“Para combatir el narcotráfico y el lavado de activos hay que tener mejor información”. “El sistema es tan bueno como la información que recibe”. “Si el narcotráfico es el problema más grande, hay que poner los recursos y solucionarlo”. Las frases son de Margalit Murray, jefa de la Oficina de Seguridad Regional de la embajada de Estados Unidos en Uruguay. Llegó a Montevideo en julio de 2021 y tendrá esa responsabilidad por unos meses más, cuando complete los tres años. Su trabajo, según explicó, consiste en estrechar lazos de cooperación con el gobierno uruguayo en temas como narcotráfico, seguridad fronteriza y portuaria, control de contenedores, ciberdelincuencia y lucha contra el blanqueo de capitales.

Murray destacó que los organismos uruguayos que combaten el narcotráfico tienen una “motivación muy grande” y “conocen” el problema, pero la mayoría de la población todavía no dimensiona el avance que tuvo el crimen organizado en la última década. En su experiencia, también hay “vulnerabilidades” en temas como los controles fronterizos y los reportes de actividades sospechosas de lavado, en particular, en el sector no financiero. “Si no hay reportes de actividad sospechosa, la información no le va a llegar a la Policía o a la Fiscalía”, insistió.

¿La producción de cocaína en la región está en niveles récord?

Con base en el trabajo que realizamos con agencias federales del gobierno de Estados Unidos, como la DEA [el departamento antidrogas] o el Departamento de Seguridad Nacional [DHS, por sus siglas en inglés] , y el intercambio de información entre las embajadas de la región, sabemos que la producción de cocaína, especialmente entre 2022 y 2023, ha aumentado. También aumentó el número de hectáreas dedicadas a la producción de cocaína en Bolivia y Perú.

¿Esos son los principales países productores de la cocaína que ingresa a Uruguay?

Usualmente, el punto de origen es ese, la droga viene de Perú y Bolivia, pasa por Paraguay, Brasil y Argentina, transita por Uruguay, y el destino final es Europa. Uruguay tiene una posición de punto de tránsito. En cualquier tipo de actividad criminal sabemos que el problema entra al país, pero no sabemos qué sucede después. Es probable que parte del problema pueda quedarse en el país. Hay un problema con el tránsito de cocaína en Uruguay, pero también lo hay con el aumento de la venta de la droga en el país, en especial con la pasta base. Lo vemos en Montevideo y en departamentos del norte, como Rivera. Es un problema que existe.

¿Cómo está enfrentando Uruguay el problema del narcotráfico?

La respuesta puede tener varias partes. Desde la embajada vemos que existe una motivación muy grande en Uruguay para combatir y enfrentar el problema del narcotráfico. No tenemos el problema de tener que convencer de que hay un problema; ya pasamos por eso, hace mucho tiempo. La motivación existe, el problema es cómo coordinar, organizar y contar con los recursos para hacer el trabajo. No es un trabajo fácil ni sencillo, y Uruguay no puede hacerlo solo, porque es un problema regional e internacional. Toma tiempo coordinar y organizar el combate al narcotráfico. Pero la motivación existe, y ese es un punto clave para solucionar el problema.

¿Qué tipo de cooperación brinda la embajada de Estados Unidos?

Lo que estamos haciendo es ofrecer capacitación y buscar profundizar el intercambio de información, especialmente, en casos e investigaciones vinculadas a narcotráfico. Por ejemplo, la semana pasada, la DEA y el Ministerio del Interior firmaron un memorando de cooperación, que es una forma de poner en palabras el intercambio y la cooperación que ya existe entre la DEA y la Policía Nacional, en particular, con la Brigada Antidrogas. De hecho, Alfredo Rodríguez [director de la Brigada] viajó con [el ministro Nicolás] Martinelli a Washington, junto a la embajadora [Heide Fulton]. Esto surgió de conversaciones nuestras con la Policía Nacional y con la DEA, pensando en cómo fortalecer la cooperación en investigaciones, no solamente para casos de Uruguay, sino también de la región, con especial interés en los que involucran a Estados Unidos.

¿Qué objetivos tiene ese memorando que Uruguay firmó con la DEA?

Los principales ejes son el intercambio de información en casos criminales e investigaciones, y profundizar la cooperación durante operaciones en Uruguay y en la región.

¿Esto implica una posible reinstalación de oficinas de la DEA en Uruguay?

No, vamos a mantener la oficina abierta en Buenos Aires, con agentes que viajan todos los meses. Habitualmente, se quedan por una semana, a veces dos, para colaborar con la Brigada en sus investigaciones.

¿Cómo evalúan el trabajo con la División de Investigación (Divin) de la Prefectura Naval?

También es muy cercano, la DEA también maneja casos importantes con la Divin. Siempre la DEA va a poner sus recursos y su tiempo en las investigaciones más grandes, sobre todo cuando están conectadas con Estados Unidos. Tanto en casos de droga que vaya a hacia Estados Unidos o de dinero que esté yendo a nuestro sistema financiero.

¿Cómo evalúa el trabajo de la Brigada y la Divin? ¿Cuál diría que son sus fortalezas y debilidades?

En mi opinión, están trabajando muy fuerte, y desde mi oficina tenemos una excelente relación. Hay muchas ganas de ahondar en los casos de lavado de activos, para tener persecuciones más exitosas. Hay una voluntad muy importante, es un trabajo positivo.

¿Faltan recursos?

Eso falta en todo el mundo, en el Departamento de Estado también tratamos siempre de contar con más recursos. Creo que [también] es algo necesario acá. Si el narcotráfico es el problema más grande desde el punto de vista de la seguridad nacional, entonces hay que poner los recursos y solucionarlo. La Policía sólo puede hacer una parte, que no es pequeña, pero para solucionar el problema más grande hay que incluir a todas las agencias, como Aduanas, Migración, Fiscalía, Banco Central [del Uruguay, BCU]. La delincuencia organizada transnacional es muy difícil de combatir, como han experimentado países de todo el mundo.

¿Cómo entra la cocaína a Uruguay? ¿Cuáles son las principales vías de ingreso?

Por nuestro conocimiento, entra por avionetas, que ingresan usualmente desde Argentina; también en camionetas grandes y pequeñas. Cruzan por la frontera fluvial y por la frontera seca con Brasil.

¿Cuál es su opinión sobre la ley de derribos que se aprobó en 2020?

Oficialmente, el gobierno de Estados Unidos firmó un acuerdo internacional y no usamos este tipo de interdicción para avionetas. Más allá de que la avioneta esté o no involucrada en una actividad criminal, esa es la política de Estados Unidos.

Ya que la mayor parte de la droga ingresa al país por avioneta, ¿cuál sería la mejor herramienta?

Eso es difícil. Nosotros luchamos contra eso en nuestra frontera en el sur, con México. Hay métodos diferentes, es importante tener más puntos de inspección, más radares dentro del país, patrullas. También más recursos en el aire, como drones. Hay muchos métodos para fortalecer la seguridad en la frontera.

¿Uruguay tiene un problema con el control fronterizo?

En mi opinión, hay una necesidad de aumentar los recursos en la frontera para prevenir no solamente el tráfico de drogas, sino también el tráfico de armas, la trata de personas. También para controlar mejor cuánto sabemos sobre quién está en el país y quién no. Me alegró mucho que el Ministerio del Interior anunciara que va a tener un sistema nuevo de control biométrico, algo que va a implementar a fin de año. Eso significará una mejora muy grande.

La embajada de Estados Unidos jugó un rol activo en la licitación de los nuevos escáneres para el puerto de Montevideo. ¿Qué balance hace del proceso? ¿Cuándo quedarían operativos?

La instalación y la implementación de los escáneres va a ser pronto, creo que mayo es la fecha prevista. Estamos muy satisfechos con la compra y con lo que los escáneres van a poder hacer. Básicamente, la Aduana y otras autoridades que están en el puerto van a tener mucha mayor información sobre qué está ingresando y egresando de allí.

¿Qué porcentaje del total de contenedores va a poder controlar estos escáneres?

Es una pregunta para la Aduana. Hay que esperar, siempre hay predicciones, pero la realidad la veremos cuando los escáneres ya estén instalados. A veces, eso cambia con el movimiento y las operaciones. Creo que también es mejor hacer la pregunta uno o tres meses después de que ya queden instalados.

El gobierno anunció que tenía previsto llegar al 80% de los contenedores. ¿Es posible?

No tengo información para contestar esa pregunta.

¿Pero comparado con otros países? ¿Es viable controlar esa cantidad?

Yo puedo hablar por Estados Unidos. Si llegamos al 10% de los contenedores escaneados, es un buen porcentaje para nosotros.

Recién nombró a varios organismos que trabajan en el combate al narcotráfico: la Brigada de Narcóticos, la Divin, Aduanas, Fiscalía. Más allá del desempeño de cada uno, ¿qué impresión se lleva de la coordinación entre ellos?

Creo que es mejor en estos momentos. Nosotros trabajamos con la Unodc [Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito] sobre la creación de una unidad de seguridad en el puerto, con la representación de la Aduana, la Divin y la Policía Nacional. Creo que esa es la manera de tener más éxito en la lucha contra cualquier tipo de crimen, sobre todo contra el narcotráfico. Yo sé que en cada investigación especial la Fiscalía puede armar su grupo interdisciplinario, pero lo que nosotros hicimos en Estados Unidos fue crear estos grupos en forma permanente. Creo que es una estrategia y un método de trabajo importante para trabajar contra el crimen organizado transnacional.

¿Hay celos entre las agencias en Uruguay?

No lo noté, nunca he visto eso. Tal vez el problema sea lo que recién decía, la falta de recursos para hacer el trabajo. Siempre hay una necesidad de más fiscales con más tiempo para procesar e investigar casos criminales, en particular, los grandes casos. Siempre hay necesidad de más policías, siempre se necesita más capacitación. Pero no hay celos, hay mucha motivación para cooperar y trabajar juntos. Mi recomendación siempre es tener las relaciones en forma oficial, con memorandos de entendimiento, de cooperación, con las autorizaciones establecidas, para dar la oportunidad y la capacidad de intercambiar información de forma efectiva y rápida.

Una cosa que siempre se menciona cuando se habla sobre crimen organizado es la importancia de “seguir el dinero”. ¿Cómo diría que está Uruguay en esa materia?

En 2022 la Brigada creó la unidad de investigaciones patrimoniales; empezó con cuatro agentes y ahora creo que tiene 12. Está aumentando sus recursos y su capacidad para investigar estos casos. En los últimos tres años, desde la embajada brindamos capacitaciones muy enfocadas en la investigaciones contra el lavado de activos y el decomiso de bienes, que es la otra parte importante en este tipo de investigaciones. En 2023 y en enero de este, año enviamos oficiales uruguayos de alto rango a dos cursos sobre investigaciones financieras en el crimen organizado. Estamos ofreciendo capacitaciones, no solamente a los funcionarios, investigadores y fiscales que están trabajando en los casos, sino también a oficiales de alto rango que van a decidir sobre las políticas y los métodos que se aplican.

Más allá de estas cooperaciones, ¿qué imagen se lleva de lo que hace Uruguay en esta área?

Creo que hay trabajo por hacer; también en Estados Unidos tenemos trabajo por hacer. El lavado de activos no es un problema que la población conozca y entienda. Conocemos la palabra, pero no entendemos muy bien qué significa realmente. En 2023 Uruguay hizo su evaluación nacional de riesgos. Una cosa que me llamó la atención del informe es que se identificó una vulnerabilidad muy grande para Uruguay debido a la falta de reportes de actividades sospechosas. El sector inmobiliario y los bancos tienen la responsabilidad de informar cuando hay algo sospechoso; por ejemplo, si ingresa un millón de dólares en una cuenta bancaria en la que veníamos viendo depósitos por 20.000 dólares. Eso es algo sospechoso, debe ser reportado ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del BCU. Según el informe, en los últimos cinco años los reportes de actividad sospechosa, en especial, en el sector no financiero, han bajado mucho, mientras que en el sector financiero hubo un aumento muy moderado. Recién me preguntabas sobre las capacidades de la Policía o de los fiscales para investigar casos en Uruguay; pero ellos solamente pueden hacerlo cuando tienen información, por ejemplo, los reportes de actividad sospechosa. El sistema es tan bueno como la información que recibe. Si no hay reportes de actividad sospechosa y si el BCU no tiene la oportunidad de revisar estas actividades, entonces la información no le va a llegar a la Policía o a la Fiscalía para decidir si es o no un hecho criminal. Creo que es significativo.

¿Esto implica trabajar más con el sector privado, con las cámaras empresariales?

Sí, he tenido conversaciones con la Senaclaft [Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo] y creo que hay mucha motivación para tener un sistema de cumplimiento más agresivo y más fuerte, particularmente, en el sector no financiero. Si tuviera que dar una recomendación, diría eso: para combatir el narcotráfico y el lavado de activos hay que tener mejor información.

El hecho de que se haya cambiado cierta normativa en Uruguay, aumentando los topes máximos para pagos en efectivo, ¿es una complicación también?

Siempre, cuando hay opciones para hacer más cosas en efectivo, hay más posibilidades de esconder dinero, mezclar. Los negocios que usan mucho efectivo son atractivos para las organizaciones criminales.

¿Queda mucho por hacer en políticas antilavado?

No hay país en el mundo que no tenga cosas para hacer en el combate contra el narcotráfico y el lavado de activos. En Estados Unidos estimamos que el 2% del PIB [producto interno bruto] proviene de ganancias criminales que se lavan en nuestro sistema. No solamente de actividad criminal en Estados Unidos, sino también de actividades criminales en otros lugares del mundo, que utilizan nuestro sector financiero. Quizás no solamente los grupos criminales que operan en Uruguay están usando el sistema financiero uruguayo para lavar dinero, otras organizaciones de la región o del mundo también pueden estar viendo a Uruguay como un sistema muy estable, con leyes que protegen mucho la privacidad de la información en el sector financiero.

¿Tu impresión es que en Uruguay el porcentaje es mayor al 2%?

No lo sé. Tampoco conozco al detalle cómo llegamos a ese número en Estados Unidos, fue un número que publicó el Departamento de Justicia. Evidentemente, sería un punto de información importante para saber.

¿Nuestra percepción de riesgo es baja?

Creo que entre quienes se encargan de aplicar la ley y las políticas de seguridad hay un conocimiento de que se trata de un problema y que es necesario atacarlo. Pero, tal vez, sí haría un cambio en la población, en su mirada al problema del narcotráfico y el lavado de activos, simplemente por lo que ha pasado en los últimos siete, ocho, diez años en el país. 

¿Cómo evalúa la situación de nuestras fronteras?

En este momento hay un sistema que es antiguo y hay un plan para reemplazarlo por algo mucho más nuevo. En el control de pasaportes, en el movimiento de personas que cruzan la frontera, creo que hay vulnerabilidades. Recientemente, hemos firmado un acuerdo entre el DHS y el Ministerio del Interior uruguayo que permitirá a las autoridades aduaneras y portuarias de ambos países intercambiar información importante de los viajeros internacionales. El cambio a un sistema nuevo, que implica entrar al Programa Internacional de Intercambio de Información Biométrica (IBIS) del DHS, va a resolver muchas de esas vulnerabilidades.

Por otra parte, hay una necesidad de tener puntos de entrada con mayores recursos, más oficiales que puedan dedicar más tiempo a la revisión de documentos, con una mirada global al momento de analizar la información de los ingresos y egresos al país. Pongo un ejemplo: en Estados Unidos evaluamos cuánta gente ingresa por determinado puente entre enero y mayo, y determinamos cuántos recursos se necesitan. Y si vemos que en otro punto hay menos ingresos y egresos, los oficiales de ese lugar pueden ser trasladados hacia otro punto. Hay un manejo de recursos basado en la información que tenemos sobre ingresos/egresos, y sobre dónde están los puntos más riesgosos, por ejemplo, para la trata de personas, el ingreso de droga. Se necesita esa información para decidir dónde poner los recursos.

Con el caso Astesiano supimos que decenas de rusos tenían documentación uruguaya. ¿Para qué la querían?

No puedo contestar esa pregunta.

¿Cuál es la situación con la posible llegada del fentanilo a Uruguay?

En este momento creo que Uruguay está tomando el problema con mucha seriedad. El fentanilo todavía no llegó a Uruguay, hay registrado sólo un incidente de hace seis o siete años en Maldonado. Pero hasta ahora no hemos visto ni tenemos información de que el fentanilo haya llegado al país. Pero sí está en Brasil, Argentina y otros países de la región. Por nuestra experiencia en Estados Unidos, queremos que Uruguay evite la llegada del fentanilo. Pero si eso no es posible, hay que estar listos para responder. Es una droga que no sólo tiene el peligro de la sobredosis, por su potencia, sino que también hay un peligro de dañar a oficiales de policía y médicos, al momento de responder a un incidente. En esta fase estamos dando información a la Policía y al sistema de salud sobre cuáles son los métodos de reacción a un incidente o una incautación de fentanilo. Con respecto a cómo detectar la droga, creo que Uruguay también está preparado. El tema no es si llega a Uruguay, sino cuándo.

¿Va a llegar?

Sí, creo que... Porque el fentanilo es una droga que aparece mezclada con medicamentos legales, que se consiguen con una prescripción médica, drogas que se usan para aliviar el dolor. Se mezcla la droga para darle más potencia a la dosis. Y, obviamente, las organizaciones criminales no están mezclando con estándares científicos, están haciendo todo en laboratorios ilegales y por eso la posibilidad de sobredosis es mayor. Y causa adicción muy rápidamente, más que otras drogas. Creo que Uruguay tiene el ojo puesto en el problema. De nuestra parte, hacemos lo que podemos para advertir y preparar a Uruguay, mirando el problema que sufrimos nosotros en la actualidad.