El Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac) articula con la Intendencia de Canelones (IC) y el Ministerio del Interior (MI) para la construcción de viviendas para policías. A través de un comunicado, informaron que hubo una reunión con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, con el objetivo de que la IC done “carteras de tierra con el único fin de construir viviendas”.

Señalaron que obtuvieron “una respuesta positiva” y que puso a disposición terrenos para tal fin, todo esto a solicitud nuestra para ayudar y llegar a concretar el Fondo de Viviendas existente” en el MI, “dinero que se les descuenta mes a mes a cada trabajador policial”.

Por otro lado, en el comunicado señalan que intentan “volcar a su vez la preocupación de que aún no se ha visto concretada ninguna solución habitacional hasta el momento y la necesidad imperiosa de muchos trabajadores para que esto se concrete”. Paralelamente a lo expresado anteriormente, “esta asociación va a llevar adelante la proliferación de cooperativas de viviendas en el departamento canario, todo esto enmarcado en la necesidad de los trabajadores y la disponibilidad de tierras que tenga la intendencia”, agregaron.

Por eso, consideraron que “es de vital importancia para nosotros, que el MI pueda ayudar o brindar asesoramiento interno o externo de cooperativismo por cada cooperativa formada, como forma de apoyo y solidaridad con los trabajadores más necesitados”. Finalmente, plantearon que han “sido excluidos sistemáticamente de la Comisión de Viviendas existente en el MI”, a la que “solicitamos el ingreso formal, ya sea como Sidepac o como Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales. En diálogo con la diaria, Rudeber Buela, dirigente de Sidepac, destacó la importancia de “las gestiones por tierras con la IC para la construcción de viviendas para policías”. “Son viviendas policiales que se plantean hacer con el ahorro del descuento mensual, que hoy en día suman unos 14 millones de dólares”, afirmó.

Por eso, se plantearon “una serie de negociaciones”. En principio, con la IC. Destacaron que Orsi “expresó tener voluntad y capacidad de poder brindar tierras para fines de cooperativismo y construcción de viviendas” y que “la idea que se nos planteó desde la IC fue en realidad el nexo desde la intendencia con el MI”.

Indicó que, “finalmente, el viernes pasado, después de una comunicación que se planteó a comienzos de año, se pudo concretar” con el MI y, en ese marco, entregaron “un documento que fue recibido por uno de los asesores” del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

“Se iniciaron estas tratativas para poder sentar a charlar a las partes y comenzar a ejecutar ese fondo que nos preocupa mucho dada la emergencia habitacional en la que viven muchos compañeros que están desbordados con alquileres, viviendo en lugares no apropiados para las necesidades de las familias, en barrios de contexto crítico donde ellos mismos trabajan y eso ha provocado situaciones de violencia, con ataque a policías, rapiñas para el robo de las armas y situaciones de discriminación y persecución”, explicó Buela.

Ante esta situación, “realizamos una serie de reuniones al recibir una respuesta positiva del MI, en la que acepta sentarse a hablar con la IC”, contó y agregó que actualmente están “ejecutando la última etapa para concretar la reunión y generar un acercamiento para poner sobre la mesa la cartera de tierras que hay y los fondos”.

Según señaló, “la vivienda es una de las mayores preocupaciones de los trabajadores”. Y agregó que “en la reunión nos enteramos de que al día de hoy han caído todas las licitaciones que el MI ha realizado para la construcción de viviendas”. “Nos preocupa porque el tiempo pasa y es realmente importante poder ejecutar ese dinero lo antes posible para empezar a dar soluciones. También se nos planteó que había dificultades con una cartera de tierras ya existentes en el MI para construir, porque carecía de habilitaciones y autorizaciones que justamente entraron dentro de esta posibilidad de charlar con la propia IC para allanar los caminos y resolver esto de las habilitaciones, para poder hacer uso de esos insumos con los que ya se cuentan”.

Para terminar, resaltó: “Nos fuimos bien porque se nos tomó en cuenta, porque se consideró nuestra solicitud, pero también con la preocupación de que se han caído las licitaciones por la falta de habilitaciones de estos terrenos que ya se tienen”. Explicó que según lo que les plantearon desde el MI, “cayeron las licitaciones por los altos costos que pedían las empresas para poder construir”. Y finalizó subrayando que el acuerdo con la IC puede ser clave en este sentido porque “se reduce mucho los costos y se cuenta con la garantías de que son terrenos habitables”.