El ataque ocurrió sobre las diez de la noche del lunes 3 de febrero, en Leandro Gómez y Mendoza. Los atacantes llegaron en dos motos y dispararon contra un grupo de niños que estaban frente a una casa. Murió uno de 13 años y resultaron heridos dos niños de diez y 11 años y tres adolescentes de 14, 15 y 18. Fueron trasladados a la policlínica de Capitán Tula y los menores derivados al hospital Pereira Rossell. la diaria conversó sobre el proceso que deben vivir los niños que llegan al hospital con heridas de bala y cómo vive el barrio Plácido Ellauri la violencia cotidiana que lo afecta.

En los últimos 12 meses fueron asesinados por arma de fuego al menos 20 niños. Según las cifras del Ministerio del Interior, entre 2020 y 2023 en Montevideo fueron baleados 378 niños, niñas y adolescentes. El 88% de las víctimas son varones. 

“Habitamos la desesperanza”

Soledad Brandon es coordinadora del club de niños y niñas Centro Abierto Padre Cacho, ubicado a cuatro cuadras del ataque. En diálogo con la diaria, Brandon señaló la necesidad de trascender los hechos en sí para reflexionar sobre los contextos y las causas de fondo. “Nos unimos a una comunidad donde el tejido, la articulación, la presencia del Estado ha variado en poco tiempo, donde también la fragilidad económica tiene mucho que ver con buscar formas de subsistencia, de supervivencia, y eso también precariza la forma en la que vos ves al otro o a la otra como persona. La vida va perdiendo valor; creo que eso es lo más angustiante de estas situaciones”, expresó Brandon, que aceptó opinar a título personal a partir de su experiencia de varios años trabajando en el barrio.

Brandon agregó que también hay un proceso de precarización de los vínculos “donde hoy estoy y mañana no estoy, porque tampoco hay proyectos de vida que sean atractivos”. “Creo que lo que nos tiene un poco desolados de a ratos es qué alternativas podemos ofrecer para volver a encantar a los gurises, a las gurisas, a los adultos y a las adultas, para construir otras comunidades y fortalecernos, y no desde estos episodios que son la expresión aguda de un acumulado, que no viene de la nada”.

En ese sentido, Brandon hizo hincapié en la pérdida de confianza con la comunidad y un desfasaje que complica la participación real: “Creo que los vecinos y las vecinas sintieron ausencias y aprendieron a sostenerse frente a esas ausencias. Entonces ahora tenés que volver a reconstruir la confianza, que es la base de toda construcción colectiva; para mí ahí está la pata compleja: la participación real de los vecinos y las vecinas, que las propuestas que el Estado a través de las políticas públicas presenta tengan que ver con las vivencias que atraviesan estos vecinos y vecinas. Si como sociedad no podemos entender que la comunidad en general es víctima, no en el sentido de que no tiene herramientas para solucionar, sino de que realmente está siendo atormentada por la violencia, está difícil”.

Brandon se refirió también a la desarticulación de una trama territorial de servicios y puso como ejemplo que el centro de servicios de Casavalle “está en el barrio de al lado”, porque se ubica del otro lado de Mendoza y el hecho de que por Aparicio Saravia, entre San Martín y Mendoza, sólo pasa una línea de ómnibus.

Consultada sobre cómo vive el entorno la violencia contra los niños, respondió: “Es una realidad con la que tristemente convivimos y con la que intercambiamos permanentemente con los vecinos y las vecinas desde la preocupación, pero que no es nueva, que no irrumpe, solamente se profundiza y eso es lo más complicado, que ya no te desestructura, únicamente te amarga más”.

“No hay una actividad que vos digas ‘tengo este encuadre y si paso estos límites estoy en riesgo’, acá el riesgo es caminar por la calle, y eso es tremendo. La vivencia crónica de la violencia es extremadamente dañina, creo que no se toma conciencia de cómo daña la vida de la gente. Lo que voy sintiendo con el tiempo es que habitamos la desesperanza y eso es algo que tenemos que poder cambiar”, agregó.

“Hay niños viviendo en el Pereira Rossell”

El pediatra Joaquín Mauvezín, docente grado 3 de la Facultad de Medicina de la Udelar, habló con la diaria sobre el incremento de los niños que ingresan al Pereira Rossell con heridas de bala, las dificultades que atraviesan en un contexto de vulnerabilidad y las carencias de los cada vez más frecuentes procesos de judicialización, por los que los niños pueden permanecer varios meses retenidos en el hospital, esperando que se defina con quién y dónde van a vivir.

“Hay claramente un aumento en el número de los niños heridos de bala, eso es notorio, y lleva diez años de evolución, pero lo que es más alarmante y tiene quizás dos o tres años y es más difícil de cuantificar son las características de estos niños, en qué circunstancias son heridos de bala y qué viene después en el proceso de judicialización de los sobrevivientes, el amparo del INAU, hacia dónde van y qué batallas tienen que correr después por la tutela de estos niños, eso se ha profundizado y está en boca de cualquier pediatra del Pereira, es el tema cotidiano del que hablamos, la gente no es consciente del nivel de alarma en el que estamos”, expresó Mauvezín, que hace 12 años que trabaja en el Hospital Pereira Rossell.

“No es la bala que le pegó a un niño porque robaron un almacén, es este tipo de ataque, a veces directamente hacia los niños, o que viven en lugares donde hay balaceras, eso hace cuatro años ni lo hablábamos. Es notorio que las características de los niños heridos de bala cambiaron”, agregó.

Mauvezín señaló que el fenómeno de los niños heridos de bala “es la punta del iceberg de la vulneración” de niños que tienen sus derechos básicos afectados, “que no tienen familia, tutores, y que cuando les corresponde el amparo del INAU, el amparo no llega”.

Además, señaló que el sistema de judicialización “es frío, lento, burocrático y no está actualizado” y termina siendo “una tortura para las familias y los niños”. “Las familias aprenden rápido que el entorno de la internación social no resuelve sus problemas y que el amparo del INAU menos y que no hay un plan B: Si vos vivís en una casa de extrema vulnerabilidad, donde hay balaceras o la casa es una boca, capaz que terminás con tu hijo en un hogar del INAU, donde ha habido denuncias de todo tipo, vinculadas a la trata, fugas, insuficiencias alimentarias y maltratos”.  

“No hay una respuesta del sistema de salud acorde a los problemas psicosociales que tienen los niños del Uruguay, no hay una política integral concentrada en el sobreviviente. Balearon a cinco y hay cuatro que sobrevivieron, a esos cuatro les queda por delante trepar una muralla enorme. Imaginate tener seis años y ser baleado en tu casa a las diez de la noche y que después te judicialicen y no puedas seguir con tu familia, que puede ser lo correcto o no”, agregó.

Mauvezín se refirió también a las condiciones en las que esos niños deben esperar que las instituciones del Estado resuelvan su situación: “En uno de los últimos casos el niño estuvo cuatro meses, hay niños viviendo en el Pereira Rossell y están ahí porque no hay otro lugar y eso a veces alcanza hasta el 30% de la internación, no es una excepción. Los hospitales no están diseñados para eso, no ven la luz del día, están expuestos a otras enfermedades, comparten la habitación con otro, no tienen baño para ellos y están con niños que no son de su edad. Si vas a cualquier pasillo del Pereira Rossell de tarde, te encontrás con ocho, nueve, diez niños de diferentes edades que están jugando con una pelota que armaron con el papel de camilla, es la cosa más triste que podés ver porque no tiene sentido que estén ahí”.