Gabriel Pérez, el vecino del balneario Ocean Park que semanas atrás denunció a cuatro personas por retenerlo y golpearlo antes de entregarlo a la Policía como presunto cómplice de robos en la zona, alcanzó un “acuerdo reparatorio” con sus agresores, informó la Fiscalía.

El acuerdo reparatorio está previsto en el artículo 393 del Código del Proceso Penal y es una de las vías alternativas de solución del conflicto, recordó el vocero Javier Benech. Esto “implica un acuerdo entre la víctima y el imputado, a diferencia del proceso abreviado, que implica un acuerdo entre la Fiscalía y el imputado. Acá la Fiscalía realizó la formalización de la investigación y luego las partes llegaron a un acuerdo por el cual se extinguen los delitos”, precisó.

Sebastián Silvera, abogado de la víctima, informó a la diaria que las personas denunciadas pagarán a Pérez un total de 11.000 dólares y que, en contrapartida, se le extinguirán los delitos por los cuales la fiscal Ana Rosés les había formalizado un juicio. Tres fueron imputados por violencia privada y lesiones personales, y uno también era investigado por simulación y calumnias; todos delitos admitidos en las condiciones para un acuerdo reparatorio.

Aunque hubo indicios sobre otras retenciones ilegales realizadas por el mismo grupo en Ocean Park, y así lo indicó un parte oficial de la Policía de Maldonado, la Fiscalía no avanzó sobre esos casos porque no recibió denuncias.

En cambio, profundizará en la indagatoria sobre la actuación de los policías del destacamento de Portezuelo que aceptaron a Pérez golpeado y en shock, y que dejaron ir a sus captores sin interrogarlos sobre las circunstancias de la retención.

El caso tuvo fuerte repercusión política. El diputado frenteamplista Eduardo Antonini había reclamado una investigación del Ministerio del Interior, con la presunción de que el grupo actuaba en acuerdo con la Policía, ya que se habían registrado otros casos que no llegaron a trascender públicamente. Desde la Junta Departamental, dos ediles frenteamplistas advirtieron sobre la gravedad de estos casos. Sergio Duclosson acotó que estos episodios le recordaban a las épocas del Ku Klux Klan.

Por otra parte, el caso de Ocean Park generó un extenso debate en este y otros balnearios de la cuenca de la Laguna del Sauce, y promovió varias actividades organizadas por agrupaciones vecinales locales para erradicar los hechos de violencia entre vecinos y contribuir a una convivencia pacífica.

La más importante fue organizada por la Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo, donde participó el abogado penalista Jorge Barrera y dos profesionales en materia de neurolingüística y comunicación no violenta. El encuentro se realizó a sala llena y se extendió durante varias horas.

Algunos habitantes del cercano barrio La Capuera confesaron que se sentían perseguidos por su “apariencia delictiva” y manifestaron su temor por la frecuencia con que se producían “arrestos ciudadanos” que no lo son, en tanto los vecinos que los invocan actúan por fuera de la ley que habilita a este procedimiento.

Tampoco faltaron los reclamos de refuerzos para la policía del destacamento de Sauce de Portezuelo que, a juicio de los vecinos, no cuenta con los elementos necesarios para afrontar el explosivo crecimiento demográfico de la zona.