Conexión Ganadera: Justicia confirmó cierre de fronteras para Carrasco, Iewdiukow y Cabral por 180 días

La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, confirmó como medida cautelar el cierre de fronteras por 180 días para Pablo Carrasco, su esposa, Ana Iewdiukow, y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, responsables de Conexión Ganadera.

Al inicio de la audiencia, el fiscal Rodríguez explicó que la causa recién está en una etapa de recepción de denuncias y sistematización de la información, con 52 denuncias hasta el viernes. “Es una cifra variable porque todos los días se van sumando nuevas denuncias [...] en algunas de las denuncias hay 100 damnificados”, dijo para explicar por qué no llegó a la audiencia con la lista de todas las víctimas del caso.

Durante la audiencia, los abogados de los investigados no se opusieron a la medida, por lo que la jueza aceptó lo pedido por el fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez.

El abogado Jorge Barrera, que representa a Iewdiukow y Carrasco, aceptó la medida pedida por la fiscalía por entender que, dada la situación en la que está la causa, que recién está comenzando, las medidas se enmarcan en los artículos 221 y 222 del Código del Proceso Penal, que establecen la posibilidad de disponer medidas limitativas de la libertad para asegurar la comparecencia de los investigados antes de que sean imputados por la Justicia.

“Entendemos justo el plazo de 180 días”, señaló Barrera, al considerar “las múltiples denuncias”, y destacó el comportamiento de los clientes durante el proceso. “Estamos dispuestos a colaborar para llegar a la verdad de los hechos”, expresó el abogado.

En el mismo sentido se expresó el abogado de Cabral, Pablo Donnangelo: “Las medidas son innecesarias, pero de todas maneras no vamos a poner objeción. Nuestra clienta está pasando por un momento muy duro de su vida tras el fallecimiento de su marido y pocas ganas tiene de salir a recorrer el mundo. Estará acá e intentaremos esclarecer los hechos de la forma más rápida posible para que quede clarificada cuál fue la actuación y la participación concreta de nuestra clienta en los hechos que se denunciaron”.

Durante la audiencia los abogados de los damnificados, Juan Pablo Decia y Nicolás Pereyra, pidieron la incautación de los celulares de los investigados. Si bien reconocieron que el Código sólo admite una serie de medidas cautelares previas a la formalización del proceso, que aún no se ha concretado, consideró pertinente incautar los celulares en este caso considerando “la complejidad de la maniobra”. “Para evitar que se frustre prueba, que se siga acrecentando el daño y los efectos civiles del delito, que siga existiendo trasiego de ganado entre inversores [...] tenemos información, que podemos acreditar, [de] que esos trasiegos de ganado existieron, existen y van a seguir existiendo en la medida en que los imputados tengan sus celulares y las posibilidades de poder ejecutar eso, que son acciones que pueden entorpecer la investigación preliminar”.

La jueza Olivera rechazó la petición y señaló que se trata de una medida de investigación que puede ser sugerida a la fiscalía por las defensas de las víctimas, pero que en esta instancia no corresponde evaluarla. En el mismo sentido se expresó la fiscalía, que señaló que el ámbito para requerir ese tipo de medida es la fiscalía, para que la Justicia la considere en otra instancia.

Consultado por la diaria, el abogado Nicolás Pereyra, que representa a cuatro víctimas, opinó que se trató de “un exceso de formalismo” de la jueza Olivera y agregó que existen varios documentos que acreditan la representación de los abogados, y lamentó que los abogados tengan que presentar un escrito por cada damnificado para acreditar su representación. Además, sostuvo que el actual Código del Proceso Penal permite este tipo de solicitudes en el momento, por la propia dinámica de la audiencia.

Pereyra mencionó el artículo 260 del Código de Proceso Penal, que señala que “durante la investigación el imputado, su defensor y la víctima podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos investigados, si fuese necesaria su intervención”.

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