El abogado colombiano Federico Andreu-Guzmán, especializado en derechos humanos, entregó a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, un informe encomendado por el Senado para identificar líneas de acción en la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos.

Entre las principales conclusiones del informe se destaca la falta de una política de Estado sobre la que se sostenga la búsqueda, el incumplimiento del mandato legal sobre la digitalización de los archivos de la dictadura, además de otros aspectos como el pacto de silencio establecido por militares y civiles involucrados en los crímenes y el paso del tiempo.

En diálogo con la diaria, Andreu-Guzmán destacó la existencia de la Ley 19.822, por la que se confiere a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos y la investigación sobre las circunstancias de desaparición, y señaló que ese mandato legal “es uno de los mejores que existen en el mundo”. Además, señaló que la INDDHH realizó “un trabajo muy valioso” en la búsqueda, que implicó el desarrollo de nuevas hipótesis de investigación y la revisión del trabajo ya hecho.

Otro punto destacado por Andreu-Guzmán es el trabajo sobre la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos de uruguayos en el exterior. “Esa línea es muy importante, porque nunca se había desarrollado en el pasado”, agregó.

El investigador también valoró la colaboración del Ministerio de Defensa y la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, pero señaló que pese a ese marco institucional la búsqueda enfrenta “muchos obstáculos”.

“Estamos hablando de desapariciones forzadas que se cometieron hace entre 50 y 40 años y frente a ello hay muchas dificultades para recabar información, desaparecen fuentes humanas que fueron testigos directos o indirectos o que pudieran tener información, hay un verdadero pacto de silencio de los sectores militares y civiles que estuvieron envueltos en estos crímenes”, expresó.

Andreu-Guzmán señaló que el trabajo de investigación y búsqueda logró mostrar que la información dada por los militares en instancias como la Comisión para la Paz o el informe de 2005 pedido por el entonces presidente Tabaré Vázquez era falsa. “Hay una especie de omertá que también ha sido un desafío”, señaló.

Otro de los obstáculos resaltados por Andreu-Guzmán es el incumplimiento del Estado de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 19.822, que establece que Presidencia “continuará con las tareas de digitalización de toda la información existente sobre la materia y se la entregará a la INDDHH”.

“Esa tarea no se ha cumplido y ya llevamos más de dos años y medio de expedida la ley. Si bien es cierto que el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente cada vez que la institución les pide información la suministran, no hacen una búsqueda proactiva de los archivos para identificar y localizar documentos que no se conocen, y tienen la capacidad para hacerlo”, apuntó.

Andreu-Guzmán dijo que algo que podría ser “muy útil” es que el Estado acceda a la información de los archivos desclasificados del Vaticano, a los archivos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Cruz Roja o del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

“El Estado como tal no tiene una política pública de búsquedas de desaparecidos que le dé prioridad al tema. Uruguay no tiene acceso a esos archivos todavía y tampoco parece que hubiera hecho las gestiones para tenerlos”, agregó.

El investigador dijo que los poderes estatales “deben enviar un mensaje a la sociedad sobre la importancia de la búsqueda y un llamado a la contribución a todas las personas que puedan tener información”.

Consultado sobre las particularidades de Uruguay en la forma de asumir el tema, Andreu-Guzmán respondió: “Yo creo que hay una ambigüedad; hay un consenso a nivel de la sociedad, incluso de la clase política e instituciones, de que el tema de los desaparecidos es una deuda pendiente y que hay que encontrarlos. Las manifestaciones del 20 de Mayo son una expresión muy clara de ese sentimiento. Sin embargo, uno ve un desfase con el despliegue del aparato estatal en apurar los esfuerzos. Tenemos una institución especializada, autónoma e independiente, pero si no concurren de forma proactiva los demás componentes del Estado, es muy complicado”.

El trabajo fue realizado entre los meses de junio y agosto de 2021 e implicó 40 entrevistas con integrantes de organizaciones de derechos humanos, autoridades, organismos del Estado, investigadores, familiares de detenidos desaparecidos, periodistas y referentes académicos sobre el tema, además del análisis de fuentes documentales.