La organización de ex presos políticos Crysol envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou, en la que plantea la conveniencia de mantener al frente de las excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos a los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) Wilder Tayler y Mariana Mota, aun cuando no sean mantenidos en sus cargos.
La Ley 18.446, que creó la INDDHH, establece en su artículo 37 que la elección de los cinco miembros del Consejo Directivo se realizará antes del quinto mes del tercer período de cada legislatura, por lo que el plazo para que la Asamblea General defina la nueva integración vence en agosto. En caso de que no haya acuerdo, los actuales directores permanecerán en sus cargos hasta que se resuelva la nueva integración, en una segunda elección.
Crysol tiene pocas expectativas de que Mota y Tayler sean reelectos por la Asamblea General, por lo que plantea la posibilidad de buscar una alternativa para su continuidad en la conducción de las excavaciones, tarea que fue asignada a la INDDHH en la Ley 19.822. “Como colectivo, valoramos y reconocemos altamente el aporte que su gobierno ha venido brindando a la INDDHH al respecto”, añade Crysol en la carta enviada a Lacalle Pou, haciendo referencia a la búsqueda de desaparecidos. “Ahora nos dirigimos a usted para solicitarle su apoyo para que ambos [Mota y Tyler] puedan continuar al frente de la tarea, más allá de que el Parlamento no llegara a renovar su mandato”, agrega la misiva, enviada el 6 de abril, en la que se destaca la “solvencia, compromiso y responsabilidad” del trabajo de ambos directores.
En la carta, Crysol recuerda a Lacalle Pou la adhesión de Uruguay a la Carta Interamericana de Derechos Humanos y el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). También señala que en la última sentencia de la corte, que condenó al Estado por su responsabilidad en las desapariciones de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino y en los asesinatos de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, el tribunal instó a Uruguay a continuar con la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos.
“El Estado tiene la obligación, por mandato de la Corte IDH y de su propio compromiso con las normas de derechos humanos, de continuar la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos. Esperamos contar con su pleno respaldo a nuestra iniciativa al respecto”, expresó Crysol.
La asociación también planteó la situación generada por el artículo 11 de la Ley 18.033 por la que los ex presos políticos son obligados a elegir entre cobrar una jubilación o la Pensión Especial Reparatoria, algo que ha sido señalado como una desnaturalización de la pensión reparatoria por relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas y por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Remitir al Parlamento un proyecto de ley que permita que las ex presas y los ex presos políticos puedan cobrar sus jubilaciones y pensiones será un importante aporte al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de respaldo a las normas de derechos humanos. Prestigiará al país y a su presidente. Será una contribución muy valiosa que el Partido Nacional realizará al proceso de afirmación del Estado de Derecho”, sostuvo Crysol en la carta dirigida a Lacalle Pou, en la que también recuerda que “desde la recuperación democrática, todas las iniciativas de carácter reparatorio hacia las víctimas y sobrevivientes de la dictadura cívico-militar fueron promovidas por el Partido Colorado y el Frente Amplio”.