La jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, Diovanet Olivera, otorgó prisión domiciliaria al empresario imputado por enviar cocaína en budines y alfajores con destino a Amberes, Bélgica, según informó El País y confirmó la diaria con fuentes judiciales. La medida abarca la colocación de tobillera y retiro de documento de viaje.

En el decreto, Olivera planteó que el imputado “no se encuentra actualmente en condiciones de cumplir la medida cautelar impuesta en reclusión” debido a varias afecciones de salud que fueron ratificadas por un dictamen del Instituto Técnico Forense.

Las fuentes informaron a la diaria que durante la audiencia, los abogados del estudio DDS, Eduardo Sassón e Ignacio Durán, presentaron un informe de una pericia privada en la que daba cuenta de las patologías y se presentó el dictamen del ITF que coincidió en que al tratarse de una persona con un trasplante renal, diabetes e inmunodepresores, no estaba en condiciones de cumplir con prisión preventiva.

Ante el dictamen del ITF, en la audiencia los representantes de la Fiscalía especializada en Estupefacientes de Primer Turno desistieron de apelar la decisión de Olivera.

El hombre se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la Unidad N° 1 de Punta de Rieles, donde recibía asistencia médica que no era suficiente para preservar su integridad física. En febrero, cuando fue formalizado el proceso en su contra, la defensa del empresario pidió la prisión domiciliaria, pero la jueza del caso -entonces María Helena Mainard- la rechazó, y dejó abierta la posibilidad de revisar la decisión siempre que se presentara una historia clínica auditada por el ITF, lo que se concretó este miércoles.

El cargamento de dos toneladas de cocaína fue incautado en el puerto de Amberes, camuflado en una importación de budines y alfajores, que realizó la empresa del imputado, que figuraba como una empresa dedicada a la comercialización de perfumes franceses a Paraguay.

Los alfajores habían sido comprados en Tienda Inglesa y enviados a Zonamerica y de allí al puerto de Montevideo, donde la droga no fue detectada, pese a que el contenedor fue escaneado. A pesar del cambio de rubro y que la empresa no tenía antecedentes de exportación, la carga no fue revisada manualmente.

Las empresas investigadas fueron beneficiadas con un cambio en la última Rendición de Cuentas, que flexibilizó los controles de lavados de activos a empresas de logística que operan en zona franca.