Con votos oficialistas, la Junta Departamental de Maldonado autorizó al Ejecutivo a llamar a una licitación pública para la “clasificación, valorización y disposición final de residuos sólidos urbanos” por 20 años, bajo un régimen de iniciativa privada propuesto por la actual concesionaria, Dulcelit SA (Aborgama). Esto ocurrió en la última sesión extraordinaria convocada antes de un receso por las elecciones de este domingo 27.
En su informe en mayoría, los ediles de las comisiones de Planeamiento y Ordenamiento Territorial y de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones recomendaron la anuencia teniendo en cuenta que “la propuesta está alineada con las políticas de ahorro energético y sustentabilidad ambiental de la administración”.
También expresaron que cuenta “con el visto bueno del Ministerio de Industria, Energía y Minería y del Ministerio de Ambiente, así como de la Dirección de Medio Ambiente, la Dirección General de Hacienda y de la Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia Departamental” (IDM).
Los ediles blancos argumentaron que esto permitirá poner al departamento a la vanguardia en Uruguay y que evitará “el colapso” de un sistema que recibe cada día más residuos –con un incremento de 4% mensual en baja temporada–, producto del “crecimiento demográfico y la mayor capacidad de consumo de los habitantes”.
“Maldonado está colapsando en materia de manejo de residuos. Sin esto, revienta Maldonado, que está creciendo mucho demográficamente y económicamente”, dijo el nacionalista Adolfo Varela, basado en la información que recibieron de jerarcas de la IDM en las comisiones. “Se pide un llamado a licitación por 20 años y esto nace por iniciativa privada de la empresa para seguir siendo pioneros en cómo trata los residuos. La inversión no es amortizable de un día para otro”, argumentó.
La iniciativa privada que Aborgama presentó en 2022
La IDM se dispone ahora a hacer el llamado público, aunque Aborgama presentó el proyecto a principios de 2022. La apertura del sobre con la propuesta de iniciativa privada de “gestión integral de residuos”, denominada Ecoparque Las Rosas, se hizo en junio de ese año, según indica el expediente de 99 fojas al que accedió la diaria.
Dulcelit SA propuso una inversión estimada de 32.201.699 dólares para desarrollar la gestión en siete módulos. En primer lugar, plantea la instalación de una planta de recuperación y reciclaje para recibir el 100% de los residuos del departamento; luego, un relleno sanitario con un sistema de captura de biogás; y en tercer lugar una planta de tratamiento de lixiviados y líquidos contaminados con un sistema de lagunas amortiguadoras y de ósmosis inversa.
El cuarto módulo proyectado es una planta de generación de energía eléctrica a partir del biogás captado en el relleno sanitario, con destino a autoconsumo del proyecto y suministro a la IDM. Luego instalará un generador térmico de vapor a partir del procesamiento de podas y residuos vegetales; y una nave para almacenamiento, trasbordo y gestión de residuos extraordinarios “no clasificados como sólidos urbanos”.
El séptimo módulo de la propuesta es la construcción de un auditorio y sala de educación ambiental de 350 metros cuadrados para “el desarrollo del conocimiento y la concientización medioambiental” y “capacitación y entrenamiento de profesionales, jóvenes y niños”.
Un informe favorable, aunque falta información
El ingeniero civil Federico Stefenino, de la dirección de Medio Ambiente de la IDM, evaluó la iniciativa privada como “beneficiosa” para la IDM. “Encaja en los objetivos a nivel departamental y nacional de economía circular y sustentabilidad ambiental, contando con aspectos novedosos, como la recuperación y valorización de los plásticos, reciclaje de 100% de los residuos, planta de tratamiento de efluentes por osmoxis [sic] inversa, planta de valorización energética de residuos vegetales por biomasa y centro de visitantes”, concluye en el extenso reporte que firmó en setiembre de 2022.
No obstante, Stefenino reconoce en su informe que “no se cuenta con información suficiente para estimar la generación de biogás o de la carga consumida por el total de las operaciones”. Entonces ofrece algunas recomendaciones para “determinar con mayor grado de certidumbre” la generación de energía en un horizonte de 20 años. Además, advierte que Aborgama “no hace referencia a un plan de mantenimiento de los equipos del generador”, cosa que considera “relevante al momento de determinar la generación total”.
“Todas las incógnitas deberían ser aclaradas y contempladas dentro de los cálculos de generación esperada, por lo cual se recomienda solicitar a la empresa la ampliación de la información sobre estos aspectos”, escribió el ingeniero.
Evaluación económica del proyecto
En la “justificación económico-financiera” del Ecoparque Las Rosas, basada en proyecciones de los escenarios de demanda y de inversión, Aborgama detalla sus tablas de cálculos y pide a la IDM la concesión de los servicios por 20 años.
En el capítulo de evaluación económica, la empresa estima ingresos anuales por 3.200.000 dólares por la generación de energía. El ingreso “está sujeto” a los acuerdos que se logren con UTE y la IDM: “De fijarse un peaje eléctrico por parte de UTE, es de esperar que la empresa reciba los ingresos calculados. De lo contrario, se estará sujeto a lo que se acuerde entre las partes y la empresa deberá reevaluar si la propuesta sigue siendo rentable”, recoge Stefenino.
En cuanto al “costo-beneficio” para la IDM, señala que Aborgama generará unos 41 empleos, aportará “hasta ocho hectáreas” de terreno para ampliar el sitio de disposición final de residuos actual, y que se podrán aprovechar materiales que de otro modo se descartarían. La empresa también propone seguir los estándares internacionales para ingresar al mercado de créditos de carbono, hecho que para el ingeniero de la IDM es “una posible fuente de ingresos adicional” por venta de bonos.
“En términos puramente financieros, si el costo de las obras de inversión del generador a la red se recupera (con una tasa adecuada) en ahorro por disminución del precio de la energía para la IDM, manteniéndose la rentabilidad de la empresa en el período de concesión de 20 años, esta iniciativa resultaría en un beneficio neto” para la comuna, concluyó el funcionario de Ambiente de la IDM en su informe.
Por qué el FA entiende que 20 años es demasiado
El Frente Amplio (FA) objetó el plazo de 20 años planteado en la propuesta y pidió reducirlo a la mitad, pero el oficialismo insistió con que la concesión implica “cambios radicales” que dejarán a Maldonado “al nivel de los europeos” en el tratamiento de residuos, y que un plazo inferior no sería redituable para la empresa.
Para la bancada opositora, la necesidad de modernizar y ampliar el sistema es “compartible”, pero la propuesta presenta “inconsistencias” y la licitación por 20 años sería “un acto de fe” a favor de la empresa. La edila Marie Claire Millán sostuvo que la IDM no pidió la ampliación de información sugerida por su técnico, ni se despejaron “las incógnitas” que el funcionario detectó en su informe. “No existe un estudio para confirmar la ecuación económica planteada por la empresa”, advirtió.
Los ediles frenteamplistas se preguntaron por qué la IDM resolvió abrir un llamado por iniciativa privada faltando ocho meses para el final de este período de gobierno, cuando Aborgama lo presentó a comienzos de 2022. Millán cuestionó que, si bien se remarca que será una licitación pública internacional, “parece que Dulcelit ya ganó” y tendrá ventaja “sin haber realizado inversiones durante la concesión” que la comuna le fue prorrogando, año a año, desde que Antía asumió su anterior gobierno.
Los ediles Joaquín Garlo y Fermín de los Santos insistieron con que la IDM debió actuar antes, sabiendo de la compleja situación del relleno sanitario y de la necesidad de inversión. A su juicio, en lugar de renovar contratos anuales desde que asumió en 2015, el Partido Nacional pudo llamar a una licitación pública que no estuviera atada a la iniciativa privada que da ventajas a Dulcelit SA.
Como Millán, Garlo cuestionó la falta de inversión por parte de la empresa en estos años. Sostuvo que en recorridas por la planta constataron que operan máquinas de los años 80, con conductores que carecen de libreta profesional y que tampoco cuentan con la indumentaria adecuada para la tarea de riesgo que desempeñan, entre otras situaciones que, a su juicio, ponen en cuestión la gestión y abren dudas sobre lo que pasaría de obtener una concesión por 20 años.
De los Santos recordó que el expediente estaba en la Junta Departamental porque la propuesta excede el período de gobierno y cuestionó: “¿Por qué la IDM actúa a partir de una iniciativa privada sabiendo la problemática? ¿Los técnicos no sabían que habría un colapso?”. En su opinión, en estos años la IDM “estuvo omisa” al permitir que se llegara a “una gravísima situación” que los ediles blancos “catalogan de crítica”.
Los argumentos de la oposición cayeron en saco roto y, con votos de la bancada blanca y del Partido Colorado, el intendente Enrique Antía quedó habilitado a lanzar la licitación.