La Comisión de Fomento de Punta Colorada y el colectivo Nativos Punta Colorada emitieron un comunicado, el lunes, en el que advierten que la construcción del segundo tramo de la rambla costanera, llevada adelante por la comuna de Maldonado en el marco del proyecto “Rambla San Francisco y Punta Colorada”, “afectará aún más la agresión del ecosistema de la playa, especialmente sobre la movilidad de las dunas”.

“Fruto de estar mal ubicada la rambla y el permanente retiro de arena con maquinarias de la Intendencia de Maldonado, se puede constatar a simple vista una sensible disminución de la propia playa”, expresaron las asociaciones civiles en el comunicado al que accedió la diaria. Por otra parte, señalaron que las consecuencias no son sólo ambientales por la erosión de la costa, sino que la obra perjudica al turismo local, “del cual dependen muchísimos habitantes de la zona”.

Los vecinos lamentaron que la Intendencia de Maldonado no haya considerado las “propuestas alternativas” que ofrecieron para crear un “paseo costero marítimo”, que incluía opciones “técnicamente estudiadas”, para descongestionar el tránsito en lo que denominan una “mala ruta costanera”.

“Entre Punta Colorada y el cabo rocoso Punta Negra (situado más al este) existe ya la Rambla Costanera que, muy mal ubicada, atraviesa y se apoya sobre las dunas a lo largo de la playa Brava. Permanentemente, ante una mínima sudestada, la arena invade esta rambla”, indicaron. No obstante, aclararon que están de acuerdo en la necesidad de hacer una “remodelación” de la rambla, pero con el objetivo de hacerla “más amigable al peatón” y “sin priorizar” a los vehículos “por sobre el medioambiente”.

Por esa razón, los colectivos solicitaron al Ministerio de Ambiente (MA) que intervenga y haga cumplir las recomendaciones para la protección del medioambiente, de acuerdo a los estudios de impacto ambiental. A la intendencia, en tanto, le pidieron que postergue las obras hasta que el MA se expida al respecto.

La solicitud se enmarca, según indicaron, en el acuerdo de Escazú, que Uruguay ratificó en 2021, y en la Ley 19.772 (Directriz de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del Espacio Costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata), que en su artículo 9 dispone que “los trazados viales vehiculares cercanos y paralelos a la ribera tenderán a transformarse en paseos costeros marítimos peatonales o vehiculares de baja intensidad”.

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