El socio fundador de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, concurrió este jueves al Juzgado de Concurso de primer turno para discutir sobre la solicitud de concurso necesario en su contra, promovida por tres acreedores de la administradora de ganado Hernandarias XIII, a la que arrendaban cuatro padrones, donde actualmente hay unas 1.400 vacas.

Carrasco llegó después de las 13.30 a la sede del juzgado en la calle San José, donde se montó un operativo policial para evitar enfrentamientos con varios damnificados que concurrieron a la puerta del juzgado para increparlo. Más allá de algún empujón sobre las vallas, Carrasco pudo ingresar sin problemas al juzgado, donde se dirimiría el concurso en su contra.

En diálogo con la diaria el abogado de Carrasco, Fernando Vollono, explicó que parte del arrendamiento adeudado es previo al concurso y otra parte es posconcursal. Los arrendamientos no pagos por Hernandarias XIII después del concurso “tienen que salir de la masa activa”, por lo que la defensa de Carrasco, en consulta con el síndico Alfredo Ciavatone, ofreció entregar los campos para no seguir generando costos que, en definitiva, perjudican a los acreedores. “Lo que ofrecimos, condicionado a que el síndico lo instrumente, es la rescisión de ese contrato, la entrega de ese campo a cambio de condonar la deuda, algo que va a beneficiar a la masa activa”, afirmó.

Vollono agregó que para la defensa de Carrasco no corresponde plantear el concurso necesario contra Carrasco como persona física en función de su condición de fiador solidario de Hernandarias XIII, y señaló que en el caso de que el juez Méndez rechace el concurso, los costos del proceso recaerán sobre los demandantes, algo que podría evitarse con un acuerdo.

El abogado destacó que Carrasco “no va a realizar ninguna oferta de pago porque no puede hacer, dado que en su carácter de socio administrador de la sociedad concursada no puede darle un trato diferencial alguno de los acreedores, es crédito tiene que ser verificado por concurso y formará parte de la masa”. “Nosotros no vamos a hacer ningún pago porque no nos corresponde porque no podemos y no debemos. Lo que hicimos fue en función del interés de la masa concursal y del síndico en protegerla, acercar a las partes en una medida que beneficia a todos, la condonación de la deuda y la entrega del campo”, expresó.

Por su parte, la defensa de los acreedores, que llevan los abogados Santiago Alonso y Graciana Abelenda, plantearon que el concurso contra Carrasco como persona física corresponde en la medida en que él se constituyó junto con Basso como fiador y codeudor solidario por el contrato de arrendamiento entre Hernandarias XIII y los propietarios de cuatro campos. Además, señalaron que la deuda por ese alquiler asciende a un monto superior a 85.000 dólares, debido a que no se percibe ningún alquiler desde fines de junio del año pasado.

Los abogados consideran que la condición de codeudor solidario de Carrasco permite a los dueños de los campos ir contra él, sin la necesidad de ir contra Hernandarias XIII primero, porque fue pactada la solidaridad en el contrato de arrendamiento, lo que obliga a todos los firmantes, y son los acreedores los que eligen contra quién accionar contra cualquiera de los responsables. Adicionalmente, sobre Pablo Carrasco recae una medida cautelar de embargo por 250 millones de dólares, lo que funda una de las presunciones de insolvencia para promover el concurso necesario.

En el caso de que no lleguen a un acuerdo, continuará el proceso de concurso. Si la Justicia decreta el concurso y lo califica como culpable; esa decisión podría tener repercusión directa en la causa penal.

Tanto en el de Hernandarias como en el de Conexión Ganadera ya está definida la liquidación anticipada, por lo que ahora comienza la etapa concursal de verificación de créditos, en la que los acreedores deberán acreditar su condición. Culminada esa etapa, se iniciará el incidente de calificación, que busca calificar el concurso como fortuito o culpable. Si el concurso se califica como culpable, la culpabilidad recae sobre los responsables que son administradores, socios y cómplices, lo que alcanzaría a Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, así como a otros involucrados.

El incidente de calificación, si se considera que existió responsabilidad de los implicados en la situación que llevó al concurso, podría tener incidencia directa en la causa penal en la constitución de un delito de insolvencia fraudulenta. Uno de los aspectos a dirimir, según la defensa de los acreedores, es que si Carrasco definiera el pago del monto adeudado por el arrendamiento de los campos, es cómo instrumenta ese pago, partiendo del embargo.

La próxima audiencia será el 22 de abril y en ella las partes deberán informar al juez Méndez si los accionantes retiran o mantienen el pedido de concurso necesario.