Una nueva denuncia por estafa se suma a la investigación contra el exrugbier Gonzalo Campomar

La fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° turno, Silvia Porteiro, sumó una nueva denuncia a la carpeta en la que investiga al empresario y exrugbier Gonzalo Campomar por presuntos delitos de estafa. En la maniobra, según pudo confirmar la diaria, también está involucrado un socio de Campomar que usaba dos nombres: el verdadero, Martín Cajal, y uno falso (Miguel Casal).

La última denuncia por estafa, confirmaron fuentes de la Fiscalía, la presentaron dos personas vinculadas al mundo de las criptomonedas que reclaman entre 500 y 700.000 dólares. Otros dos damnificados ya los habían demandado por un faltante de 675.000 dólares. Campomar y su socio Cajal operaban desde una oficina de Carrasco (Miraflores Corp) y ofrecían como garantía otros inmuebles ubicados en ese barrio. Los acusan por estafa, apropiación indebida y libramiento de cheques sin fondos.

Mateo y Joaquín –no son sus nombres reales– empezaron a operar con criptomonedas en 2021. Durante esos meses posteriores a la pandemia se dieron algunos factores que fortalecieron al mercado de los criptoactivos: la ayuda económica del gobierno de Estados Unidos incentivó a muchas personas a invertir en el sector y se multiplicaron las historias sobre “casos de éxito” en la industria. El resultado: se retroalimentó el espiral de crecimiento, ingresó más plata al sistema y aumentaron los valores de las divisas.

En ese contexto, Mateo y Joaquín se contactaron con Martín Cajal. Lo conocieron en una oficina que tenía la empresa Criptala –una de las casas de cambio de criptomonedas más importantes de Uruguay– en Pocitos. Entre 2021 y 2023, Mateo y Joaquín operaron sin problemas con Criptala, siempre a través de Cajal. Lo mismo les pasó a otras personas vinculadas al sistema que fueron consultadas para esta nota: Cajal recibía las criptomonedas y pagaba por transferencia bancaria o con dinero en efectivo (su comisión podía ser entre 1% y 3% por cada transacción).

En los primeros meses de 2024, ya fuera de la empresa Criptala, Cajal empezó a proponerles a sus clientes un negocio diferente. Les decía que había empezado a operar con personas que vivían en el extranjero y por eso necesitaba liquidez para concretar transacciones de compra y venta de criptomonedas en períodos cortos. La propuesta era la siguiente: Cajal tomaba dinero en criptomonedas o en efectivo y lo devolvía diez días después, con una tasa de interés de 2%.

Durante las primeras semanas, la modalidad funcionó sin inconvenientes. Le transferían la plata a Cajal y a los diez días la recuperaban con intereses, que se podían cobrar en tres modalidades: criptomonedas, efectivo o por transferencia bancaria. Así lo hicieron al menos en cinco oportunidades, o sea durante un período que duró 50 días. En abril de 2024, sin embargo, empezaron a aparecer los problemas.

Cajal dejó de pagar y empezó a poner excusas, según consta en la denuncia que analiza la fiscal Porteiro. Les decía que la plata estaba trancada en Estados Unidos, que el problema no dependía de él, que nunca le había pasado algo así y que sus abogados ya estaban con el tema. En definitiva, les transmitía que no se preocuparan y que finalmente todo se arreglaría.

Pero la solución nunca llegó. Estos dos denunciantes estiman que Cajal les debe actualmente entre 500 y 700.000 dólares. No son los únicos: el abogado Enrique Moller se presentó ante la Fiscalía en representación de otros dos damnificados que reclaman 675.000 dólares. En ese caso, la estafa se empezó a gestar un poco después, en julio de 2024 (ver recuadro).

En varias oportunidades, Cajal les dijo a sus clientes que las operaciones en el exterior y en Uruguay las llevaba adelante con un socio. A partir de una nota que publicó el semanario Búsqueda el 6 de febrero, Mateo y Joaquín concluyeron que ese socio era Gonzalo Campomar, el exrugbier de Los Teros que abandonó el país a fines de 2024 luego de que trascendieran las primeras denuncias en su contra.

Los clientes de Moller denunciaron a Campomar y a un socio que decía llamarse Miguel Casal. En realidad, era Martín Cajal. Un detalle permitió atar los cabos sueltos: la familia Campomar era la dueña del cambio Pampex y el local de cobranza Abitab ubicado en 26 de Marzo y Gabriel Pereira. A muchos de sus clientes Cajal les indicaba ese local comercial como punto de retiro del dinero de algunas transacciones.

El presidente del cambio Pampex es el padre de Gonzalo, Jorge Campomar Barrios, quien fue director general de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas cuando asumió la titularidad Ignacio de Posadas, en 1992, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, y luego fue subsecretario de esa cartera en un breve período al final de la administración blanca.

Asimismo, la directora del cambio es María Carolina Campomar, hermana de Gonzalo, y su madre, Martha Angélica Santamaría Corbo, figura como vocal, según los registros del Banco Central del Uruguay (BCU).

También surge de la información del BCU que la casa cambiaria está “en proceso de baja” desde diciembre de 2024, según informó Búsqueda, y que sus principales accionistas o socios son Campomar Barrios (tiene 83% de las acciones) y Santamaría Corbo (17% de participación).

Algunos clientes que operaron con Cajal durante 2024 creían que todavía trabajaba para Criptala. En definitiva, pensaban erróneamente; con sus inversiones le facilitaban “liquidez” a una empresa seria con la que habían trabajado sin problemas en el pasado. Pero no era así: ante una consulta de la diaria, desde Criptala informaron que en 2024 Cajal ya no trabajaba con ellos (se desvinculó a mediados de 2023). Por otra parte, aclararon que la empresa nunca operó con la modalidad que aparece descrita en las denuncias contra Campomar y Cajal que investiga la fiscal Porteiro, asistida por el Área de Investigaciones de Zona II de la Jefatura de Policía de Montevideo.

La nota de Búsqueda reveló que Campomar y Cajal ofrecían un servicio que en la jerga financiera se conoce como “cables”. Lo utilizan las casas de cambio para transferir dinero de un país a otro sin que haya movimientos reales (los montos se compensan al cierre del año y las transferencias quedan como un registro contable).

Los socios Campomar y Cajal operaban desde Miraflores Corp, un edificio de oficinas ubicado en Carrasco. Los damnificados que se presentaron ante Fiscalía coinciden en que Cajal ofrecía bienes inmuebles como garantía de propiedad, entre ellos el local de Starbucks de la avenida Arocena, también en Carrasco. Les decía que era una manera de “dar tranquilidad” y les aseguraba que ya lo había puesto como garantía ante otros clientes, entre ellos mucha gente “poderosa” que había decidido invertir en sus negocios.

El vínculo entre Cajal y Campomar

En Criptala, Cajal empezó a trabajar en 2020, en el área de atención al cliente y respondiendo las consultas de posibles clientes que llegaban por Whatsapp. Desde la compañía, referente en la industria cripto, reafirmaron que cuando se enteraron del tipo de operativa que proponían junto a Campomar ya llevaba más de un año sin trabajar en la empresa. Desde la empresa manifestaron “sorpresa” ante estas últimas noticias que involucran al exempleado.

Fuentes consultadas aseguran que el vínculo entre Cajal y Campomar empezó hace unos tres años. Las denuncias que se presentaron hasta el momento, sin embargo, apuntan a presuntos hechos delictivos que se registraron entre enero y setiembre de 2024. Estas maniobras tomaron estado público en noviembre de ese año, en una columna del periodista Eduardo Preve en M24.

Unos días antes de esa noticia, el abogado Ignacio Durán había denunciado a Campomar ante la Justicia civil y había solicitado un embargo por 43 millones de pesos por deudas impagas. En ese caso, el damnificado era Javier López, CEO de la empresa logística Farmalog, quien finalmente llegó a un acuerdo con Campomar, que se negoció con su abogado Jorge Barrera. Fuentes vinculadas al caso informaron que Campomar transmitió a sus allegados que retornaría al país después de Semana de Turismo para hacer frente a las otras denuncias que lo involucran a nivel penal.

Al ser consultado por la diaria, Campomar respondió que no haría declaraciones, ya que es un tema que “se está aclarando” y su abogado se está encargando del asunto. Cajal también fue consultado para esta nota, pero prefirió no hacer comentarios.