El juez penal de 38° turno, Alejandro Asteggiante, convocó una audiencia para el 13 de marzo, a pedido de la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati, para tomar declaración a un ciudadano ruso.

El hombre, que se encuentra en una situación delicada de salud, declarará como prueba anticipada de un eventual juicio en la causa que investiga la falsificación de documentos rusos como base para emitir pasaportes uruguayos.

El exjefe de seguridad presidencial fue condenado por esta causa en un juicio abreviado ratificado por Asteggiante el 15 de febrero, en el que Astesiano fue condenado a cuatro años y seis meses de penitenciaría por los delitos de asociación para delinquir, revelación de secreto, conjunción del interés público y el privado, y tráfico de influencias.

Si bien la investigación penal logró determinar que el escribano Álvaro Fernández, líder de la organización, le pagó a Astesiano 10.000 dólares en dos giros, la fiscal Fossati no pudo determinar las causas de ese pago ni recolectar evidencia suficiente para determinar que Astesiano había efectivamente participado en el delito de suposición de estado civil, previsto en el artículo 259 del Código Penal, que establece penas de hasta ocho años de penitenciaría para quienes creen un estado civil falso o generen las condiciones para crearlo.

Antes de acordar, la Fiscalía alcanzó a recolectar evidencia de que la organización contactó a Astesiano en agosto de 2021 para que cumpliera un rol de facilitador de los documentos que necesitaba la organización, “dados sus contactos por su condición de Jefe de Seguridad Móvil del Sr. Presidente de la República y su familia, reuniéndose en varias oportunidades para afinar su rol”.

Astesiano se reunió con miembros de la organización tanto en su despacho de la Torre Ejecutiva como en bares y en el estudio del escribano Fernández. Según la acusación fiscal, luego de la entrega del dinero, los socios le entregaron documentación para que Astesiano agilizara el trámite, “pero no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo”.

“Ya agarró lo que tenía que agarrar y ahora le importa tres carajos”, escribió la esposa del escribano Fernández, Patricia Medina, en referencia a Astesiano, en un mensaje enviado a su esposo el 1° de febrero. En mayo, Medina -también imputada en la causa- volvió a referirse al pago que se le efectuó al exjefe de seguridad del presidente Lacalle: “Espero que se sienta presionado y que no sea pelotudo. Tendría que haber tomado la responsabilidad ya que agarró 10.000 dólares. No tiene que tomar la responsabilidad de hacer lo que hizo [...] No puede andar ocultándose para arriba y pa’ abajo. No va a ser tan estúpido, supongo yo”.

Otra de las personas condenadas por esta causa es el ciudadano ruso Román Karpov, quien cumple una condena de 19 meses de prisión en régimen de libertad a prueba por los delitos de uso de documento falso y suposición de estado civil. Karpov, que alcanzó un acuerdo abreviado con la fiscal Fossati, admitió haber viajado a Uruguay para obtener un pasaporte uruguayo a partir de documentación rusa falsa, como una forma de acceder a la visa para ingresar a Estados Unidos y Europa.

Según relató la Fiscalía, Karpov es propietario de una empresa constructora y en 2019 aceptó la propuesta de un cliente que le debía 40.000 euros para acceder al pasaporte. En San Petersburgo fue contactado por un abogado ruso, quien le dijo que el costo de la maniobra oscilaba entre 80.000 y 100.000 euros.

A fines de noviembre, el abogado ruso le dijo a Karpov que algunos cambios en la representación diplomática uruguaya en Rusia lo obligaban a trasladarse a Uruguay para terminar el trámite. Karpov llegó al país con unas partidas de nacimiento originales con datos falsos y se contactó con Sofía Bumburova y su madre, Ana, quienes lo acompañaron a la oficina de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), donde detectaron la irregularidad en la documentación y lo detuvieron.

Por esta causa también está imputado el ciudadano ruso Alexei Slivaev, principal socio del escribano Fernández, ambos señalados como los creadores de la organización que fue detectada por autoridades de la DNIC en 2019 y que vendría actuando al menos desde 2013.

Fernández y Slivaev también enfrentan una denuncia por operación fraudulenta, realizada por una ciudadana rusa que dice haberles pagado en 2017 120.000 dólares para la compra de un campo en Lavalleja, pero nunca le entregaron la documentación con los títulos.

Además, fue imputado el excónsul uruguayo en Moscú Stefano Di Conza, a quien la Fiscalía le atribuye 14 delitos de fraude por ser quien firmaba la documentación que salía de la embajada con datos falsos.

Durante la audiencia de formalización, la defensa de Di Conza planteó que su trabajo era verificar la documentación que le llegaba desde el punto de vista formal -si los documentos tenían los sellos de los organismos públicos rusos que debían tener-, pero no tenía modo de corroborar la veracidad de los datos que estaban inscriptos en los documentos, por lo que firmaba luego de hacer ese chequeo.

La fiscal Fossati reconoció que no tenía evidencia de que el excónsul hubiera recibido dinero por los documentos adulterados que firmó: “Aun en el mejor de los casos, benefició a terceros por no tomarse la molestia de cumplir con su trabajo. Si no fuera por esa vinculación económica que le atribuyen los imputados, solamente él sabrá por qué realizó estos actos”, sostuvo la fiscal.