“Un hombre anciano, enfermo, ya condenado a cadena perpetua, hoy convertido en el chivo expiatorio de una historia más grande que él”. Así abrió su alegato el abogado Marco Bastoni en la audiencia hodierna del segundo juicio contra Jorge Néstor Tróccoli, exoficial de los Fusileros Navales (Fusna) uruguayos, ya sentenciado en 2021 en el llamado juicio del Plan Cóndor, y nuevamente acusado ahora por el secuestro y asesinato de tres personas: la maestra uruguaya y militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Elena Quinteros, secuestrada en 1976 y desaparecida desde entonces; y la pareja ítalo-argentina compuesta por Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza, secuestrada en Montevideo en 1977, cuyos restos fueron hallados en Asunción en 2016.
Durante los alegatos finales de este juicio, ya en su etapa definitiva, los dos abogados defensores de Tróccoli, Bastoni y Francesco Guzzo, reiteraron el pedido de absolución para su cliente, cuestionando no sólo el fondo de las acusaciones, sino la estructura misma del proceso. Un proceso que, según Bastoni, está “cargado de prejuicios políticos y morales” y construido “sobre una narrativa ideológica, no sobre hechos probados”.
Ante la Tercera Corte de Asís de Roma, Bastoni acusó a la fiscalía de basar toda la acusación en “testimonios indirectos, sin corroboración objetiva” y en una “prueba indiciaria” que definió como “un oxímoron dentro de nuestra doctrina jurídica”.
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Para la defensa, Tróccoli fue “un oficial menor, no un arquitecto del terror”; no fue planificador ni ejecutor consciente de los secuestros imputados. Según Bastoni, era “un oficialito de bajo rango, sin poder de decisión, ni autonomía”. Y añadió: “Su única culpa fue haber sido militar de Fusna durante una dictadura”.
Según Bastoni, la cadena de mando era rígida y cada acción estaba determinada por órdenes superiores: “Desobedecer significaba arriesgar la vida propia y la de la familia. Hay casos que lo prueban”. Como respaldo, citó la declaración de Gennaro Carotenuto en el juicio Arce Gómez (Plan Cóndor), según la cual más de 100 militares latinoamericanos desaparecieron por oponerse a las dictaduras. Y a quienes sostienen que Tróccoli podría haberse negado, Bastoni respondió: “Se ha citado el caso de Alex Lebel, un oficial que se negó a participar en interrogatorios bajo tortura. Pero Lebel venía de una familia poderosa, y aun así fue amenazado, sufrió atentados, fue presionado. No es cierto que desobedecer no tuviera consecuencias. En su testimonio, Lebel contó que sufrió dos atentados, que fue degradado y que chantajearon a su familia usando el tratamiento médico de su hija”.
En uno de los pasajes más duros, Bastoni criticó la idea del supuesto “cheque en blanco” para matar otorgado a los servicios represivos, llamándola “absurda”: “No existe ningún documento que respalde tal mandato. Es una construcción jurisprudencial para sostener una acusación débil”. Recordó el testimonio de Mirtha Guianze, exfiscal uruguaya, quien señaló al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) como el verdadero órgano de decisión en la lucha contra la subversión: “Las agencias de inteligencia no actuaban por cuenta propia. Recibían órdenes del poder político”.
Tanto Bastoni como Guzzo insistieron en otro eje ideológico: la necesidad de interpretar los hechos de los años 70 como parte de una “guerra interna” y no como un plan sistemático de exterminio. “Hubo una guerra –dijo Bastoni–. Hubo muertos de ambos lados”. En ese contexto, argumentaron, Tróccoli se habría limitado a cumplir órdenes, “como tantos otros oficiales”.
Bastoni también atacó el núcleo de la acusación: la supuesta falta de pruebas que vinculen directamente a Tróccoli con las tres víctimas del juicio –Elena Quinteros, José Agustín Potenza y Rafaela Filipazzi–. “No hay ni un solo elemento cierto, grave, unívoco y concordante. Ningún testigo directo. Sólo deducciones, hipótesis, analogías”.
Respecto del testimonio de Rosa Barreix, quien en el primer juicio dijo haber sido interrogada por Tróccoli estando embarazada, Bastoni replicó: “No le fue quitado el hijo. No hubo ningún abuso. Barreix recibió beneficios por colaborar: no fue víctima de un verdugo”. En este sentido, dedicó un tramo central de su alegato a la llamada “computadora”, el sistema de colaboración forzada con los órganos represivos en el que algunos detenidos eran obligados a realizar tareas de inteligencia bajo condiciones de esclavitud. Bastoni lo describió como un “mecanismo premial neutral” y lo comparó con el sistema aplicado en Italia con los colaboradores de la mafia.
La intervención del abogado Guzzo retomó y reforzó los argumentos de Bastoni. Con un tono más íntimo y dramático, retrató a Tróccoli como “un hombre solo”, víctima de una persecución judicial: “Ya está pagando por los errores de un sistema, por una guerra que no quiso. Está enfermo, viejo, con problemas cardíacos, ya condenado a cadena perpetua. Y aun así, lo siguen arrastrando a los tribunales”.
Guzzo criticó todo el andamiaje de la acusación, releyendo el acta de imputación ante el jurado popular y denunciando la “ausencia total de pruebas fácticas”. “No se puede condenar a una persona por formar parte de un sistema –dijo– sin demostrar su responsabilidad directa. Eso sería una injusticia humana antes que judicial”. Y agregó: “¿Acaso escucharon a un solo testigo decir: ‘Vi a Tróccoli con un arma en la mano’? Nadie. No se puede pedir cadena perpetua en nombre de la historia”.
“Hemos escuchado muchas historias personales, dolorosas –reconoció Guzzo–, pero pruebas contra Tróccoli, ninguna”. Recordó también que en el juicio Arce Gómez, del que este juicio deriva, muchos acusados fueron absueltos en primera instancia por falta de responsabilidad directa.
El abogado reconstruyó además la trayectoria personal del exoficial: desde su retiro en 1992, la vida en calma tras la amnistía de 1986, hasta su llegada a Italia en 2007, cuando en Uruguay comenzaban los primeros juicios a la cúpula militar. “Tróccoli siempre vivió como ciudadano italiano –recordó– y se presentó espontáneamente ante los carabineros. Nunca fue un prófugo”.
Guzzo pidió al jurado reflexionar sobre lo que significa garantizar un “juicio justo”, sin caer en la tentación de un “juicio ejemplar”. Rechazó la idea de suplir la falta de pruebas con una reconstrucción histórica, por más conmovedora que sea: “Comprendo el dolor por las víctimas, pero juzgar a un hombre no puede ser un acto simbólico”.
En conclusión, ambos abogados pidieron la absolución completa de Jorge Néstor Tróccoli “porque el hecho no existió” y la inadmisibilidad de las demandas reparatorias de las partes civiles. Sobre el final de su alegato, Guzzo dijo que se han utilizado hacia Troccoli “palabras severas, se han pisoteado los valores de la persona y del militar, se han utilizado tonos excesivos. ¡Tróccoli es un padre, un esposo. Ha habido una demonización!”.