El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Alejandro Machado, rechazó el pedido de organizaciones de derechos humanos de revisar el archivo de la causa que investigó el espionaje ilegal en democracia por parte del Estado.
Una semana atrás, el coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera, había advertido a la diaria que luego de un año de haber presentado la denuncia el caso estaba “estancado”. Este jueves, los denunciantes fueron citados a la sede a los efectos de explicarles los motivos de la resolución. La fiscalía se amparó en el artículo 99 del Código del Proceso Penal, que determina que luego de que se haya dispuesto la culminación de un caso, el fiscal podrá iniciar o continuar una investigación “si se produjeren nuevos hechos o se aportaren nuevos medios de prueba que lo justifiquen”.
El caso había sido archivado en 2022 por el fiscal Enrique Rodríguez, que entendió en su momento que si bien había quedado probado el espionaje ilegal por parte de organizaciones vinculadas a la inteligencia del Estado desde 1985 a 2005, año hasta el que iban los documentos del “archivo Berrutti”, consideró que los delitos habían prescripto en 2015.
Los denunciantes solicitaron en 2024 la reapertura del caso por entender que, dado que el archivo recién había sido abierto al público en 2017 y pudieron confirmar el espionaje en su contra, se debería tomar a partir de esa fecha los diez años para la prescripción. En el mismo sentido, argumentaron que existen otros archivos, como el Castiglioni o los denominados “archivos del terrorismo de Estado”, que recién fueron públicos a partir de 2023 y 2024, respectivamente.