La senadora nacionalista Graciela Bianchi presentará un proyecto de ley para reformar el Código del Proceso Penal (CPP), que fue propuesto por el Colegio de Abogados del Uruguay y que ingresará en una comisión especial o en la Comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta.

Bianchi contó a la diaria que la iniciativa había sido presentada a los senadores de la coalición de gobierno en diciembre del año pasado, pero como estaba terminando la legislatura no llegaron a ingresarla. Hace tres semanas, el Colegio de Abogados concurrió a la Comisión de Constitución y Legislación por otros temas, “volvieron a llevar el mismo proyecto y nos pidieron, esta vez a la comisión, que por favor le diéramos estado parlamentario. Y eso es lo que vamos a hacer”, adelantó.

“Porque, además, hay una cosa que tiene que quedar clara: se legisla en el Parlamento. En este país hay división de poderes”, sentenció Bianchi, en referencia a la creación de un grupo que promovió el Poder Ejecutivo para presentar reformas al CPP, liderado por el prosecretario de Presidencia, el exfiscal de Corte Jorge Díaz, quien promovió la elaboración de la norma en 2014.

De todas formas, Bianchi aclaró en la presentación del proyecto de ley que no se trata de una “reacción al grupo de Díaz”, sino que coincidió en el tiempo porque estaba elaborando la exposición de motivos y además estaban intercambiando al respecto en la coalición multicolor. Bianchi contó que en estos días estará recogiendo las firmas de los senadores blancos y adelantó que cuenta con el visto bueno del colorado Andrés Ojeda, quien dijo que lo va a firmar y a poner a discusión dentro de su partido.

El proyecto ingresado por Graciela Bianchi

Ante el actual funcionamiento del CPP, el Colegio de Abogados presentó el proyecto para que se tomen “medidas urgentes”, con el fin de modificar ciertos aspectos relacionados con el ejercicio profesional y de la garantía de los derechos. La iniciativa fue elaborada por la comisión de derecho penal presidida por Florencio Macedo.

En la iniciativa presentada en diciembre a varios legisladores, a la que accedió la diaria, se argumenta que las “sucesivas modificaciones” que se le hicieron al CPP, que se empezó a aplicar en 2017, hicieron “perder la coherencia interna del sistema acusatorio que se proponía instaurar”. Asimismo, se advierte que “cualquier modificación parcial, que no sea analizada como sistema, puede caer nuevamente en soluciones contradictorias que no hagan más que incrementar la incertidumbre procesal y la mengua de derechos y garantías”.

En el proyecto se advierte que existe “desigualdad de armas” entre la defensa y la fiscalía, por ser esta última la encargada de la indagatoria, para lo que “cuenta con la obligatoriedad de cooperación de todo el Estado”. Esto hace que en la práctica, y casi siempre luego de la formalización de la investigación, “algunos fiscales, en algunas causas especialmente complejas, elaboran una teoría del caso y luego el proceso va llevando a que intente por todos los medios probar su teoría del caso, desechando todo lo que le dice la defensa, llegando incluso a obstaculizar la realización de evidencias por parte de la defensa para ‘ganar’ el caso”. En el proyecto se establece que esta diferencia de poder entre la defensa y la fiscalía “debe cautelarse de forma especial, y una de sus formas es mediante el principio de objetividad en la actuación de los fiscales”.

El Colegio de Abogados también advierte que la prisión preventiva tiene que ser “la excepción y no debe ser la regla” y, sin embargo, a través de legislación se ha ido “ampliando equivocadamente presunciones para decretar la prisión preventiva”. “La población presiona, porque sigue sin entender que [el hecho de que] la persona sea formalizada y se vaya para su casa no es un fracaso de la justicia, sino un derecho para llevar adelante el proceso en la forma que corresponde”, se señala.

Por otra parte, los defensores plantean que en la redacción inicial del CPP se preveía un plazo de un año para que la fiscalía desarrolle la investigación del caso. Sin embargo, posteriormente se estableció que ese plazo rigiera a partir de la formalización de la investigación, que podrá ser prorrogada por un año más. “Así, se dejó vía libre para que la investigación preliminar dure lo que quiera el fiscal que dure”, afirma en el texto el Colegio de Abogados.

Entre otros temas a abordar, el Colegio de Abogados puntualizó que solamente 5% de los procesos terminan en juicio oral, por lo que el porcentaje de los acuerdos abreviados “es muy elevado”. “Las explicaciones a esto, conforme investigaciones que se realizaron en Universidad de la República demuestran que la amenaza –cierta– de prisión preventiva es una de sus causas”, se explica. Los defensores proponen generar mecanismos para que “tenga que cumplir con ciertos requisitos (protocolos)” para que el acuerdo con la fiscalía sea válido, por ejemplo, que la “persona no se encuentre detenida al momento de realizar el acuerdo”.

Conrado Rodríguez: es “insólito” que Jorge Díaz esté al frente del grupo

El diputado colorado Conrado Rodríguez había planteado semanas atrás a sus correligionarios la necesidad de impulsar la creación de una comisión especial para estudiar las reformas al CPP en la cámara baja. Rodríguez lo hizo antes de que trascendiera que Presidencia había propuesto la instalación de un grupo técnico asesor para analizar la situación actual del código.

“Lo había planteado hace un mes. La oposición estaba de acuerdo con crear una comisión especial para la revisión del CPP. El único que faltaba expedirse era el Frente Amplio, que nos pidió una semana, después otra, y después apareció lo de Jorge Díaz”, relató.

A Rodríguez le parece que es “realmente insólito” que el “propio creador del CPP arme una comisión en su órbita y dirigida por él. Aparte, querer sacarlo del ámbito natural de discusión, que es el Parlamento, no es de recibo”, valoró. El diputado colorado señaló que además en las comisiones parlamentarias es donde se convoca oficialmente a las cátedras, las asociaciones de profesionales, los defensores de oficio, entre otros, y a partir de allí se elaboran los insumos para reformar el código. “Es el lugar”, insistió, y agregó que “si hay una comisión en Presidencia que luego manda sus conclusiones a una comisión en Diputados, hay un doble trabajo”.