El presidente de la Asociación de Defensores Públicos (Adepu), Joaquín Gamba, renunció a su cargo ante discrepancias internas a partir del informe “Los acuerdos en el proceso abreviado, desde el punto de vista técnico y desde la perspectiva de las personas condenadas”, elaborado por los abogados del Observatorio del Sistema de Justicia y Legislación de la Universidad de la República Henry Trujillo, Florencio Macedo, Martín Fernández, Sebastián Sansone y Daniel Zubillaga.

Según supo la diaria, tras conocerse el informe de la Udelar, los defensores de oficio convocaron a una reunión urgente de la comisión de defensores penales para analizar la situación.

En ese marco, el lunes acordaron una declaración en la que rechazaron enérgicamente que los defensores favorezcan los intereses de la Fiscalía o sean funcionales a sus intereses, en lo que el informe llama “friends in court”, y también consideraron “agraviantes” las conclusiones a las que llega el informe sobre el rol de los defensores en el servicio que prestan a los imputados. Además, destacaron el carácter “infundado” de las conclusiones y cuestionaron que se emitiera juicios sobre la calidad de los acuerdos abreviados a partir de la escucha de las audiencias y el testimonio de los condenados.

Sin embargo, la comisión directiva de la Adepu resolvió una declaración más moderada, en busca de no dinamitar el vínculo entre los actores que participan en el sistema de Justicia, pese a compartir la “indignación” que generó el informe, lo que determinó la renuncia de Gamba, que entendió que era su responsabilidad defender enfáticamente el trabajo diario de los defensores penales, más considerando que las autoridades de la Adepu siempre han tenido una actitud autocrítica y cuestionadora del funcionamiento del sistema.

En el comunicado difundido por la directiva rechazan que los acuerdos abreviados, por los que los imputados son condenados sin un juicio oral, sean de mala calidad.

“Si bien no es el objetivo de esta comisión crear una controversia pública con los integrantes del equipo de investigación, sí creemos que es necesario hacer estas aclaraciones para defender el trabajo de nuestros compañeros, quienes día a día ejercen su rol con responsabilidad, compromiso y siempre buscando la mejor solución para sus defendidos”, señala el comunicado, que también destaca las coincidencias con el análisis y las reflexiones realizadas por los investigadores de la Universidad de la República en cuanto a la debilidad institucional de la defensoría y su posición de desigualdad con la Fiscalía.

En el lugar de Gamba, asumirá la defensora penal Yamila Cabrera, quien señaló a la diaria que el objetivo principal de la Adepu será “seguir trabajando por el fortalecimiento y la independencia de la defensoría” y destacó los avances logrados hasta ahora.