El 30 de abril de 2020, en la noche, Juan Eduardo Pereyra, que estaba preso en el módulo 11 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar), mató a sus dos compañeros de celda. Hasta entonces, el hombre estaba solo en su celda, y ese día habían trasladado a las dos personas que resultaron asesinadas, Rodrigo Martínez y Mario Núñez, a esa celda. Los asfixió a ambos y argumentó que fue porque quería que le dieran psicofármacos. Tras el hecho, continuó amenazando con matar a cualquier persona privada de libertad que estuviera en su celda hasta conseguir su objetivo, por lo que fue aislado.

En su declaración, planteó que necesitaba esta medicación para poder convivir consigo mismo y con otras personas. Y volvió a argumentar que mató a sus compañeros de celda para llamar la atención y conseguir los psicofármacos.

En 2017 ya había atacado a dos compañeros de celda, a los que apuñaló mientras dormían, y dio la misma explicación: lo hizo para llamar la atención y recibir medicación. Por este hecho, fue condenado a seis años de prisión por dos delitos de homicidio en grado de tentativa, ya que las víctimas de su ataque no fallecieron. Esta condena es la que estaba pagando cuando mató a sus dos compañeros de celda en 2020.

El caso fue investigado por Juan Gómez, actual fiscal de Corte que antes era fiscal de Homicidios. El juicio oral fue llevado adelante por el fiscal Carlos Negro, al frente de la Fiscalía de Homicidios de 1er turno.

Tres años después fue condenado por este doble homicidio, según informó El País. En la acusación de la Fiscalía, a la que accedió la diaria, se planteó que en el control matutino del 1º de mayo de 2020, cuando el policía ingresó a la celda 9 de uno de los sectores del segundo piso para hacer el conteo, vio que las dos personas privadas de libertad que habían sido asesinadas no se movían. Le pidió a Pereyra que los despertara, quien le contestó que no se iban a mover porque los había matado.

María Fernanda Porteiro, perito psiquiatra del Instituto Técnico Forense que analizó al imputado, dijo que el hombre relató “haber planificado el homicidio de sus compañeros de celda para lograr el acceso a su tratamiento psiquiátrico, que le fuera reiteradamente negado”. La médica informó que Pereyra, actualmente de 37 años, tiene un nivel intelectual “normal” y una “personalidad antisocial”. Cuando fue evaluado no presentaba síntomas psiquiátricos que le impidieran comprender sus actos y las consecuencias, por lo que era imputable. La perito indicó que tampoco tenía síntomas psiquiátricos que requirieran una internación de este tipo cuando cometió el doble homicidio.

Para la Fiscalía, el motivo que expresó el imputado para matar a estas dos personas, que fue lograr el acceso a su medicación, es de escasa importancia y refleja “una ausencia de motivo”. Con base en una sentencia previa de la Suprema Corte de Justicia que fue citada, se señala que el doble homicidio fue “cometido por un motivo no proporcionado con el delito, que por lo exiguo y mezquino no explica la acción criminal” y “denota una insensibilidad moral” del agresor, que tuvo “una reacción que fue absolutamente desproporcionada”.

Se consideró, además, que el agresor reincidió en lo que refiere a atentar contra la vida de compañeros de celda, como hizo en 2017, sin lograr matarlos en ese caso por razones ajenas a su voluntad.

Pereyra fue condenado por dos delitos de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real a la pena de 30 años de prisión. El fiscal pidió, además, que se agregaran cinco años de medidas de seguridad eliminativas, que se pueden aplicar “a los delincuentes habituales, a los violadores u homicidas que por la excepcional gravedad del hecho, derivada de la naturaleza de los móviles, de la forma de ejecución, de los antecedentes y demás circunstancias afines, denuncien una gran peligrosidad”.

En este sentido, señaló que “estamos ante el caso de un homicida que atento contra el bien jurídico vida en dos oportunidades y contra dos víctimas en cada una de ellas, logrando su cometido en este segundo caso y alegando un móvil fútil”.

De estos 35 años que Pereyra debe pasar privado de libertad, se descuentan los tres años que estuvo en prisión preventiva, por lo que le restan 32 años en la cárcel.