La Federación Latinoamericana de Fiscales rechazó el proyecto de Cabildo Abierto que busca sancionar penalmente a los fiscales por malas prácticas, a través de la regulación del delito de prevaricato.

En un comunicado difundido este jueves por el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Wilian Rosa, la Federación que agrupa a magistrados fiscales de 11 países de la región señaló que “viene constantemente alertando” la pretensión de “algunos políticos de la región” de menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia.

La Federación lamentó las iniciativas legislativas que “desconocen” la independencia judicial, que constituye un derecho humano, reconocido en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“La autonomía en las instituciones de procuración de justicia no sólo es necesaria para investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad, sin importar si comprometen a altos funcionarios, sino que fue establecida para garantizar a la comunidad el derecho de acceso a una Justicia imparcial, en especial a las víctimas y en particular cuando existen graves violaciones a los derechos humanos”, señala el comunicado.

En cuanto al proyecto de Cabildo Abierto, la federación señaló que tiene una redacción con “términos muy amplios, ambiguos o generales, que atentan contra los principios primordiales del derecho penal, como son el de legalidad, de igualdad ante la ley y de un derecho penal mínimo”.

En esa línea, señalaron que el primer artículo del proyecto, que pretende sancionar al fiscal que “intencionalmente persiga penalmente a un no culpable o a persona a la cual no le corresponde sanción penal” significa “una amenaza y un debilitamiento concreto a la tarea investigativa del Ministerio Público sobre todo en delitos o en los que interviene una organización criminal transnacional”.

Para la federación, tal como está redactado el proyecto, significaría que en el caso de que una persona resulte absuelta porque no se logró recolectar suficiente evidencia podría ir penalmente contra el fiscal para “verificar su intencionalidad, corriendo el riesgo de ser víctima de posibles arbitrariedades y abusos penales por presiones de los sectores interesados”.

También rechaza la posibilidad de que cuando el imputado sea un fiscal, sea un juez letrado el que se encargue de la investigación. Para la Federación, la propuesta “constituye una intolerable investigación (...) contraria al sistema de juzgamiento adoptado por el Estado uruguayo, en referencia a las disposiciones del sistema acusatorio, que reserva a la fiscalía la persecución penal”.

La Federación señaló que “la independencia y la imparcialidad de los fiscales es una obligación de la República”, y se debe asegurar que los fiscales “puedan ejercer sus funciones sin ser objeto de injerencias indebidas, en concreto por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo o cualquier otro sector de poder”, y manifestó su confianza “en que el Poder Legislativo de Uruguay preservará la necesaria autonomía e independencia del Ministerio Público”.