El caso Besozzi, los delitos imputados, las críticas a la Fiscalía y la reserva

Tras la imputación del exintendente de Soriano Guillermo Besozzi, los principales dirigentes del Partido Nacional (PN) respaldaron el accionar del jefe departamental y cuestionaron la decisión de la fiscal Stella Alciaturi, que pidió la formalización del proceso contra Besozzi por reiterados delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado. El exintendente fue imputado el pasado 13 de marzo por la jueza Ximena Menchaca, quien dispuso como medida cautelar la prisión domiciliaria por 180 días.

La fiscal Alciaturi fue acusada por diferentes dirigentes blancos de intentar incidir en la campaña electoral y afectar la institucionalidad del país en busca de un efecto político. El senador Sebastián da Silva calificó a Alciaturi de “antiblanca” y mostró publicaciones en las redes sociales de Alciaturi, de entre 2016 y 2019, en las que republicaba mensajes con connotaciones políticas.

El candidato a la Intendencia de Montevideo Martín Lema, que atinó a tomar distancia del intendente de Soriano, señalando la necesidad de “ser prudente” dado que desconocía las circunstancias que están siendo investigadas, recibió cuestionamientos de sus correligionarios. “Basta de blanditos en el partido, de los muchachos que están para la fotito”, expresó el senador Sergio Botana en declaraciones a Radio Zorrilla de San Martín, en Tacuarembó.

El 16 de marzo Besozzi brindó una conferencia de prensa en la que defendió su inocencia, se calificó como un “preso político” y cuestionó que la fiscal sea trasladada a Atlántida “después de haber tirado semejante pedrada”.

“Creo en la Justicia de este país, pero le digo a todo el sistema político: ‘Ojo que lo que me ha pasado a mí le puede pasar a cualquiera hoy, desde el presidente de la República para abajo, a cualquiera’”, dijo y pidió al sistema político “trabajar sobre esto, porque van a terminar presos todos los intendentes, todos los secretarios generales, todos aquellos que hacemos trámites y los hacemos de buena fe”.

Besozzi, que fijó domicilio en su chacra ubicada sobre la ruta 2, recibió el miércoles la visita del intendente de Colonia, Carlos Moreira, su par de Florida, Guillermo López, y de los exintendentes de Flores Fernando Echeverría, de San José Ana Bentaberri, y de Paysandú Nicolás Olivera, quienes expresaron su apoyo a Besozzi. “Fuimos a saludar a un amigo y fuimos a darle todo nuestro respaldo en este momento difícil que él está atravesando”, expresó Echeverría en diálogo con M24.

A su vez, desde el PN convocaron a una concentración en la Ancap de Mercedes para el domingo, para de ahí llegar a caballo a la chacra de Besozzi, que será la sede de su campaña para las elecciones departamentales de mayo.

En rueda de prensa, el presidente Yamandú Orsi se refirió a la situación generada a partir de la imputación de Besozzi y dijo que “se ha instalado” la idea de que cuando actúa la Fiscalía “ya somos culpables”, y advirtió que “tampoco se puede caer en la otra cara de la moneda, de que hay una conspiración político partidaria en cada una de las instituciones, ojo con eso también”.

La respuesta de los fiscales

En diálogo con la diaria, el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, lamentó los ataques que recibió la Fiscalía, que fue calificada como “un centro de operaciones políticas”, en un contexto de largos cuestionamientos que trascienden las críticas a la actuación del equipo fiscal desde el punto vista procesal. A su vez, señaló que las críticas provenientes de senadores y dirigentes políticos se plantean “sin ningún elemento para sostener la acusación” y señalan aspectos que no tienen nada que ver con el fondo del asunto.

“Siempre que la Fiscalía investiga el poder, ya sea por delitos de corrupción, por delitos sexuales que involucren a personalidades con poder, cuando se investiga lavado de activos o crimen organizado, cuando se investiga el poder en general y cuando se investiga la corrupción pública en particular, salen estos ataques furibundos. Lo que se les exige a estas personas es que si tienen algún elemento para valorar que algunos o muchos fiscales están obrando así, que lo presenten; nosotros somos los primeros interesados en que no exista en la Fiscalía un funcionario que obre de forma malintencionada contra una persona o contra una colectividad”, expresó.

Rosa señaló que en los ataques “hay un mensaje dirigido a los equipos fiscales que tienen intervención en corrupción pública de que tengan mucho cuidado a la hora de tener una actuación, porque si no toda su situación de vida y toda la situación del organismo en el que trabajan puede verse atacada de forma furibunda”. “¿Por qué el Estado, la ciudadanía, el Ministerio Público tienen que tolerar que exista impunidad en delitos de corrupción pública? ¿Por qué tenemos que contentarnos con investigar la criminalidad común?”, cuestionó.

Los hechos y los delitos imputados en cada caso

En la solicitud de formalización que presentó la Fiscalía se presentaron 17 situaciones en las que podría haber actos delictivos, de las cuales se identificó la participación de Besozzi en 13 de ellas.

1. Las transferencias a Adeom

La primera situación descrita en el pedido de formalización de la Fiscalía que involucra a Besozzi parte de una conversación con el presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, Martin Herling, quien sería imputado por el incendio intencional provocado en el teatro 28 de Febrero, donde funcionaba una oficina del gremio. En esa conversación, Herling le pide un adelanto de 150.000 pesos para cubrir cheques entregados por la asociación y el intendente le dice que está en riesgo su carrera política, ya que si aceptaba, llegaban a 600.000 pesos en adelantos. Primero, busca una forma de concretar el adelanto a través de un préstamo del Banco República, y luego, le dice que el secretario general, Daniel Gastán, lo va a solucionar.

Por este hecho, Besozzi fue imputado por un delito continuado de peculado en calidad de autor. El delito de peculado está previsto en el artículo 153 del Código Penal para “el funcionario público que se apropiare el dinero o las cosas muebles, de que estuviere en posesión por razón de su cargo, pertenecientes al Estado, o a los particulares, en beneficio propio o ajeno” y prevé penas de entre un año de prisión a seis de penitenciaría y con inhabilitación especial de dos a seis años. El delito es continuado en la medida en que implica varias violaciones de la misma ley penal, según establece el artículo 58 del Código Penal.

2. El traslado de los toros por unos materiales

De la conversación se desprende que Besozzi recibió el traslado gratuito de unos toros por parte de Ricardo Correa Oyarzo, un camionero contratado por la Intendencia Municipal de Soriano, quien, a cambio del transporte, recibió materiales de la intendencia, en concreto, tres metros de granza y dos metros de arena. Por este hecho, Besozzi fue imputado por un delito de peculado en calidad de autor.

3. Los alojamientos a cargo de la intendencia

La tercera situación refiere a alojamientos de militantes del PN a cargo de la intendencia durante la campaña electoral en el Hotel Brisas del Hum y Colón, donde fue alojada Laura Raffo y parte de la comitiva. La investigación de la fiscal detectó que, una vez que la Policía avanzó en la investigación, se pidió que se anulara la factura a la intendencia y se pusiera a nombre de la agrupación 903. En este caso, la fiscal entiende que puede haber un delito de peculado y abuso innominado de funciones, previsto en el artículo 162 del Código Penal para “el funcionario público que con abuso de su cargo cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales. Será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR”.

4. Contrataciones proporcionales a contribuciones de campaña

Parte de una conversación entre una de las personas contratadas por la intendencia y el excoordinador de obras Wilson Rivero, en la que hablan sobre la proporcionalidad entre las contrataciones de la intendencia y las contribuciones de campaña, además de declaraciones de jerarcas de la intendencia ante la Fiscalía en las que mencionan que estaban al tanto de las contribuciones a la agrupación 903 de los contratados. Con relación a esta situación, Besozzi es investigado penalmente por un delito de cohecho calificado en calidad de coautor. El artículo 158 del Código Penal prevé penas de prisión de 12 meses a seis años para el funcionario público que, “por retardar u omitir un acto relativo a su cargo o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, dinero u otro provecho, o acepta su promesa”.

5. Obras de vialidad

Se trata de una conversación entre Besozzi y el militante del PN Hugo Sasso, con quien coordinó el envío de máquinas a un camino que necesitaba bitumen, como una forma de impulsar la militancia del beneficiado, según la teoría del caso de la Fiscalía. Por este hecho, Besozzi fue imputado por reiterados delitos de abuso de funciones en calidad de autor.

6. Contratación de maquinaria de militantes del PN

Refiere a la contratación de la empresa AYG Nievas y Mengen –que le alquila maquinaria a la intendencia y es propiedad del esposo de una funcionaria, con quien tienen una sede política del sector del intendente– y a la adulteración del registro de las horas trabajadas. Por este hecho, el exintendente fue imputado por un delito de cohecho, siempre en calidad de autor.

7. El caso Andriolo y la libreta de conducir

La Fiscalía presentó algunas conversaciones entre Besozzi, el director de tránsito, Rodrigo Razquin, y particulares que dan cuenta de que el intendente facilitó la expedición de la libreta de conducir a un militante del PN con dificultades para sacarla en otros puntos del departamento. Por este caso, Besozzi es investigado por un delito de abuso de funciones.

8. Campaña de recolección de fondos

La Fiscalía señala que de las conversaciones presentadas por esta entre el intendente y el encargado de la auditoría, Germán Cavallero, se desprende que solicitaban contribuciones dentro de la intendencia para financiar actividades de la agrupación política. “Hoy fui con la libreta y tomé por asalto la intendencia, junté 20 lucas, ya tengo la mitad y la otra mitad la pagamos y, como ya es principio de mes, salgo y rescato”, dijo Cavallero. Por esto, Besozzi es investigado por un delito de concusión en calidad de autor. El artículo 156 del Código Penal prevé penas de entre 12 meses de prisión a seis años de penitenciaría, una multa de 50 a 10.000 UR y la inhabilitación de dos a seis años para “el funcionario público que con abuso de su calidad de tal o del cargo que desempeña compeliere o indujere a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero dinero u otro provecho cualquiera”.

9. Faltante de dinero en Villa Soriano

Refiere a una conversación entre el alcalde de Dolores, Joaquín Gómez, y Besozzi sobre un faltante de 250.000 pesos en Villa Soriano y a la preocupación de Besozzi por que el caso se hiciera público. “Lo mejor es decir que [el alcalde] quiere volver pa’ allá, que vuelva pa’ allá tranquilo y no levantar la perdiz”. Por este caso, Besozzi es investigado por reiterados delitos de abuso de funciones y un delito de omisión de los funcionarios en denunciar delitos, previsto en el artículo 177 del Código Penal, con penas de tres a 18 meses de prisión.

10. Multas impagas en la Intendencia de Paysandú

La Fiscalía señala que el intendente intercedió ante la Intendencia de Paysandú para que le rebajaran la deuda a una persona que había comprado un camión con multas impagas, y advirtió a sus pares sanduceros sobre los efectos electorales del asunto: “A ver si alguien se puede ocupar de este tema porque es época electoral y esto son los Arguimbao, que son como 500.000”. Con relación a este caso, Besozzi fue imputado por un delito de tráfico de influencias. El artículo 158 bis del Código Penal prevé penas de hasta cuatro años de penitenciaría para quien “invocando influencias reales o simuladas solicita, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, provecho económico, o acepta su promesa, con el fin de influir decisivamente sobre un funcionario público”.

11. El expediente “maniobrado”

Refiere a una conversación en la que el intendente se comprometía a ayudar a un particular que precisaba la autorización de la intendencia para comprar un terreno, de modo de agilizar el trámite correspondiente. Por este caso, Besozzi fue imputado por un delito de tráfico de influencias.

12. El pago de 50.000 dólares a un proveedor

Besozzi habla sobre el pago a un proveedor por 50.000 dólares y quiere saber si se trata de uno o varios meses, dado que el proveedor no está adecuadamente registrado en la intendencia, algo que nota revisando los pagos con el contador. “La orden no la hacen antes, entonces ustedes no tienen un control”, se quejó el intendente. Por este caso, fue imputado por un delito de omisión de denunciar delitos.

13. La licitación ganada

Surge de una conversación en la que el director de Logística, Jonathan Torres, informaba a un particular sobre el resultado de una licitación de un camión que todavía no había sido publicada y advertía al ganador que iban a esperar unos días para hacerlo, ya que no era la opción más barata, aunque tenían fundamentos para defender dicha decisión. El intendente es investigado penalmente por este caso por un delito de peculado.

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