El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, pidió a la Justicia el cierre de fronteras para Pablo Carrasco y familiares del socio fallecido de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, como medida cautelar para mantenerlos sujetos al proceso judicial, según informó M24 y confirmó la diaria con las fuentes allegadas al caso.
La medida deberá ser decretada por el Poder Judicial e implica el retiro del pasaporte para Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y la viuda de Basso, Daniela Cabral, que están siendo investigados por presunta estafa y apropiación indebida, en una causa que cuenta con al menos 20 denuncias que plantean la situación de unos 100 inversores.
Según supo la diaria, hasta el momento Carrasco no se presentó ante la Fiscalía para ofrecer su declaración ni designó abogado en el caso. Si bien la fiscalía todavía no lo llamó a declarar, dado que necesita acceder a documentación e información del caso y espera el resultado de varias diligencias para tomarle declaración, Carrasco puede presentarse voluntariamente, sólo por saberse investigado.
Este martes el periodista de M24 Eduardo Preve informó que dentro de la carpeta fiscal se investiga a una empresa asociada a Pablo Carrasco, Pasfer SA, que era una de las receptoras del ganado en que invertían los clientes de Conexión Ganadera y que figura en el Banco República como “deudora irrecuperable”. Pasfer realizó un remate de 4.000 cabezas de ganado el 30 de diciembre a través del estudio de negocios ganaderos que pertenecía a Gustavo Basso y tiene una deuda con el BROU que supera los cuatro millones de dólares.
Uno de los administradores de un campo de 4.500 hectáreas que pertenece a Pasfer SA, ubicado en la localidad de Costas de la Allala, en Treinta y Tres, es el hermano de la esposa de Pablo Carrasco. Ante eso, el abogado Ignacio Durán, que representa a un grupo de inversores, pidió incluir como investigados en la causa judicial a los responsables de la empresa e investigar la operación, por considerar que podría tratarse de una maniobra para que los acreedores de Conexión Ganadera recuperen parte de su dinero antes de que la Justicia avance con el concurso de acreedores, que tiene por objeto una distribución igualitaria de los activos.
A medida que se acumulan las denuncias en la Fiscalía de Lavado de Activos -se estima que hay más de 4.200 damnificados en el caso-, la Fiscalía de Corte evalúa un pedido realizado por el fiscal Rodríguez para fortalecer el equipo dado la complejidad de la investigación y el tipo de pericias que requiere idoneidad técnica en materia financiera y contable.
Además del proceso penal, los inversores siguen de cerca el proceso en la Justicia de concurso donde se dirime cómo se va a distribuir el activo de la empresa, que se estima en unos 150 millones de dólares, unos 250 menos que lo que debería tener para cumplir cabalmente con sus obligaciones. El juez de Concurso Leonardo Méndez habilitó la venta de 800 cabezas de ganado como forma de preservar el activo de Conexión Ganadera, dadas las dificultades para mantener el ganado en condiciones para su venta o entrega y ante la falta de liquidez de Conexión Ganadera. El dinero de esa venta será volcado al pago de salarios y alimentación necesaria para mantener en condiciones el activo de la empresa.
La decisión fue tomada tras el informe del abogado interventor Alfredo Ciavattone, quien tiene potestades para coadministrar el activo de Conexión Ganadera antes de que se decrete el llamado a concurso. Ciavattone, quien recorre los campos donde fue destinado el ganado comprado por los inversores de Conexión Ganadera junto a un equipo del Ministerio de Ganadería, determinó la necesidad urgente de preservar el activo.
Esta venta de ganado, habilitada por Méndez, no implica una definición en cuanto al dilema planteado por el experto en derecho administrativo Ricardo Olivera, quien advirtió la necesidad de descartar la posibilidad de pagar con entrega de ganado, una solución que defendían algunos de los damnificados que habían invertido bajo la modalidad de bono ganadero, y avanzar en la venta del ganado para distribuir el dinero entre los acreedores, tratando de igual forma a quienes tenían contratos de inversión y quienes habían invertido con el ganado como garantía.
El concurso de acreedores para las empresas Conexión Ganadera y Hernandarias fue solicitado el 27 de enero y, a partir de las notificaciones a las empresas implicadas, corren diez días de plazo para contestar si acepta o se opone al concurso. Según informaron a la diaria fuentes cercanas al caso, hasta ahora ni Conexión Ganadera ni Hernandarias han respondido, por lo que, de mantenerse la situación, el juez Méndez definiría el llamado a concurso de acreedores el próximo miércoles 19 de febrero. Si alguna de las empresas se opusiera -algo improbable, dado que equivale a declarar que tiene activos suficientes para responder a los acreedores- la definición podría postergarse.
Uno de los obstáculos que deberá atravesar el proceso de concurso es que muchos de los contratos de inversión firmados fueron concretados bajo una redacción que dificulta la verificación de la condición de acreedor por parte de los inversores, además de varios casos que fueron comprados con dinero en efectivo, lo que torna muy difícil la trazabilidad del dinero necesaria para corroborar que los reclamantes son quienes efectivamente invirtieron en la empresa.