El Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior presentó un documento complementario al Diagnóstico de la Criminalidad y la Violencia en Uruguay, en el que focaliza en los factores que facilitan el crimen y la violencia, la respuesta desde el sistema penal y la percepción ciudadana sobre la inseguridad.

El informe sostiene que Uruguay es uno de los países de América Latina y el Caribe con mayor cantidad de armas de fuego por habitante, con 617.327 armas registradas en 2024, lo que implica 1 arma cada 5.7 habitantes. El informe sostiene que, si bien se trata de un fenómeno “históricamente arraigado”, ha tenido mayor letalidad en las últimas décadas. Entre 2011 y 2024, la tasa de homicidios creció un 87%, mientras que los homicidios cometidos con armas de fuego tuvieron un crecimiento similar.

Otro punto señalado por el informe es el incremento de delitos relacionados con armas, como ser la tenencia ilegal, el tráfico de armas o incidentes de disparos de armas de fuego, que crecieron un 300% entre 2013 y 2024, con un desplazamiento hacia el interior del país.

Entre 2022 y 2024, Durazno fue el departamento con mayor promedio de delitos con armas de fuego con 109,7 cada 100.000 habitantes, seguido por Rivera, con 71,8, y Lavalleja, 66,9. El promedio nacional fue de 46.2 cada 100.000 habitantes. El departamento con tasa más baja fue Soriano con 15,1. Montevideo tiene 56 casos, Canelones 39,5 y San José 64,7.

En cuanto al uso de drogas, el informe plantea que la droga más consumida es el alcohol, con un 88,9 % en 2024, y su uso problemático alcanza al 8,1 % de la población. El estudio plantea que en 2018 había entre 8.400 y 9.900 personas en Montevideo y su área metropolitana con un consumo problemático de pasta base, pero advierte que no hay datos actualizados sobre este punto.

El informe sostiene que “tanto la proliferación de armas de fuego como el consumo de drogas adquiere riesgos diferenciales en contextos de exclusión y criminalidad” y llama a un abordaje integral que combine “control, prevención y reducción de daños, evitando soluciones simplistas o meramente represivas”.

Otro elemento analizado por el AECA fue la capacidad del Estado para responder al delito y la violencia, el funcionamiento del sistema de justicia penal y el uso letal de la fuerza policial. El informe plantea que existió un incremento del gasto en seguridad, que entre 2013 y 2024 creció un 21% en términos reales, aunque plantea también que en relación al gasto total percibió una disminución pasando del 5,6 al 5%.

Además, señala que en el sistema penitenciario, donde se registró un aumento del 64% en la población carcelaria en la última década, el gasto por persona privada de libertad disminuyó en un 27%. En cuanto al funcionamiento del sistema de Justicia, el informe menciona las tasas de esclarecimiento de los homicidios, advirtiendo cierta estabilidad entre 2013 y 2024, con tasas de entre 55 y 67%. Sobre ese punto, advierte “fuertes contrastes territoriales”, señalando que mientras en Canelones la tasa de esclarecimiento supera el 80%, en Montevideo alcanza el 47,6%. El informe atribuye la diferencia a “la complejidad de los homicidios asociados al crimen organizado, generalmente sin testigos ni evidencia suficiente”.

En cuanto a la confianza en la Policía, el informe destaca el lugar que ocupa Uruguay en la región, siendo el país con mayor confianza, con un 62.7%, seguido por Chile con 59.7% y Brasil con 47.3%. Lo mismo ocurre con la confianza en el Poder Judicial, donde Uruguay alcanza el 50.6%, seguido por Brasil con 36.5% y Venezuela con 24.2%.

Respecto a la percepción de inseguridad, el informe plantea que la delincuencia es la principal preocupación de los uruguayos desde 2009, con un descenso durante la pandemia, y resalta que Uruguay históricamente está por encima del promedio de América del Sur en este indicador. Entre 2013 y 2016 la proporción de personas que identificaba la delincuencia o la seguridad pública como el principal problema del país fue de entre el 33,6 % y el 38,6 %. En 2018 aumentó al 43,7 %, y se redujo considerablemente en 2020 llegando al 19.9% y al 23% en 2023.