daño moral generado por la acusación en su contra. En tanto, el banco reclama a Lenguas 20 millones de dólares, que corresponden al dinero sustraído a los ahorristas argentinos, que finalmente la institución reembolsó.

El abogado defensor de Lenguas, Enrique Sayagués, dice tener pruebas para demostrar que el banco estaba detrás de una maniobra realizada entre 2009 y 2017 para captar depósitos en negro de ahorristas argentinos y que no fue víctima de la ejecutiva de cuentas Elena Nazarenko, quien en setiembre de 2018 fue condenada a dos años y medio de penitenciaría por los delitos de estafa y falsificación.

Luego de que el banco dejara de operar en Argentina, Nazarenko comenzó a recibir dinero de ahorristas en hoteles de Buenos Aires que eludían a las autoridades tributarias argentinas. El dinero era depositado en cuentas legales de la sucursal del Heritage en Montevideo, de donde también retiraban cuando los clientes necesitaban el dinero. Se estima que en esos ocho años el monto de la evasión fiscal contra la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina (AFIP) superó los 900 millones de dólares.

Al tener una cartera de 200 clientes, la ejecutiva de cuentas comenzó a contratar mensajeros para llevar y traer el dinero, entre ellos el demandante, que durante unos ocho meses llevó y trajo dinero en efectivo o letras bancarias por una comisión.

En diálogo con la diaria, Sayagués señaló que la jueza dio 15 días para que el banco aportara los datos de todos los ahorristas de Buenos Aires que, a pedido de la defensa de Lenguas, declararán como testigos en la causa.

Sayagués dijo que su cliente decidió no aceptar un acuerdo económico con el banco porque quiere que la Justicia se pronuncie sobre su inocencia, dado que, si bien la Fiscalía archivó el caso por considerar que no había elementos para continuar con la investigación penal, no hay un pronunciamiento del Poder Judicial sobre su sobreseimiento.

“Él a juicio penal no puede ir porque el fiscal no lo acusó, entonces exige que haya una sentencia civil que diga que no incurrió en ningún delito”, planteó.

El abogado dijo que ambas partes habían pedido como testigos a 50 depositantes y a todos los gerentes del banco, pero luego la entidad intentó retirar a los ahorristas, lo que no fue aceptado por la jueza.

Sayagués cuenta con el testimonio de 15 testigos que declararon ante la Justicia penal haberle entregado el dinero a la ejecutiva de cuentas para colocar el dinero en Montevideo, lo que según el abogado está respaldado por la auditoría realizada por Price Waterhouse Coopers, que da cuenta de los movimientos financieros de esos ahorristas.

“Pretendieron que esa auditoría se guardara en la caja de seguridad del juzgado y que no se abriera hasta el momento de la sentencia [...] el banco dijo que no podíamos decir nada por el secreto bancario, pero los hechos que se plantean ocurrieron en Buenos Aires, y en Buenos Aires no había banco, por algo lo hacían en un hotel, los depositantes no son depositantes”, comentó.

El abogado planteó que la maniobra se conoció en 2018, luego de que el artículo 34 de la Ley de Lavado de Activos, aprobada en diciembre de 2017, considerara la defraudación tributaria como delito precedente del lavado, por lo que no podría generar consecuencias penales en Uruguay. Sayagués pedirá la declaración de la oficial de cumplimiento del banco, responsable de controlar la legalidad de la operativa, principalmente el cumplimiento de la normativa tributaria y el origen de los fondos.