Tras los cuestionamientos del abogado de las víctimas de Conexión Ganadera, Juan Pablo Decia, sobre la actuación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, desde la fiscalía reivindican el trabajo realizado con los 28 abogados de las víctimas y señalaron que, si bien no son parte del proceso, tuvieron acceso a la carpeta fiscal del caso y fueron informados en varias reuniones presenciales sobre las diligencias y los avances de la investigación para darle transparencia al proceso.

Las fuentes plantearon que sólo se declararon reservados los informes de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central para preservar la investigación, y que fue la fiscalía la que pidió a la Justicia el levantamiento de la reserva de esos documentos, una vez que así lo permitió la evolución de la investigación.

En cuanto a la reserva del pedido de formalización de los socios de Conexión Ganadera Pablo Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y la viuda de Gustavo Basso, Daniela Cabral, señalaron que no es habitual dar publicidad al pedido de formalización de la fiscalía antes de la audiencia y que en primer lugar deben ser informadas las personas a las que se busca imputar. Además, confirmaron que lo que motivó la solicitud de reserva es el pedido de embargo sobre una cantidad de inmuebles vinculados a los investigados por un monto de 16 millones de dólares, algo que podría perjudicar a los damnificados si es conocido de antemano.

Desde la fiscalía se comunicó a los abogados de los damnificados que todos los bienes que se logre recuperar serán ofrecidos al concurso para distribuir entre las víctimas, algo que ya fue hablado con el síndico de Conexión Ganadera, Alfredo Chiavatone.

También se refirieron a las tipificaciones, que fueron cuestionadas por Decia por considerarlas leves y que no abarcaban todas las conductas tipificables de los investigados. Desde la fiscalía señalaron que hasta ahora se busca imputar únicamente a Carrasco por lavado de activos y a Iewdiukow y Cabral por estafa, porque quien firmaba los cheques y las letras de cambio con los que se compró la mayoría de los bienes con dinero de Conexión Ganadera fue Carrasco, y el resto de los bienes se compraron con dinero y cheques de las cuentas de Basso.

Además, señalaron que el pedido de formalización es un primer paso en una investigación que continuará, y la ley prevé que la formalización puede ampliarse o modificar las medidas cautelares. “No es una posición definitiva ni una condena”, expresaron, y agregaron que “falta muchísimo para investigar” y diligencias pendientes, como las respuestas a los exhortos para obtener información bancaria en España, Estados Unidos, Paraguay y Panamá, donde fueron creadas dos sociedades.

Por otra parte, rechazaron que exista la posibilidad de imputar quiebra fraudulenta antes de que el juez de Concurso Leonardo Méndez, que investiga el proceso de quiebra de Conexión Ganadera, determine si se trata de una quiebra culpable o fortuita, y agregaron que así lo establece el artículo 1534 del Código de Comercio.

En cuanto al delito de apropiación indebida, señalaron que no corresponde imputarlo porque los bienes –el dinero de la inversión, el ganado o los intereses– fueron sustraídos mediante engaño, lo que enmarca la conducta en un delito de estafa, tal como plantea el artículo 347 del Código Penal. “El delito de apropiación indebida no requiere el engaño”, señalaron. Otro punto que señalaron es que el Código del Proceso Penal, en su artículo 224, señala que el fiscal está obligado a pedir prisión preventiva, pero el juez no está obligado a otorgarla.

Por su parte, el abogado Camilo Silvera, que representa a parte de las víctimas, señaló que el pedido de formalización puede ser ampliado más adelante. “Entiendo que eventualmente las personas que ahora no son investigadas por lavado de activos puedan ser imputadas más adelante [...]. Me parece que acá hay que dar la discusión en otro sentido, es un tema de la norma, la ley establece una pena para el delito de estafa que quizás pueda ser poco, mucho o más o menos, pero el fiscal lo que hace es cumplir la ley; no es culpa del fiscal que puedan tener un beneficio de prisión domiciliaria”, opinó.

Además, Silvera señaló que en caso de que se amplíe la formalización podrían incrementarse las medidas cautelares, aunque reconoció que se trata de personas sin antecedentes penales, por lo que la prisión preventiva no es preceptiva. “Hay que tener una dosimetría en lo que es la protección de los bienes jurídicos y la pena que va a recaer, y esto es resorte exclusivo del Parlamento”, expresó el abogado.