El jueves el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se mostró preocupado y sorprendido por la decisión de la gremial Vendedores de Combustibles de Maldonado (Vecoma) de no aceptar pagos con tarjeta de crédito o débito a partir del 4 de abril.

La decisión fue tomada por el alto costo de los aranceles que cobran los bancos por los pagos con medios electrónicos, explicó esta semana a la diaria Federico de Castro, gerente de la Unión de Vendedores de Nafta, el gremio de estacioneros a nivel nacional.

Con los últimos incrementos en los precios de los combustibles, los bancos elevaron su ganancia en detrimento de los comerciantes, indicó De Castro.

Según reportó Telemundo, el presidente dijo que se contactó con el ministro de Industria, Omar Paganini, para buscar una solución, con la mediación del Banco República (BROU).

Por su parte, el Consejo Central de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) emitió un comunicado en el que asegura que se trata de una “decisión corporativa de un conjunto de empresarios que busca desterrar la diversidad de medios de pago en nuestras relaciones de consumo; va en sentido contrario a las tendencias internacionales, a la prestación de servicios modernos y de calidad a sus clientes, e incluso a la orientación del propio Estado que impone su uso [de tarjetas] en los peajes de todo el país”.

Además, señalan que los empresarios anteponen sus intereses particulares por sobre los del país “provocando una afectación directa para el turismo de nuestro principal balneario, en tiempos donde este sector ha sufrido dos temporadas críticas”.

Otro de los aspectos que AEBU encuentra inaceptable es la exposición de los trabajadores a la inseguridad que supone el manejo sólo de efectivo.

El último punto del comunicado dice que “la justificación de que los costos de los medios de pagos digitales inciden negativamente en la rentabilidad se ha utilizado reiteradamente —y en esta ocasión también— para reclamar la liberalización del precio de combustibles, lo que llevaría a un mayor encarecimiento de sus precios y a transformar a las poblaciones más distantes de la capital del país en rehenes de los costos de traslado”.

Finalmente AEBU pide que las autoridades “tomen cartas en el asunto a fin de evitar los perjuicios mencionados. Los daños que esta decisión empresarial provocará sobre un sector económico fundamental y sus trabajadores requieren la intervención del Poder Ejecutivo”.

En tanto, Lorena Lavecchia, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, dijo a la diaria que “sería un escándalo” que el gobierno decidiera exonerar a las estaciones de alguno de los tributos.

“Lo que les pasa a las estaciones de servicio les pasa a todos los comerciantes, les pasa a los trabajadores que hacen más determinados retiros. Si bien el Consejo Central se manifiesta de esta manera, la Comisión Representativa del BROU fue muy crítica [en 2018] sobre lo que significa la inclusión financiera. El Estado se achica y hay una pérdida de soberanía porque se empiezan a pagar miles y miles de millones de dólares de comisiones a redes de cobranza privadas por las tareas que antes hacía el Estado”, opinó.

Para Lavecchia, “si llegara a haber una solución para beneficiar a los dueños de las estaciones de servicio sería un escándalo porque no dejamos de cobrar el IVA a los jubilados en el crédito social. Los trabajadores estamos perdiendo salario, hay movilizaciones, paros y despidos, son reclamos que no son escuchados, son ninguneados por el presidente. Ahora, cuando reclaman los amigos inmediatamente levanta el teléfono y llama al otro presidente [del BROU] para pedir que le solucione el problema. Esperemos que si se considera a los dueños de las estaciones se considere a todos los colectivos que están siendo afectados por las comisiones, por el aumento de los precios y por la rebaja salarial”.

En tanto, Max Sapolinski, segundo vicepresidente del BROU, dijo a la diaria que no está al tanto de la comunicación entre Lacalle Pou y el presidente del banco, Salvador Ferrer, pero aseguró que desde el organismo están trabajando en alternativas más convenientes como, por ejemplo, la promoción del uso de TuApp, que funciona como una billetera electrónica.

Sobre esta aplicación comentó que ya está operativa, pero lo que quiere el BROU es que se use más; de todas formas dijo que se está trabajando es aspectos técnicos para que pueda llegar a un número más grande de personas, pero esto no será antes de que se inicie la semana de Turismo; además, esta es una aplicación para personas que tengan cuenta en el BROU.

Con relación a otras soluciones dijo: “Se pueden realizar cosas, lo que pasa es que no es sólo potestad de banco porque las tarjetas se manejan con un sello y hay otros actores en el medio de la cosa”.

José Pereyra, presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, aseguró a la diaria que la cámara apoya a los dueños de las estaciones de servicio y recordó que esta no es la primera vez que se toma una medida de este tipo.

“Hay una intransigencia por parte de los sellos y las estaciones quedan en el medio, entre el Estado y las tarjetas de crédito”, dijo y agregó que las “utilidades que les quedan a las empresas cada vez son menores”.

Pereyra sostuvo que “en el mundo el conflicto con las tarjetas y el poder de los bancos es histórico. Ellos fijan los contratos cuando uno entra al banco, nada se negocia ni hay alternativas”.