Camiones cargados de soja y trigo; silos, contenedores, precintos y embarques portuarios; tareas de seguimiento y vigilancia por las rutas del litoral del país. Algunas derivaciones de dos de las causas judiciales más relevantes de los últimos años, los llamados “caso Mutio” y “caso Astesiano”, tienen en común esos elementos y paisajes. Y también empiezan a conectarse por nombres y apellidos que se repiten en diferentes carpetas que se siguen investigando en la Fiscalía.
Uno de ellos es Alex Fares, un empresario de Colonia que aportó “pruebas concluyentes” ante la fiscal Mónica Ferrero para la condena a 15 años de cárcel contra el narcotraficante Martín Mutio. Fares también aparece como pieza clave en un llamativo operativo de seguimiento y vigilancia que montó Alejandro Astesiano y otros integrantes de la seguridad presidencial en setiembre de 2022, a pedido de un empresario argentino, dueño de la estancia Nueva Melhem.
El caso Mutio y el lavado de activos
El nombre de Fares está mencionado ocho veces en la sentencia del Tribunal de Apelaciones de 2° turno que se conoció el 22 de junio y que revocó el fallo de primera instancia que había absuelto a Mutio por el envío de 4,5 toneladas de cocaína a Hamburgo.
Los ministros de Apelaciones tomaron por buenos los argumentos de la fiscal Ferrero y condenaron al narcotraficante uruguayo a 15 años de penitenciaría por los delitos de lavado de activos y exportación de estupefacientes.
La investigación de Ferrero permitió determinar que Mutio compraba cheques en efectivo y los ingresaba a cuentas bancarias para “legalizar esas sumas”, sin acreditar el origen legal del dinero que usaba en esas transacciones.
En ese esquema aparecen las empresas Rivabella, propiedad de Fares, y Cabzen SA, la exportadora de granos que utilizaba Mutio para sus embarques de contenedores. Ante la fiscal Ferrero, Fares tuvo que dar explicaciones por cinco facturas que su empresa libró a nombre de Cabzen en 2019. Tres de esas facturas, según el testimonio de Fares, corresponden a negocios reales: una compra de dos padrones en La Capuera (Maldonado) por 201.342 dólares y otras dos transacciones, por 33.200 y 180.000 dólares.
Las dos facturas restantes (que en la carpeta aparecen con los números 330 y 331) ya fueron más difíciles de explicar. “No son ventas de verdad. Mutio me pidió que las hiciera. Me llamó por teléfono [Whatsapp] y me dijo que tenía que ir al banco con esas dos facturas para abrir una exportación, algo de eso me dijo. Después me las iba a devolver para que yo anulara las facturas”, reconoció Fares ante la fiscal Ferrero.
El empresario de Colonia relató que Mutio le pidió que “ponga una fecha de antes” y hasta le indicó “la cantidad de toneladas que tenía que poner”. “Y en el recibo no puse nada donde dice el número de cheque, porque nada era de verdad”, declaró.
Estas declaraciones de Fares fueron una “prueba concluyente” para la configuración de los delitos de lavado de activos que terminaron cayendo sobre Mutio. A partir de ese testimonio, la sentencia de Apelaciones termina concluyendo: “No hay duda alguna que la actividad de Mutio se desenvolvía permanentemente con negocios irregulares y que la finalidad era darle apariencia de legalidad al dinero en efectivo que utilizaba, lo que es un indicio inequívoco de lavado”.
Los pedidos de Claudio Andreoli
Los hechos que empieza a investigar el equipo de la fiscal Sabrina Flores, que está a cargo del caso Astesiano desde marzo, ocurrieron entre el 3 y el 4 de setiembre de 2022. En esos episodios participan dos actores protagónicos, el entonces jefe de la seguridad presidencial y el empresario sojero argentino Claudio Andreoli (ver recuadro), y un personaje secundario principal, el ya mencionado Alex Fares.
Los detalles surgen de un extenso chat entre Andreoli y Astesiano, que está incluido en la carpeta investigativa con el número 65. El intercambio abarca 104 páginas y contiene unos 90 archivos adjuntos, entre fotos, capturas de pantalla y audios que se enviaron por Whatsapp.
De acuerdo a lo que surge de estos archivos, Andreoli contrató los “servicios” de Astesiano y otros integrantes de la custodia presidencial para intervenir los teléfonos de Fares y de al menos otras seis personas (transportistas y encargados de silo).
El dueño de la estancia Nueva Melhem quería saber si algún camión “furtivo” participaba sin autorización en las descargas de trigo y soja que se concretaban en sus establecimientos, y sus principales sospechas apuntaban a la participación de Fares.
Andreoli compartió con Astesiano el contacto telefónico de Fares y una tarjeta de contacto con los datos de Prexpol, la empresa con la que su antiguo cliente concretó compras de maíz en uno de los silos de su propiedad. “Este es el supuesto que compra la soja, el trigo y manda los camiones. Nos ha comprado maíz a retirar. Tiene un feedlot en Nueva Helvecia, cerca de Colonia. Compra cereales, según pude averiguar. Debe tener otras roscas porque tiene oficina en Montevideo. Si es él lo que no debe hacer”, explicó el empresario argentino al entonces jefe de la seguridad presidencial.
Astesiano, según surge del análisis de los chats, mantenía conversaciones en simultáneo con otros integrantes de la custodia presidencial. Uno de ellos le reportó que estaba en contacto con funcionarios de la Jefatura de Policía de Río Negro. “Tengo 9 personas en la vuelta. Hoy y mañana con los equipos. Y acá trabajando con los celulares”, le informó Astesiano a Andreoli, ya cerca de la medianoche del 4 de setiembre.
En un momento de la conversación, el jefe de la seguridad compartió la captura de una conversación de Whatsapp que le había llamado la atención, presuntamente de uno de los teléfonos intervenidos. “Mario, yo tiré bastante fruta. Si todo sale bien, hasta yo me acomodo”, decía el mensaje, al que Astesiano consideró “raro”.
“Eso salió hoy de ese número”, reportó Astesiano a su interlocutor. “¿Qué apellido es ese Mario?”, le preguntó Andreoli. En otro pasaje del diálogo, hablaron sobre los datos que supuestamente arrojaba otro de los teléfonos: “Este no tiene nada, más bueno que el pan. Nada de nada, ni habla”, le comentó el excustodio.
Finalmente concluyen, a instancias de Astesiano, que de los teléfonos intervenidos no surge nada “raro”. “Los teléfonos de los otros están todos registrados, ninguno arroja nada de nada”, manifestó Astesiano. Y terminó diciendo, a mitad de camino entre el diagnóstico profesional y el consuelo: “Creemos que están ante algún tipo de manija”.
En el chat 62 hay muchos mensajes borrados y figuran al menos diez llamadas entrantes y salientes que Astesiano y Andreoli entablaron, también por Whatsapp, mientras duraron los operativos en la estancia Nueva Melhem. En la cancha de Fiscalía quedan varias preguntas para responder vinculadas a los contenidos de esta singular conversación, entre ellas, cómo se contactaron originalmente Andreoli y Astesiano, quiénes son los supuestos funcionarios policiales que participaron en el despliegue y qué nivel de conocimiento tenían las autoridades del Ministerio del Interior sobre estos procedimientos. Y también quedan interrogantes abiertas en torno al mensaje que Astesiano le envió a Andreoli junto a un archivo en formato JPG: “Esta es la cuenta, es cuenta BROU”.
La familia Andreoli
“Una familia poderosa y de muy bajo perfil”, tituló La Nación el 20 de diciembre de 2008. Por esa fecha, los diarios argentinos publicaron sendos artículos sobre Claudio Andreoli y sus negocios familiares, debido al asesinato de Esteban, uno de sus hijos.
De acuerdo a la crónica de ese mismo medio, el ingeniero agrónomo de 28 años apareció asesinado en el establecimiento rural de su propiedad en el departamento de Canindeyú, al norte de Paraguay, en la frontera con Brasil. Ese día también fue asesinado el administrador paraguayo del campo, el ingeniero agrónomo Modesto Gamarra Giménez.
La crónica de La Nación destacaba que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner se comunicó telefónicamente para transmitirle sus condolencias a Claudio, padre de la víctima, y “amigo del ministro del Interior, Florencio Randazzo”.
La primera hipótesis que se manejó sobre el móvil del doble homicidio apuntaba a un intento de robo en la estancia. Una versión posterior, que publicó el diario Clarín, aseguraba que existía una “conexión narco” y que los investigadores apuntaban a “un enfrentamiento” con una “banda” que pretendía usar una pista de aterrizaje que había en la estancia. “La negativa de Andreoli de que por allí pasaran envíos de droga habría sido el motivo por el que lo mataron”, puede leerse en el artículo, todavía disponible en el sitio de Clarín.
Los artículos también reseñaron que Esteban Andreoli tenía a su cargo las 2.500 hectáreas que la familia tenía en Paraguay y también las 15.000 hectáreas en el litoral uruguayo. Uno de esos establecimientos es la estancia Nueva Melhem, que históricamente perteneció a la familia Romay-Salvo.
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