Especialista opinó que en Uruguay la Suprema Corte de Justicia tiene “demasiado peso en el nombramiento de jueces”

A la sombra de lo ocurrido durante la última dictadura militar uruguaya, asoma, a veces más y a veces menos, el debate sobre la necesidad de crear un ministerio de Justicia. Uruguay es uno de los únicos países de la región –junto con República Dominicana– en el que no existe esta cartera ministerial. De paso por Montevideo para un conversatorio de la fundación Siembra para fortalecer la convivencia democrática, el especialista en reformas judiciales y sistemas penales chileno, Jaime Arellano, exdirector del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y antes viceministro de Justicia de su país durante la presidencia de Ricardo Lagos, dijo a la diaria que mezclar seguridad y justicia “provoca una esquizofrenia bien complicada”.

“Son cosas muy distintas. Un ministerio de Interior encargado de seguridad tiene entre sus prioridades la seguridad pública, y el de Justicia debiera estar preocupado porque el Poder Judicial funcione de manera independiente y que además se estén cautelando los derechos humanos. Y no digo que la seguridad pública vaya contra ese derecho, pero está el peligro y es saludable que estén separadas ambas funciones”, señala Arellano. Durante su paso por la función pública, no sólo impulsó la implementación del sistema acusatorio para los procesos judiciales, sino que observó las tensiones que conllevaban ambos elementos: justicia y seguridad. “No era raro que confrontáramos con Interior”, señaló, “en general, ellos impulsan proyectos de mano dura y piden recursos para la Policía, pero no hablan de los recursos y el trabajo que implicarán para los funcionarios judiciales y el ministerio público”.

Tras haber participado como consultor y veedor en variados procesos de reforma judicial en la región, aportó su visión para asistir en materia de análisis comparativo de la situación judicial en Latinoamérica y en Uruguay.

“Acá hubo transformaciones importantes y otras que deben encararse. Y hay fuerzas de contrarreforma, como pasó en Chile, Argentina, Colombia o donde uno vaya. Al igual que en mi país, aquí está pendiente la reforma de la justicia civil, porque hay fuerzas muy conservadoras en esa área y en la mercantil”, expresó. A su vez, Arellano fue parte de los asesores en materia judicial del último proceso fallido constituyente en Chile, en el que se preocupó por advertir de la injerencia del Poder Ejecutivo en la justicia: “Es clave la independencia externa del Poder Judicial, pero también la interna”.

¿Cómo sería?

Es lo que ocurre con la Corte Suprema, que es el órgano máximo jurisdiccional, pero también cumple el rol de gobierno de la Justicia, y es un problema, porque genera un conflicto en el orden de la independencia interna. La externa es respecto del poder político, pero también ocurre a la interna, en la que cada juez o jueza no debería sentir presión de los superiores jurisdiccionales más allá de la vía de la revisión de fallos. Aquí y en Chile la Corte Suprema tiene demasiado peso en el nombramiento de jueces de primera instancia y queda una pirámide a la antigua usanza feudal. Y también tienen facultades disciplinarias. Y al final, la carrera de un juez de primer grado está muy mediatizada por lo que piensen los magistrados superiores. Es un proceso que ya se conoce en Chile como el besamanos. Esa crítica se da también aquí, donde hay una corte chica de cinco magistrados que nombra a todos los jueces de primer grado: es algo insólito en Latinoamérica.

¿Cuál debería ser el número de miembros de la Corte?

No sé si deben ser cinco o no, no es un tema de números, pero seguro que no deben nombrar a todos los jueces de primera instancia. Me inclino más por un mecanismo que integre distintas influencias razonables y técnicas. El procedimiento de nombramiento de los jueces en Uruguay no es claro. Ese es el primer problema. Esos procesos de entrada debieran ser transparentes. De inmediato se debilita la legitimidad del sistema de Justicia. Eso, concentrado en cinco personas, aunque sean brillantes juristas, es demasiado. Y cuando esa corte suprema cumple demasiado el rol de gestores y gobernanza judicial, distrae de su rol jurisdiccional.

¿Quién debería nombrar a esos jueces?

Hay muchas recetas, pero yo soy partidario de un órgano integrado por varias áreas, no sólo por funcionarios judiciales. Si no, se crea la casta y se arma una familia judicial. Debería haber miembros de distintos estratos del Poder Judicial, de cortes de apelaciones, de primer grado, de asociaciones de jueces...

¿Sindicatos?

No, porque los empleados judiciales no tienen nada que ver con la determinación de jueces. Sí incorporar a asociaciones de magistrados o a colegios de abogados y profesionales, aunque aquí, al igual que en Chile, no es obligatoria la colegiatura. También sumar a los académicos de facultades de Derecho. Y para ser realista, uno debiera pensar en cómo integrar al poder político a este esquema. Lo más transparente es que haya representantes del Ejecutivo y el Parlamento, pero no senadores y diputados, sino alguien designado para ejercer un rol técnico, que no sea un parlamentario. Eso obliga a que no sea de un partido u otro, sino alguien de consenso y que dé confianza a todos los sectores políticos.

¿Cómo se integra el Ejecutivo?

Debería ser con un representante, pero se abre otro debate...

Si se tiene un ministerio de Justicia o no...

Sí, y es extraño, porque junto con República Dominicana, Uruguay es el único país de la región que no tiene ministerio de Justicia. Yo fui viceministro y te hablo desde ese lado, pero cuesta entender que no lo haya, aun entendiendo el ministerio de Justicia asociado a la dictadura y la intervención del Poder Judicial. En Chile, por caso, [Augusto] Pinochet no precisó intervenirlo, hizo tratos directos. Pero el ministerio es clave para articular un vínculo transparente entre el Ejecutivo y el Poder Judicial y, a la vez, trabajar el establecimiento de políticas públicas en materia de justicia.

No siempre funciona esa transparencia en el vínculo... hay tensiones.

Sí, y las va a haber siempre entre los tres poderes del estado. Ahora, el tema es la deferencia con que un poder actúa respecto de otro. Pero se conversa con un interlocutor que eventualmente no es un presidente, sino un ministro que tiene relación. Eso es mucho más saludable, porque es un interlocutor conocedor de los temas del sistema judicial y en la mayoría de los casos será su socio en pensar políticas públicas en materia de justicia. Que podrá ser su contraparte técnica en debates sobre códigos procesales, pero incluso puede ser socio en materia de pedidos presupuestarios.

Hablando del vínculo entre el Ejecutivo y Justicia, en los últimos años se ha hablado mucho de lawfare y judicialización de la política en la región...

Son monedas iguales, pero con diferentes caras. En Chile ha pasado, por ejemplo, que el Poder Judicial ha entrado en materia de políticas públicas, como en el caso de fallos ambientales, por falta de legislación adecuada en esos temas. Son deudas del Ejecutivo y el Legislativo, también en temas de salud a veces. De a ratos el Poder Judicial se excede en sus funciones y pasa del resguardo de garantías constitucionales a un diseño de políticas públicas sin financiamiento. Es muy jodido como Ejecutivo, lo sé, porque tienes un Poder Judicial que te dice que debe haber una cautela del medio ambiente, que debe ser de tal manera y con frases equis en un fallo, y eso puede significar millones de dólares en regulación pública y en costos para el sistema privado. Y eso es un debate histórico sobre si las decisiones de justicia federal pueden impactar en materia de gobernanza nacional sin pensar en el financiamiento. Otro lado de la moneda: los gobiernos en Latinoamérica, tanto de derecha como de izquierda, han estado tratando de cooptar al Poder Judicial. Y se va perdiendo confianza cuando el ministerio público persigue al presidente saliente, aun cuando tuviera razones, porque empiezan a acelerarse procesos y es un poder menos exigente en otros casos. Estamos viendo que eso pasa, lamentablemente, y es generalizado. O también ocurre que el Poder Judicial tiene agenda propia y que negocia con el gobierno que llega al poder.

¿Cómo se combate eso?

En primer lugar, distinguiendo la función jurisdiccional de la administrativa. Sacando a las cortes supremas del gobierno judicial. Porque donde está lo administrativo está la tentación de poder. Y los abogados no fuimos formados para eso. Se distrae un recurso carísimo como los juristas de la Corte Suprema. Segundo, crear administración judicial profesional. Tercero, porque el poder siempre busca ocupar los espacios de poder, diseñar las organizaciones para que puedan manejar esos espacios de poder, que no se produzcan por la vía fáctica. La ambición natural del poder político en la gobernanza judicial debe estar establecida y limitada por intereses del mundo judicial, visiones del mundo académico, de la contrarrepresentación parlamentaria. Y, finalmente, una participación ciudadana en la observación de los procesos de nombramiento de las altas autoridades de justicia, magistrados de Corte Suprema y de fiscales o procuradores generales.

¿Con qué tipo de organismo?

Con organizaciones de la sociedad civil que estén especializadas en sistemas de justicia, y harían bien en participar en los procesos iniciales de selección, brindando tachaduras y proveyendo de información a los órganos decisores.

Hay debates que han emergido, por ejemplo, la idea de elegir a los jueces por el voto popular, como otros cargos...

Yo tengo una pésima opinión de eso. Porque la definición de un juez es que tiene que ser una fuerza contramayoritaria. Tiene que resolver conforme al derecho. Por ejemplo, imagina que un juez sea católico conservador, siendo que la ley uruguaya dice que se puede practicar el aborto bajo determinadas circunstancias, y él diga que no lo permite. No puede. Un juez tiene que ser capaz de fallar en contra de la opinión mayoritaria si la ley dice lo contrario. No entregarse al llamado del populacho. Tienen que ser capaces de decir “ok, entiendo, todo Uruguay está por esta cosa, pero la ley dice otra”.

¿Cree que si son electivos van a dejarse llevar por la opinión popular?

Sin duda. La máxima del poder político es que tiene que aumentar la probabilidad de ser reelecto. Es lógico, si no, no entienden de política.

¿Y si el cargo fuera electivo pero revocatorio?

Peor. Actúan para que no los echen.

¿Y si es electivo, pero sólo por un período y sin reelección?

Eso es lo único que tal vez lo salva. Pero yo creo que los jueces deben ser más bien inamovibles, que es la forma de garantizar la independencia. Deben estar en sus cargos para siempre, mientras cumplan con las disposiciones de la constitución y las leyes, y con un proceso de remoción si no cumplen con eso.

Hay países, como Argentina, donde hay un debate profundo respecto de los regímenes especiales de tributación o diferentes beneficios del Poder Judicial... funcionan como una casta intocable.

Sí, lo sé, y me ha sorprendido muchísimo. Yo creo que un juez debería ser como cualquier ciudadano, excepto en la inamovilidad del cargo si tiene una buena conducta.

¿Cómo es la percepción ciudadana de la justicia en Chile?

Pésima. Primero está el descrédito de los políticos, luego del Congreso y un poco más arriba la Justicia, que había mejorado con la implementación del sistema acusatorio, pero se ha ido deteriorando paulatinamente. Por temas de seguridad pública, no por corrupción en el sistema judicial. Sobre todo hay una percepción de que se castiga diferente según el estrato social. Que los pobres van presos y los ricos pagan.

¿Es así?

Es un problema de código penal anticuado. Y tienes una falta de armonía de sanciones penales de los delitos económicos vis a vis contra los delitos físicos. Ese es el problema. Soy partidario de revisar el código penal y que los delitos económicos se basen dentro del código penal y que haya armonía, que uno lo vea todo. Hoy las empresas sancionadas quedan siempre como que pagan multas y ya. Quizás hay que revisar ese tipo de cosas y ver que otros delitos también sean tratados de la misma forma. Eso nos lleva a pensar otro problema actual, que es la inflación carcelaria. No me refiero a la sobrepoblación, que también hay, sino al abuso del recurso de la cárcel como sanción para un montón de delitos. Y volviendo a la necesidad de un ministerio de Justicia, debería ser capaz de garantizar que todo proyecto de ley que tenga impacto sobre el sistema penitenciario tenga un informe presupuestario y que diga cómo se va a financiar eso. Porque cuando hay problemas de seguridad pública lo más sencillo es hacer leyes llamadas duras, aumentan penas, mano dura, y todo eso aumenta días de prisión y tiene impacto económico, y ninguno lleva presupuesto.

Los sectores que piden mano dura no suelen preocuparse por la reinserción...

La reinserción debería ser la meta, pero es el área pobre del sistema penal. No hay dinero ni se invierte, no se segmenta por delitos ni gravedades, no se trabaja. En casi ningún sitio.

¿En algún lado funciona mejor?

En Inglaterra están avanzando bien, trabajando con organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de garantizar desde un año antes que tengan salidas laborales, para que tengan sitio donde vivir, que estén formados para trabajar y que no los rechacen por sus antecedentes. Es la única manera de aumentar la probabilidad de reinserción social y disminuir la reincidencia.