Juan Miguel Petit sobre la situación de las cárceles: “Dormimos arriba de una bomba atómica”

El comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, agarra una piedra que tiene en su escritorio, que se llevó de las obras que se están haciendo en el Penal de Libertad, y cuenta que la va a dejar enmarcada en la oficina luego de que en octubre culmine su segundo período en el cargo. Dice que la creación de tres nuevos módulos puede llevar a la transformación del Penal de Libertad y, con ello, también a la creación de un sistema distinto.

“El Penal de Libertad sigue siendo una demostración de las carencias y las contradicciones que tiene el sistema, y el día que se supere va a ser una señal de que hemos mejorado en la protección de los derechos humanos, en reeducación, en integración. Esa población, que en buena medida es la que tiene las penas más largas, podrá también recibir un tratamiento específico para la gravedad de su conducta”, afirma.

Petit cuenta que muchas veces le han dicho que las cárceles parecerían ser un “problema crónico” que ningún gobierno pudo arreglar. “Yo no creo eso. Hay muchas cosas que se han hecho a lo largo de todas las administraciones, positivas, y que pueden ser muy buenas prácticas en cualquier parte del mundo, y tenemos otras cosas que están muy mal. Tenemos una parte del sistema penitenciario que no sé de qué planeta es, pero no es a la uruguaya. Ese es el núcleo más duro. El gran desafío es que, para cambiar esa parte, hay que cambiar todo el sistema”.

Hace unas semanas presentaste 40 propuestas para avanzar en una reforma carcelaria e hiciste hincapié en que para eso es necesario un pacto de Estado. ¿Sentís que están las bases para que eso suceda?

Creo que está bastante claro para todos que si fuera solamente una emergencia bastaría con un refuerzo de rubros para arreglar el problema o con un parche grande. El desafío es mucho más grande, es cambiar el sistema. Eso no quiere decir cerrar las cárceles, construir los edificios de nuevo y empezar de cero porque hay un acumulado de una cantidad de cosas, como el ingreso parcial de la salud en cárceles, el de la educación, la presencia más activa del Ministerio de Desarrollo Social [Mides] y del personal civil. Todo eso es parte de una reforma y de un empuje que se empezó a dar en 2010, con distintos momentos y antecedentes. Cuando vino el relator de Naciones Unidas contra la Tortura en 2009 y presenta el informe, fue un terremoto. Nos despertó de nuestra siesta de pequeño país modelo, que en buena medida lo somos, pero aun los modelos tienen grandes defectos. Y Manfred Nowak nos dijo: “Ustedes están durmiendo arriba de una bomba atómica”. Es un poco eso: dormimos arriba de una bomba atómica. Hubo un momento histórico de nuestra oficina que fue el de señalar la urgencia y la emergencia, y los distintos actores también empezaron a responder a esa emergencia en distintas áreas. Hoy el desafío es justamente más profundo: encarar un nuevo sistema, que viene de la acumulación de lo que hicieron los gobiernos anteriores de signos distintos, los del Frente Amplio y los de los partidos de la coalición. Hay bastante sintonía en el entendimiento [por parte del sistema político] de que sería muy importante tener algunos ejes en común. Hace poco escuchaba una entrevista a Gerardo Caetano y hablaba de cómo Uruguay llegó a ser lo que es y tuvo un desarrollo social justamente porque fue un país de pactos y de acuerdos. Nadie pierde su identidad por acordar algunas cosas con el otro. Después quien está en el timón podrá dar las coordenadas exactas, pero es necesario dar un marco a un problema que parece inabarcable e inmanejable y en realidad no lo es.

En el informe planteás medidas urgentes, como mejorar la alimentación y garantizar al menos una hora de patio. ¿Has pensado en cuánto tiempo estas medidas más urgentes podrían o deberían empezarse a aplicar?

Sí, esas medidas están relacionadas con una intervención que nosotros hacemos en modo Cruz Roja, que muchas veces es una acción reservada, caso a caso, unidad por unidad, hablando con el jefe de módulo, el director. Eso tiene que ver con las situaciones más deterioradas y que justamente se pueden atender con una medida administrativa directa. La alimentación; los regímenes de patio, que son complejos por factores estructurales como la sobrepoblación y la falta de personal; la adecuación de los lugares de visita; la rapidez de los traslados; la información sobre los derechos y obligaciones de los internos. Es un paquete de medidas, sobre todo en el área metropolitana, de urgencia. Pero, por otro lado, hay un paquete de propuestas que tiene que ver con algunos pilares para un sistema diferente. Hay que inventar algunas cosas, no solamente mejorar, recauchutar y dar mantenimiento. Por ejemplo, un módulo para personas presas con enfermedades crónicas de salud mental, que hoy no existe. Unidades a medio camino para personas que cometieron delitos leves, con penas a veces menores de dos años, o incluso con muchas personas con penas menores a un año. El objetivo es que no ingresen a una cárcel con miles de personas y que se pierdan, porque justamente hay hasta una regla no escrita en la cárcel que es que las actividades son para aquellos que están “más pesados”, es decir, aquellos que tienen una pena más larga. Después tiene que hacerse un mercado, Uruguay lo ha hecho en otras áreas. Por ejemplo con los CAIF. Entonces, creemos que es necesario tener un mercado donde haya instituciones que presentan proyectos al Estado para trabajar dentro de las cárceles. Eso ya existe en muchos países de América Latina; existe en Chile y lo vi plasmado en excelente calidad en España. En España, en una cárcel, tenés los funcionarios de prisiones, que dependen del ministerio respectivo de asuntos penitenciarios, y tenés funcionarios externos que van a trabajar en la cárcel todos los días. Y lo hacen a partir de un proyecto, de un contrato, con resultados, con dinero que se les paga, con personas que van a ser profesionales del trabajo social en las unidades penitenciarias. Es mucho más barato, eficiente y técnico que pensar en miles de funcionarios que el Estado tampoco va a poder pagarles ese sueldo, ni capacitarlos, ni siquiera seleccionarlos.

¿Cómo se instrumentarían estas medidas?

Es importante definir quién va a sostener todo esto y ahí es clave que el Instituto Nacional de Rehabilitación [INR] sea un servicio descentralizado, porque si no es como tener un elefante arriba de un elefante, o sea, es un ministerio gigante, como es el Ministerio del Interior, arriba de un organismo gigante, como es el INR. Esto no debería esperar a la Ley de Presupuesto. Pueden ser tres artículos de una ley de urgencia que descentralice el INR, con algunos cargos clave de gerencia para poder sostener e impulsar estas transformaciones. Lo segundo es que es necesario un plan estratégico porque un nuevo sistema va a requerir recursos, voluntades institucionales, tiene que convencer al Parlamento y a la opinión pública de que esta inversión es en beneficio de toda la comunidad, que es para tener seguridad, porque la cárcel es un tema de seguridad pública y de salud pública –el aumento de los casos de tuberculosis no se explica sino por el aumento de la población penitenciaria–.

Has insistido en que las medidas alternativas son un camino a recorrer. ¿Cómo pensás que tendrían que implementarse?

Uruguay tiene un sistema de medidas alternativas muy débil, con muy poca capacidad de seguimiento de las personas, y eso explica también que tengamos tan pocas medidas alternativas. Por una medida alternativa tenemos dos personas presas, y en realidad los países que han logrado mejores resultados tienen un número inverso: por cada persona presa hay dos con medidas alternativas. El sistema de medidas alternativas hay que construirlo porque tiene que ser un sistema con capacidad de contención, con capacidad de asistencia y de apoyo a las personas. Es importante saber de qué se habla cuando hablamos de medidas alternativas. No se trata de liberar personas presas, sino de lograr que esas personas que cometieron una infracción, que cometieron un daño de un derecho humano, lo reparen. El tema es cuál es la forma más eficiente y práctica, sin que la persona se agrave. Si a una persona que robó dos bicicletas la llevamos seis meses a la cárcel, por el contacto que tuvo con otras situaciones, lo más probable es que cuando salga a la calle haga algo peor que robar una bicicleta. La cárcel, que puede parecer una medida segura porque inhabilita a esa persona, hace que cuando salga esa persona haya un daño mayor, como lo muestran las cifras de reincidencia y el hilo de las trayectorias de las personas privadas de libertad. El sistema de medidas alternativas es uno de los grandes desafíos. Tiene que ser consistente y hay que explicar mucho para que todos los operadores, los jueces, los fiscales, la población, los legisladores crean en él y vean que allí está una de las claves para bajar el hacinamiento carcelario y que hacerlo es clave para mejorar la rehabilitación y bajar la reincidencia general.

¿Se podrían aplicar en todos los casos o creés que deberían estar destinadas para determinados delitos?

Las medidas alternativas son un instrumento que, obviamente, aplican mucho mejor para los delitos leves y las penas cortas, que son menores de 24 meses y de un año. Pero también es un instrumento que se puede aplicar para penas más largas. Cuando la persona cumplió una pena de seis años y le faltan seis meses para cumplir la pena, esa persona, desde el punto de vista de la seguridad pública, ya cumplió prácticamente su estadía en la cárcel y va a ser un problema de seguridad pública. Entonces, la medida alternativa, con contención, seguimiento y apoyo, permite, justamente, observar cómo va a actuar esa persona que estuvo más tiempo privada de libertad. Las medidas alternativas nos permitirían atender muchas situaciones que, hoy en día, tienen como respuesta la cárcel. Nosotros vemos cómo hay muchas personas que venían en caída libre y te dicen: “Yo la verdad que pude frenar un poco porque caí en la cárcel”. Lo ves mucho con personas jóvenes, en particular mujeres, que las estaban explotando o en la droga o estaban consumiendo. Esa persona lo que te está diciendo es que si le daban una prisión domiciliaria no iba a poder frenar porque sola no iba a poder hacerlo. Entonces el sistema de la medida alternativa tiene que tener la capacidad de que la persona pueda frenar y cambiar, si no, es un autoengaño, porque si hacemos medidas alternativas sin esa capacidad de frenado, en seis meses tenés un aumento de la delictividad.

¿Te parece que es posible un cambio del sistema si no se modifican las penas?

En el informe especial planteamos que hay que repensar algunos aspectos procesales. La oficina tuvo un aporte que para nosotros fue muy importante, que fue haber colaborado en cambiar el artículo que establecía una pena de cuatro años para el ingreso de sustancias en la cárcel, que lo que hizo fue recoger una práctica judicial de área metropolitana y tratar de expandirlo como una posibilidad para que cada juez valorara, según el delito, y aplicara el régimen general de los delitos, en el cual la tentativa tiene menos pena que el delito consumado. Eso fue un trabajo de mucho diálogo con los legisladores porque había prácticamente cinco proyectos sobre el tema. Primero se vio el problema y se trató de trabajar, pero sin utilizar el dedo acusador de que esto es culpa de Fulano. En ese sentido, hay algunos aspectos procesales que se pueden repensar y buscar acuerdos. Esa modificación legal, que al final se votó y lo hicieron todos los partidos, es una señal de que es posible.

Esa norma, en particular, afectaba principalmente a las mujeres. En las propuestas planteás la necesidad de pensar un sistema diferenciado para las mujeres que cometen delitos leves o tienen hijos a cargo. En concreto, ¿qué alternativas se podría implementar?

Lo primero es que el delito de la mujer no tiene nada que ver con el masculino. Primero, el delito es cosa de hombres en todo el mundo. Más de 90% de las personas que están presas son hombres. El uso de la violencia contra las normas, los bienes jurídicos, es fundamentalmente un fenómeno que hacen los hombres. De ese 8% de mujeres que están presas, en su gran mayoría delinquen por situaciones de extrema necesidad, de supervivencia, de mantenimiento de los hijos, situaciones de explotación, o de manipulación de otras personas. También hay casos de mujeres que cometen delitos muy duros, pero son la absoluta minoría. Entonces, el planteo es que hay que repensar la prisión femenina en todo sentido. La primera cárcel que va a haber pensada especialmente para mujeres va a ser la futura cárcel de Punta de Rieles. Todas las demás cárceles de la historia penitenciaria del país fueron de hombres y se adaptaron pabellones o sectores para mujeres. Una propuesta es que haya una dirección específica para las cárceles de mujeres y que estén separadas, porque requieren otros equipos médicos, otras capacitaciones, otro tipo de atención, de recreación y, por supuesto, una normativa particular para el tipo de infracciones que cometen. Por ejemplo, pensar en un sistema donde esas mujeres que están con hijos a su cargo, que cometieron delitos que no fueron graves, puedan estar en un régimen de prisión domiciliaria asistida; esto quiere decir acompañada, monitoreada, controlada, orientada, y reservar un establecimiento carcelario pequeño para ese grupo de mujeres que cometió delitos graves.

También proponés crear una fiscalía penitenciaria. ¿Qué cambios generaría tener una fiscalía especializada en esta materia?

Lamentablemente, la presencia del Estado en el territorio carcelario está menguada en la capacidad de oferta educativa, deportiva, cultural, religiosa, comunicacional. La teoría de las “Reglas Mandela” es que cuando elevás el nivel de oportunidades mejoran las posibilidades de futuro de la persona. Igual que en un barrio. En los barrios más violentos no están las peores personas, están los grupos de personas que han tenido la menor cantidad de oportunidades y posibilidades, y en la cárcel pasa lo mismo. Así como entran en cuentagotas la educación y la salud, también entra de la misma manera la justicia. Entonces una fiscalía penitenciaria permitiría que cuando ocurren delitos en la cárcel se pudiera tener una mirada especializada. La Fiscalía General de la Nación pasó de tener una mirada general a una mirada en la que se atienden la magnitud e importancia social de determinados delitos, como puede ser estupefacientes, crimen organizado, violencia de género. Se empieza a establecer que no alcanza con un fiscal general, sino que es necesario dividir por competencias. El volumen de lo penitenciario, que abarca a 16.500 personas, pero con un flujo durante el año de 23.000 personas, más los funcionarios, más los familiares, es un peso demográfico muy importante en un país de muy poca población. El fiscal que va a intervenir en un episodio carcelario –salvo cuando es un episodio extremo, por ejemplo, un homicidio, donde a veces los elementos son más visibles, pero no siempre– navega un territorio desconocido. No conoce la geografía del lugar, los códigos, quién es quién, cómo es el edificio, cómo es la gestión, cómo es el director, qué tipo de problemas están allí. Es un mundo complejo, son ciudades. No es lo mismo un módulo que otro, la parte de adelante que la parte de atrás, el sector donde están las personas que cometieron delitos sexuales o el de las personas que cometieron estafas. Tomar las primeras medidas indagatorias antes de que las pruebas se disipen requiere un conocimiento especializado. Por eso una fiscalía especializada ayudaría a combatir la violencia, los abusos, la manipulación entre presos y la corrupción.