Este jueves comenzó la última etapa de la declaración anticipada de la principal víctima de Operación Océano, la causa que investiga a 36 personas por delitos de explotación sexual contra adolescentes.
La declaración de la principal víctima debió dividirse en dos tandas de imputados, dado que al ser la única declaración que tiene vínculo con todas las personas investigadas, debe responder preguntas tanto de la fiscalía como de los abogados de los imputados en relación a cada uno de los investigados.
La víctima principal declaró a fines de marzo en relación a otros 20 investigados y se estima que este viernes complete la declaración sobre los 16 investigados restantes.
A partir del lunes de la semana que viene se realizará una nueva audiencia para preguntar aspectos que hayan quedado pendientes en la declaración de la víctima principal, tanto por parte de la Fiscalía como de las defensas.
En las anteriores declaraciones anticipadas las repreguntas se realizaron durante la misma audiencia, pero en el caso de la víctima principal, al ser audiencias tan largas se optó por dejar la segunda ronda de preguntas para instancias posteriores.
El miércoles declaró una de las víctimas que estaba vinculada con nueve de los imputados. La declaración estaba prevista para principios de febrero, pero fue postergada a pedido de la víctima.
Durante la audiencia, que comenzó a las 9.00 y culminó a las 22.30, los abogados de las partes y la fiscalía discutieron ante la jueza penal de 33° turno, María Noel Tonarelli, el pliego de preguntas a realizarle a la víctima, quien declaró por cinco horas en una de las salas del juzgado de la calle Juan Carlos Gómez.
Abogados de los imputados señalaron a la diaria que la testigo se expresó espontáneamente y manifestó con verosimilitud los hechos ocurridos, y marcaron la diferencia en este sentido con anteriores declaraciones anticipadas. Además, señalaron su malestar con la abogada de la víctima, Soledad Suárez, que cuestionó la participación de los abogados de imputados que no estaban relacionados con la víctima.
En diálogo con la diaria, Suárez, aclaró que ella no cuestionó la presencia de los abogados en la sala, sino que se opuso a que hicieran intervenciones; en las otras audiencias, los abogados de imputados que no estaban vinculados a la víctima que realizaba la declaración anticipada no podían intervenir pero sí estar presentes.
“El criterio ha sido que intervienen quienes están vinculados con las declaraciones, nosotros sufrimos ese criterio en audiencias como las de la víctima principal, en la que no somos sus patrocinantes. Mi posición no era que no estuvieran, sino que se siguiera el mismo criterio que se siguió con nosotros, que si entrábamos, participábamos como oyentes, sin tener una actitud activa; no me opuse a que participaran los colegas”, señaló Suárez.
La abogada destacó que la audiencia se dio en “términos correctos” y se logró cumplir con los planteos de las partes.
El vencimiento del plazo y la posibilidad de alcanzar acuerdos abreviados
El 13 de mayo culmina el plazo que tiene la fiscal especializada en delitos sexuales subrogante de 5° turno, Mariana Alfaro, para presentar la acusación contra todos los imputados, al cumplirse dos años de la formalización del proceso. Antes que venza ese plazo, la Fiscalía podría alcanzar acuerdos abreviados con las defensas de los investigados que admitan los delitos imputados.
El intercambio para concretar acuerdos de condena se ha dado durante todo el proceso con varios abogados. Hasta el momento sólo se concretó uno, en setiembre de 2020, con un imputado que había intercambiado chats con una de las víctimas pero no se había contactado físicamente. El hombre fue condenado a dos años de prisión, a cumplirse con tres meses de prisión domiciliaria total, tres meses de prisión domiciliaria nocturna y el resto en libertad a prueba.
Varios de los abogados consultados señalaron a la diaria que si bien hay diferentes situaciones entre los 36 investigados, la mayoría aspira a ser absueltos en un juicio oral o condenados con penas más leves que las que les ofreció la fiscalía.
Culminada la etapa de investigación, la fiscal Alfaro deberá acusar; luego, las defensas tienen 30 días para responder la acusación, y luego el juez tiene diez días para convocar a la audiencia de control de acusación, en la que se define qué pruebas serán parte del juicio.