El Comité contra la Tortura (CAT) es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que monitorea a los estados parte sobre el cumplimiento de los derechos humanos en materia de seguridad. Ante este comité, en Ginebra, estuvo este viernes una delegación del gobierno uruguayo respondiendo las preguntas que se le formularon luego de la exposición del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y los informes de Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

La delegación uruguaya estuvo encabezada por la vicecanciller, Carolina Ache; Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior; Pablo Abdala, presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU); y el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit.

Cada uno de ellos respondió el largo listado de preguntas que el CAT le hizo al Estado uruguayo. En particular, González se encargó de defender el capítulo de seguridad de la ley de urgente consideración (LUC), reiterando que la propuesta del Poder Ejecutivo cuenta con el respaldo parlamentario y el apoyo de la ciudadanía, tras refrendarse luego del referéndum del 27 de marzo.

González aseguró que la LUC no implicó “la afectación ni la limitación de los principios generales del derecho penal liberal”, sino que lo que se hizo fue un ajuste “a la tipología y la dosimetría de algunos delitos, a partir de definiciones de política criminal, cuyos primeros resultados ya se conocen y sostenemos que no son violatorios de acuerdos internacionales”.

Con respecto a la situación carcelaria, González reconoció que “en Uruguay, en nuestras cárceles, se violan los derechos humanos, no podemos tapar el sol con un dedo, hay que decir la realidad y trabajar la transformación desde la humildad del trabajo diario que tiene este gobierno”.

El jerarca del Ministerio del Interior admitió que las personas privadas de libertad “tienen que tener mejores condiciones de vida, una dignidad en su paso por el sistema penitenciario y la posibilidad real de rehabilitarse para no recaer”, y agregó que buscan evitar “el circuito permanente de calle, cárcel, adicción, que es un circuito perverso en el cual trabajamos para que sea una puerta giratoria más lenta, por lo menos”.

Respaldo y respeto a la Policía

Además, defendió el respaldo que hace el Poder Ejecutivo a la Policía, en contrapartida a las preocupaciones que presentó el MNP de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

“He estado en entierros de policías que han fallecido en el cumplimiento del deber, ayudando a un ciudadano al cual no conocían, por lo cual, el respaldo y respeto que tiene el Poder Ejecutivo es porque son ellos los que nos defienden, nos cuidan y en el último momento ponen su propia vida en riesgo para salvar la nuestra”, dijo ante los delegados de la ONU.

“Era muy clara la necesidad de un respaldo político y legislativo para las fuerzas policiales, lo cual se vio plasmado en algunos artículos de la LUC, algunos de ellos que fueron refrendados en el referéndum”, agregó.

Para González, “el apoyo del Poder Ejecutivo a la Policía no significa que apoyemos a un mal policía; al contrario, hay una cantidad muy importante de mecanismos para analizar las denuncias que existen sobre corrimientos de funcionario policiales”, dijo, y enfatizó que no se ampara “a policías que se hayan corrido de la ley o incurrido en un delito, tenemos muchísimos casos que han sucedido en nuestra administración y en otras administraciones, por lo cual que quede claro que nosotros queremos al buen policía en la fuerza y no queremos al mal policía en la misma”.

INAU

En sus intervenciones Abdala se refirió a cómo se aplica la justicia en los casos de niños, niñas y adolescentes que cometen delitos. Aseguró, entre otras cosas, que a través de la LUC lo que hubo “son modificaciones a los límites, a la dosimetría con relación al derecho penal juvenil, no hay modificaciones a las bases, a la esencia ni a los principios que regulan” el sistema en Uruguay.

“No hay, ni lo hubo en 2020, una intención o un fundamento de carácter punitivo, mucho menos represivo, sino una finalidad asociada a lo que debe prevalecer en lo que se trata a niños y adolescentes, que es la mirada de carácter socioeducativo”, explicó el presidente del INAU.

Abdala fue consultado sobre los abusos policiales en las detenciones a adolescentes, algo que fue denunciado por las delegaciones anteriores. Ante esto, respondió que “esos abusos presuntos no acontecen como regla general ni como característica del sistema; no quiere decir que no ocurran como casos aislados, pero el sistema está preparado para prevenir que estas circunstancias reñidas con los derechos humanos acontezcan, pero al mismo tiempo está preparado para actuar cuando eventualmente puedan ocurrir”.

Comisionado parlamentario

A su turno, Petit les comentó a los integrantes del comité la realidad uruguaya en las cárceles, y entre otras cifras destacó que “Uruguay está entre los países del mundo que más presos tienen cada 100.000 habitantes, en el puesto 12”, y subrayó que “la cantidad de personas privadas de libertad no es una buena noticia; el sistema sigue creciendo, el ritmo de crecimiento aumentó en 2021 un 10%, pero fue de 9% para la población masculina y de 28% para la población femenina”.

Petit aprovechó para reiterar las recomendaciones que su oficina ha hecho a este gobierno y a los anteriores. Por ejemplo, mejorar la información sobre derechos y obligaciones que reciben los privados de libertad cuando ingresan al sistema, o los mecanismos para que puedan elevar una queja. Además, abogó por la necesidad de mayores recursos humanos, logísticos y financieros para el sistema de defensa público y la concreción y rápida puesta en marcha de una “estrategia nacional penitenciaria”.

La respuesta del Comité de la ONU

La delegación uruguaya terminó su intervención con cinco preguntas aún por responder, pero se abrió el espacio para que los delegados pudieran intervenir. El presidente del CAT, el mexicano Claude Heller, expresó “una nota de satisfacción” cuando la vicecanciller confirmó el apego “irrestricto del gobierno de Uruguay con las instituciones y mecanismos de derechos humanos”: a su entender, “es un elemento importante dado las dudas que parecían existir en el apoyo a las tareas que realiza la INDDHH, como el MNP y el papel del comisionado parlamentario”.

Destacó que no se escuchó respuesta al pedido de elaboración de un registro nacional para procesar situaciones graves de violaciones de derechos humanos, que aunque no se registren torturas en el país, sí se habla de “agresiones sexuales o lesiones sumamente graves”: “Hay que tener un diagnóstico con una base de datos”, enfatizó, y recordó que “esto fue algo que se solicitó en el previo informe, en 2014”.