Entre el 14 y el 19 de abril la Policía y de la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) realizaron operativos de allanamiento sin orden de la Fiscalía en viviendas ubicadas en la zona norte del Cerro de los Burros, en Playa Verde, señala un comunicado firmado por los “Vecinos afectados del Cerro de los Burros”.

Este lunes las personas intimadas concurrieron a la sede del Municipio de Piriápolis y se enteraron de que la IDM no abrió ningún expediente administrativo que respalde la intervención de sus funcionarios. Los vecinos indicaron que quisieron hacer los “descargos correspondientes” pero no encontraron las vías para ello dentro de la institución.

Además, los vecinos advierten que han sufrido difamación con “información falsa”, a través de posteos en redes sociales y artículos de la prensa, con un “montaje mediático” de fotos y videos, al que describen como “sensacionalista”.

A partir de la divulgación de información sobre la situación en Playa Verde, varias personas se han presentado en las viviendas para hostigar y acosar a los habitantes, alertaron los vecinos.

El miércoles y jueves de la semana pasada se presentaron en el terreno funcionarios de la IDM, periodistas, el jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, y el alcalde de Piriápolis, René Graña. Durante esos días funcionarios de la IDM y oficiales ingresaron a los domicilios de forma “prepotente” y exigieron datos personales, sin mostrar la orden de allanamiento, requerida por el artículo 195 del Código Penal de 2017.

Al día siguiente un dron sobrevoló los terrenos y llegó a descender a una altura de dos metros, registrando las instalaciones en imágenes difundidas por autoridades de la IDM y algunos medios de prensa. El sábado se repitieron las prácticas: entraron a las casas y sacaron fotos utilizando cámaras y drones.

El grupo de vecinos observó que durante las discusiones previas al ingreso a los domicilios, los oficiales de la Policía modificaron varias veces los argumentos sobre la legalidad del procedimiento, algo que sugiere que carecían de un documento legal que lo sustentara. Por esta razón presentaron una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

En la mañana del lunes las personas notificadas declararon en la Seccional 11 de Piriápolis y de tarde volvieron a recibir la visita de los funcionarios de la IDM y de la Policía, esta vez acompañados por dueños de inmobiliarias locales, señala el comunicado.

“Sorprenden las formas de accionar en un barrio donde prevalecen las prácticas de cuidado al lugar y entre quienes lo habitamos. Estamos cuidando el territorio. Se trata de un lugar natural que se mantiene por los vecinos, que durante años vienen protegiendo la zona para cuidar el patrimonio histórico, arqueológico, cultural, la fauna y la flora nativa”, reza el comunicado.

El director general de Vivienda de la IDM, Alejandro Lussich, dijo a la diaria que no cree que la Justicia “deba fallar” para que se les dé una vivienda a las personas que viven en el terreno y agregó que las “ocupaciones” deben ser “contenidas”.

En la misma línea, Lussich contó este jueves en una entrevista con el diario fernandino Cinco Dedos que la intendencia también intervino en fraccionamientos de Punta Negra, Balneario Buenos Aires, Santa Mónica y La Capuera por situaciones similares a las realizadas en Playa Verde.

El director general de Vivienda de la IDM adelantó que analizará junto con la alcaldesa de Solís Grande, Patricia Martínez, una denuncia por ocupación de terrenos, que hicieron vecinos del balneario Bella Vista.

Sobre las tierras en Cerro de los Burros

En las tierras que rodean el Cerro de los Burros - declarado patrimonio y monumento histórico nacional-, también se erige “El Gran Chaparral” propiedad del empresario argentino Marcelo Balcedo, investigado por asociación ilícita y lavado de activos

La propiedad de Balcedo ocupa 90 hectáreas linderas a las áreas patrimoniales, según informó en 2018 Radio Uruguay. En ese momento, vecinos de la zona emitieron un comunicado en el que reclamaron por una “recomposición ambiental”, debido a la “tala de monte nativo, movimiento de suelo, vallado, clausura de una calle pública y la instalación de un sistema de iluminación misiva”, que se realizaron en la finca del magnate.

Balcedo y su esposa, Paola Fiege, son investigados por el desvío de fondos del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación de Argentina hacia el diario platense Hoy y la radio FM 92, cuya dueña es la madre de Balcedo.

La Justicia Argentina hizo un pedido de extradición de la pareja y consideró que el acuerdo abreviado -que obtuvieron en octubre 2020 en Uruguay- implica un incumplimiento del Tratado Bilateral de Cooperación Internacional.