A casi tres meses de presentada la denuncia contra los socios de República Ganadera por estafa y apropiación indebida por unos 80 millones de dólares, los abogados denunciantes advierten que la causa está “casi en cero” y expresaron su preocupación por un recurso administrativo presentado por el fiscal Enrique Rodríguez, que podría implicar un cambio de fiscal.

La investigación penal comenzó a cargo del fiscal especializado en Delitos Económicos Alejandro Machado a fines de noviembre, pero un mail enviado en enero por uno de los abogados denunciantes, en el que reclamaba avances en las diligencias y cuestionaba al fiscal, cambió la situación y Machado, ante esto, pidió apartarse del caso. Si bien el abogado pidió disculpas al fiscal por el tono de la misiva, Machado mantuvo su decisión y el caso quedó en manos de su subrogante, el fiscal especializado en Lavado de Activos Enrique Rodríguez.

Tras asumir el caso, el 24 de enero, Rodríguez decidió recurrir la decisión que lo designó a través de un recurso administrativo, por lo que el caso debería ser definido por un proceso administrativo que puede llegar eventualmente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en un proceso que podría llevar meses. De todas formas, el recurso presentado por Rodríguez no tiene efectos suspensivos sobre la decisión de la Fiscalía de Corte, por lo que mientras no haya una resolución administrativa sigue siendo el fiscal del caso, con todas las potestades para actuar.

“Capaz que los inversores de Conexión Ganadera, al ser más grande, lograron colocar más en los medios y se movió más rápido, pero los otros son tan víctimas como estos y la situación de ellos es igual de apremiante [...] hay mucha preocupación por el estado de la causa”, señaló en conversación con la diaria el abogado Fernando Posada, que representa a varios acreedores de República Ganadera.

El abogado señaló la falta de respuesta por parte de la fiscalía y el hecho de que no se haya dispuesto ninguna de las medidas cautelares propuestas, entre ellas el congelamiento de las cuentas bancarias y otras destinadas a evitar que se siga deteriorando el activo con el que los deudores podrían responder o evitar eventuales fugas u ocultamientos de fondos.

“Si efectivamente se cometieron delitos y a partir de esos delitos el dinero se escondió, evidentemente la fiscalía es la que está más capacitada para resolver eso”, señaló Posada, y agregó que si esos delitos se comprueban son delitos precedentes de lavado de activos. En el caso fue denunciado un retiro de utilidades por un millón de dólares, que surgiría de los balances de las empresas.

Por su parte, el abogado Juan Pablo Decia, quien presentó unas 40 denuncias por apropiación indebida y estafa contra los socios de República Ganadera, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio, lamentó la falta de avances en la causa y subrayó que la formalización permitiría a la fiscalía preservar la investigación.

“Está todo pendiente, a nivel penal prácticamente no se ha hecho nada”, señaló, y agregó que las denuncias se presentaron ante la Policía rural para facilitar la implementación de medidas para preservar los activos y evitar maniobras ilícitas, pero el oficial de la investigación no pudo avanzar a espera de directivas de Fiscalía. “Había todo un plan de preservación de los ganados administrados por República que no se pudo llevar a cabo”, agregó.

Decia señaló que “lo más urgente es tomar medidas precautorias” para evitar que sigan disminuyendo los activos, “porque están en los campos haciendo y deshaciendo”. “Acá lo que corresponde hacer, porque son hechos que ya están probados, sobre los que no hay discusión jurídica sobre si se configuró o no un delito de apropiación, es formalizar con prisión preventiva para que no se frustre la investigación; eso es lo que debería ocurrir en los tres casos”, expresó en referencia a República Ganadera, Conexión Ganadera y Grupo Larrarte.

Decia dijo que el delito de apropiación indebida se generó en la medida en que no se cumplió con la obligación de restituir el dinero, y la estafa se constituyó en la medida en que se ofrecía comprar ganado bajo el eslogan “engordá tus ahorros”, pero no se compraba el ganado y “en base a la publicidad engañosa la gente celebraba un negocio que en otras condiciones no lo hubiera celebrado”. “Cuando se dan todos los elementos constitutivos del tipo penal, no hay mucha cosa más para estudiar”, expresó.

Aclaración: Una versión anterior de la nota señalaba que el recurso presentado por Rodríguez respondía a una contienda de competencias, que se dirime en el ámbito de la Fiscalía, pero se trata de un recurso administrativo que no tiene a la Fiscalía de Corte como decisor, sino al departamento de jurìdica de la Fiscalía General de la Nación en un proceso administrativo que puede recurrirse ante el TCA.