Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, Argentina. A la salida del boliche Le Brique, ocho jóvenes, integrantes de un equipo de rugby, lo golpearon hasta matarlo. El caso generó conmoción por la ferocidad del ataque. Casi tres años después, en un juicio que es seguido masivamente, se define si los acusados son condenados a prisión perpetua.

El homicidio

La violencia de los presuntos homicidas empezó dentro del boliche, en una especie de pogo, en el que uno de ellos se pechó con Fernando. Todos fueron expulsados. En la calle, atacaron a Fernando, que cayó al piso sin tener capacidad de oponer resistencia. Algunos le pegaron, otros además formaron un cordón para que los amigos de la víctima no pudieran auxiliarla.

Jóvenes que estaban en el lugar trataron de reanimarlo, pero ya estaba muerto. En paralelo, los presuntos homicidas se abrazaron y festejaron a unos metros del crimen. Policías patrullaron la zona en busca de los atacantes. Algunos se refugiaron en su hospedaje, otros fueron interrogados en la calle y negaron su participación. Una cámara de videovigilancia captó cómo escondían las manos mientras eran interrogados por la Policía. También se ve a uno de ellos chupándose los dedos para limpiarse la sangre de Fernando.

Minutos después, otro de los atacantes retorna al lugar de los hechos y manda un mensaje al resto: “Caducó”. Cuatro de ellos fueron a comer a McDonald’s. Cuando volvieron a reunirse en la casa que estaban alquilando, se sacaron una selfie todos juntos sonriendo. Minutos después, intercambiaron mensajes en los que pactaban silencio.

Cinco horas después del homicidio, la Policía allanó la vivienda y detuvo a los diez presuntos involucrados. Ocho fueron acusados y están en prisión preventiva desde entonces. Dos fueron sobreseídos porque se descartó su participación en el ataque.

Los acusados

Máximo Thomsen (23 años): Testigos lo reconocieron como el responsable de darle patadas en la cabeza a Fernando cuando ya estaba en el piso. Su calzado quedó marcado en la cara de la víctima. Las pericias señalan que una de sus patadas fue lo que causó la muerte. Se le adjudica la frase: “Quedate tranquila que me lo voy a llevar de trofeo”.

Ciro Pertossi (22 años): Fue reconocido por varios testigos como otro de los que le pegó a Fernando cuando ya estaba en el piso. Una cámara de videovigilancia lo captó chupándose los dedos para limpiarse la sangre en el momento en que es interceptado por la Policía. También fue el que pidió silencio en el grupo de Whatsapp: “Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”.

Lucas Pertossi (23 años): Participó en las agresiones y filmó toda la secuencia de la golpiza desde el inicio, dentro del boliche, por lo que se presume que podría haber existido premeditación. Luego de matarlo, fue quien volvió a la escena para confirmar que estaba muerto. “Caducó” fue el mensaje que envió al resto.

Luciano Pertossi (21 años): Es otro de los agresores que fueron registrados en los videos que hay disponibles.

Enzo Comelli (22 años): Se lo señala como otro de los responsables de los golpes, además de agredir a los amigos de la víctima.

Matías Benicelli (23 años): Golpeó a la víctima, a la vez que le gritaba “negro de mierda”. También impidió a sus amigos que lo auxiliaran.

Blas Cinalli (21 años): Es otro de los agresores que golpearon a la víctima. Su ADN fue hallado bajo las uñas de Fernando. También agredió a amigos de la víctima que estaban en el piso.

Ayrton Viollaz (23 años): Se lo ubica junto a la víctima, por lo que no se descarta que lo haya golpeado. Fue otro de los que impidieron que los amigos de Fernando lo ayudaran.

Pedro Guarino y Alejo Milanesi: Estaban vacacionando junto al grupo de acusados. Si bien estuvieron detenidos varios meses, fueron sobreseídos. No se pudo confirmar que hayan ido esa noche al boliche ni fueron captados por ninguna cámara en la golpiza. Pasaron a ser testigos de la causa. Guarino fue sobreseído el 4 de febrero de 2021, cuando la causa fue elevada a juicio oral. Milanesi fue sobreseído el 7 de abril de 2021, tras ratificarse el pasaje de la causa a juicio oral.

Pablo Ventura: Fue detenido luego del crimen porque Máximo Thomsen lo señaló como el homicida. Fue detenido en otra ciudad y, tras haber estado un mes detenido, se descartó cualquier tipo de involucramiento.

Los abogados

La defensa de la víctima, representada por sus padres, está a cargo del mediático abogado Fernando Burlando quien, conmovido tras enterarse de que el joven asesinado pretendía seguir la carrera de derecho, se ofreció a patrocinar a su familia ad honorem.

La defensa de los acusados está a cargo de Hugo Tomei, conocido por ser un abogado “cercano al poder”. Tomei es asistido por su ahijada, la abogada Emilia Pertossi, que además es hermana de dos de los acusados [Ciro y Luciano] y prima de otro de los indagados [Lucas].

La autopsia

Diego Duarte, médico forense responsable de la autopsia, indicó que Fernando tenía lesiones en el sistema nervioso central que eran “incompatibles con la vida”. Duarte descartó que la víctima pudiera haber sido salvada y rechazó el planteo de la defensa de los acusados, que adujo que la causa de muerte pudo haber estado asociada a la reanimación cardiopulmonar practicada por una testigo de los hechos.

La muerte fue causada por “grave traumatismo cerrado de cráneo por múltiples golpes”, los que indicó que debieron ser “muy fuertes”. Según señaló, la mayoría de los golpes fueron en la cara y en el cráneo. El tronco cerebral presentaba los mayores daños y tuvo una hemorragia intracraneana. “Nunca vi algo semejante”, dijo el médico antes de quebrarse en una rueda de prensa.

El juicio

El juicio empezó el 2 de enero de este año en el Tribunal Oral en lo Criminal 1° de Dolores, que fue seleccionado tiempo atrás como sede. Este viernes será la décima jornada. En las nueve anteriores, ante la mirada atenta de los padres de Fernando, se fueron dando las distintas instancias. Todos los acusados se han negado a declarar. Los jueces a cargo del caso son María Claudia Castro, como presidenta, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari. El fiscal de la causa es Juan Manuel Dávila.

Los acusados se sientan en dos filas y son rodeados por guardias del Servicio Penitenciario Bonaerense. Recién en la sexta audiencia, luego de que pasaron los testigos a prestar su declaración y a identificar a los agresores, se sacaron los tapabocas.

Silvino y Graciela, padres de Fernando, ahorraron desde que mataron a su hijo para atravesar esta instancia alojados en una ciudad que no es la suya. Fueron los primeros en declarar. También lo hizo su abogado defensor, Fernando Burlando, quien aseguró que “acordaron y planearon matar” a la víctima. “Le pegaron hasta matarlo” y “armaron un cerco humano para que nadie pueda ayudarlo”.

La defensa de los acusados pidió la nulidad del juicio porque “no hubo un debido proceso” y para “reestructurar el proceso para que sus defendidos sepan de qué defenderse”, lo que fue rechazado en dos oportunidades por el tribunal.

En el juicio declararon como testigos los amigos de Fernando. Fueron pasando e identificando a cada uno de los involucrados en la golpiza. También declararon otros testigos, entre ellos el encargado de seguridad del boliche y la joven que intentó reanimar a Fernando. Además, declaró Pablo Ventura, el joven inocente que fue señalado como homicida por los acusados, aun cuando estaba en otra ciudad en el momento del ataque.

Cuando declaró el médico forense, los padres de Fernando se retiraron de la sala para no escuchar detalles de los daños en el cuerpo de su hijo. Un criminalista analizó la marca del calzado en la cara de Fernando, que coincide con la que usaba esa noche Máximo Thomsen.

Las pericias de ADN en la ropa de la víctima y de los acusados fueron concluyentes: había sangre y tejidos de Fernando en prendas de vestir y calzados. Pertenecen a Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, y Matías Benicelli. También se confirmó que la víctima tenía rastros de ADN de Blas Cinalli bajo sus uñas.

En el juicio también se expusieron videos de distintos registros y los chats de los acusados después del crimen. “Lo mandamos al hospital sin signos vitales. Ahora estamos yendo a McDonald’s a ver qué pasa”, dice uno de los mensajes enviados por Blas Cinalli. De inmediato, envía otro mensaje: “Amigo, flasheamos. Matamos a uno”.

Este jueves, el abogado de la familia se refirió al cierre del juicio: “Hoy se cierra un círculo en la reconstrucción de los hechos. Peritos en imagen y reconocimiento facial de la Policía Federal Argentina van a constatar que los acusados fueron quienes mataron a Fernando. Ya no quedan dudas, sólo resta el veredicto favorable de los jueces: reclusión perpetua para todos”.

La prisión perpetua

Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca y profesor adjunto de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Catamarca, explicó en un hilo de Twitter cómo es la pena de prisión perpetua en Argentina y cuál es el máximo que puede aplicarse.

Para empezar, aclara que el término “cadena perpetua” es “inexacto” para el sistema penal argentino. En 1994 cambió la legislación: se dejó de hablar de “cadena perpetua” para hablar de “prisión perpetua”. Además, se estableció un límite en los años de condena. Por eso, señaló que en Argentina existe la “reclusión o prisión perpetua”, pero en la actualidad las personas sólo son condenadas a “prisión perpetua”, ya que la reclusión no se aplica efectivamente.

La pena máxima que se aplica actualmente es de 50 años. Según indicó, ese monto surge de la interpretación que se hace de los artículos 226, que fija una pena de ocho a 25 años, y 235, que aumenta al doble el máximo de la pena para ciertos delitos, lo que da un total de 50 años.

Hay otras lecturas que indican que en realidad la prisión perpetua plantea una pena de 35 años. Esto surge del artículo 13 del Código Penal, que establece que las personas condenadas a prisión perpetua pueden obtener la libertad condicional a los 35 años. Morabito cuestiona que esto sea aplicable en todos los casos: “Esto no es tan así por lo que establece el propio sistema penal”, afirma, y cita el artículo 14, que veda esa posibilidad ante la existencia de ciertos agravantes en caso de homicidio.

Los presuntos homicidas de Fernando podrían ser condenados por homicidio doblemente agravado: por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Estos agravantes vedan la posibilidad de acceder a libertad condicional. El juez también afirmó que tampoco tendrán la posibilidad de acceder a salidas transitorias o laborales porque la normativa lo impide en los homicidios con los agravantes que se les aplicarían. Así es que en este caso la pena máxima podría llegar a ser de 50 años de prisión efectiva.