Este viernes, un niño de dos años fue asesinado junto a su padre en una boca de venta de drogas en Pinar Norte y otros dos niños fueron baleados. El mes pasado, un niño de ocho años, hijo de un líder narco, fue asesinado en Malvín Norte producto del enfrentamiento entre bandas criminales. Según un estudio del Departamento de Emergencia Pediátrica, cada 15 días la emergencia del Pereira Rossell atiende a un niño o adolescente herido de bala.
En este contexto, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual emitió un comunicado en el que planteó que “en Uruguay están masacrando niños, niñas y adolescentes ante la mirada inerte del gobierno actual”.
“Es un escándalo lo que está sucediendo y se viene incrementando sin un plan claro de cómo evitarlo”, expresaron, y agregaron que hay “niños y niñas asesinados, baleados, lastimados por la violencia necropolítica del narcotráfico. Adolescentes y jóvenes captados para el sicariato, la trata sexual, el narcomenudeo, viviendo verdaderos infiernos que muchas veces han culminado en desapariciones, femicidios, torturas, mutilaciones y asesinatos”.
Criticaron los dichos de la fiscal Sandra Fleitas, que se centraron en el rol de las madres de los niños atacados y en los deberes asociados al ejercicio de la patria potestad: “Rechazamos enfáticamente las declaraciones de la fiscal Sandra Fleitas que pretende responsabilizar a las madres de los niños atacados en Pinar Norte, en una actitud abiertamente misógina y patriarcal”.
“No dejamos de señalar que el narcotráfico y la explotación sexual se nutren de personas con poder político, con influencias (el caso del exsenador nacionalista Gustavo Penadés es una pequeña muestra de ello, entre otros), lo que exige un compromiso profundo, estratégico e implacable para enfrentar las redes de narcotráfico, trata y explotación sexual”, advirtieron.
Asimismo, “denunciamos la debilidad de las respuestas institucionales ante la pobreza estructural y la exclusión social que somete a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a las márgenes de la vida, a ser captados por redes de narcomenudeo, explotación sexual y sicariato”.
Por todo esto, “denunciamos la irresponsabilidad del gobierno actual y el incumplimiento de las obligaciones asumidas en los tratados regionales e internacionales firmados, al no proteger a los niños, niñas y adolescentes de los crímenes violentos, los asesinatos, la violación, la explotación sexual y la captación por grupos de delincuencia para servir a sus intereses”. Concluyeron sosteniendo que “el Estado está vergonzosamente ausente”.