Welker Resende, ahora exdirector de Necrópolis de la Intendencia de Cerro Largo, fue condenado este viernes a 24 meses de prisión por un delito continuado de peculado tras robar dinero que correspondía al cementerio de Melo. Se estima que sustrajo 600.000 pesos.

Los dos años de prisión los cumplirá en un régimen mixto: dos meses en la cárcel, ocho de arresto domiciliario -cuatro de arresto total y otro cuatro de arresto nocturno- y 14 en libertad a prueba en los que deberá presentarse una vez por semana en la comisaría, hacer trabajo comunitario por ocho horas semanales durante tres meses y tiene prohibido salir del país sin autorización. También se le impuso como pena accesoria la inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años.

Resende, de 66 años, que fue cesado de su cargo el martes pasado, reconoció el delito cometido en el marco de una investigación administrativa que hizo la Dirección de Hacienda de la Intendencia de Cerro Largo. Se le pidió al ahora condenado que hiciera una rendición de cuentas porque era el único funcionario con autorización para gestionar los fondos de Necrópolis. El hombre devolvió parte del dinero y asumió que había un faltante que no pudo justificar.

Luego de la investigación administrativa, que comenzó en febrero, se confirmó la sustracción de dinero para uso personal y se derivó el caso a la órbita penal el 13 de marzo.

La Fiscalía de Cerro Largo de primer turno investigó el caso. El fiscal adscrito Óscar García asumió el caso y solicitó en este marco un allanamiento a la casa de Resende. En este procedimiento el hombre fue detenido y se le incautó su celular y varios documentos.

En rueda de prensa, Richard Melo, coordinador ejecutivo de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, explicó que “la maniobra consistía en que esta persona, al percibir dineros que debía remitir a las arcas de la intendencia, en realidad se quedaba con una parte del dinero para uso personal o no remitía la totalidad a la intendencia”.

El delito de peculado establece que el funcionario público que se apropie el dinero o de “cosas mueble” que estuvieran en su posesión por el cargo que ejerce, para beneficio propio o ajeno, será castigado con una pena de un año de prisión a seis de penitenciaría. Además, para este delito se prevé la inhabilitación especial de dos a seis años.