La Intendencia de Maldonado (IDM) tiene al menos 1.344 juicios activos y en proceso contra morosos por tributos de contribución inmobiliaria, sobre todo por padrones ubicados en la zona costera departamental.
En diciembre la comuna intimó a un total de 79 propietarios -herederos o sucesores- y ocupantes a realizar los descargos sobre la deuda que mantienen por este concepto, en el marco de la licitación tercerizada de gestión de cobro con el estudio Posadas, Posadas & Vecino (PPV).
Como resultado, sólo el 26 de enero el director de Hacienda, Jorge Buda, habilitó a iniciar nuevas acciones legales por deudas en un paquete de 23 padrones costeros. De acuerdo a las resoluciones, publicadas en el sitio oficial de la comuna y relevadas por la diaria, el monto total es de $7.340.000 (equivalentes a 187.900 dólares).
La medida alcanza tanto a adeudos acumulados durante 30 años como a algunos generados en la actual administración. La mayoría de los casos -18 en 23- recaen sobre padrones ubicados en Balneario Buenos Aires, mientras que el resto corresponden a El Tesoro, Punta del Este, Piriápolis, Sauce de Portezuelo y Punta Colorada.
La mira en Balneario Buenos Aires
Las acciones judiciales por padrones en Balneario Buenos Aires apuntan a cobrar un total de 6.170.000 pesos en propiedades que figuran a nombre de uruguayos, argentinos y paraguayos.
La deuda más voluminosa suma $ 757.067, generados desde 1994 hasta el ejercicio 2023 inclusive. En este caso, la demanda de la comuna va contra “los propietarios o poseedores a cualquier título” del padrón 13.740.
No obstante, el grueso de los casos del balneario corresponde a deudas acumuladas desde 2005 y rondan los 350.000 pesos. La más reciente data de 2016 y corresponde a un padrón perteneciente a empresarios paraguayos, que deben a la IDM un total de $ 123.437.
La heredera de Bioy Casares y Silvina Ocampo
Entre los casos de Balneario Buenos Aires, hay dos que llaman la atención. Uno, porque involucra a 17 propietarios -todos de diferentes apellidos extranjeros- de un mismo padrón, que acumulan una deuda de $ 395.500 desde 2005.
Otro, porque quien aparece como deudora es la argentina Sara Josefina Demaría, heredera de la mitad del patrimonio de Silvina Ocampo y de los derechos de autor de Adolfo Bioy Casares por ser la madre de Fabián, uno de los hijos extramatrimoniales del escritor.
Además, Finita Demaría estuvo casada con el empresario Eduardo Ayerza Zuberbühler, que, entre otras cosas, fue uno de los fundadores del Club de los Balleneros junto a Carlos Páez Vilaró en los años 60 y que falleció en 2013, a los 90 años de edad.
Precisamente, la deuda por el padrón que está a nombre de Sara Josefina Demaría en Balneario Buenos Aires comenzó a acumularse en 2006, año en que murió Fabián Bioy (Ayerza, hasta que el escritor lo reconoció en 1998) sin descendencia. En este caso la IDM pretende recuperar $ 342.626.
Dos empresas deudoras
Sólo dos de los 23 padrones implicados en las acciones judiciales de diferentes balnearios pertenecen a empresas: uno está en Sauce de Portezuelo a nombre de Taylor SA y el otro se encuentra en Punta del Este como propiedad de Kentyl SA.
De acuerdo a las resoluciones, la deuda de Taylor -propietaria de buena parte de los terrenos de Sauce de Portezuelo- corresponde al padrón 16.691 y se acumula desde 2005 por un monto de $ 301.392, incluidas multas y recargos.
La deuda de la empresa Kentyl SA corresponde a la “unidad 118” del padrón 33 de Punta del Este por los ejercicios 2020 a 2023 y suma $ 140.551.
Los criterios para demandar
No todas las deudas que pretende cobrar la IDM mediante litigios son voluminosas o de vieja data: algunas rondan los 1.500 dólares y se generaron a partir de 2021.
Consultado sobre los criterios para iniciar las acciones legales, el prosecretario de la IDM, Álvaro Villegas, recordó que la licitación pública adjudicada a PPV permite ir sobre padrones “con una antigüedad moratoria mayor a tres meses”.
¿Qué pasa cuando el demandado es “titular, heredero, sucesor u ocupante” y no figura el nombre de la persona en la intimación? De acuerdo al Código Tributario y Reglamento de Actuación Administrativa, en esos casos se realiza la notificación en el padrón, se publica en el Diario Oficial y en medios de prensa departamental.
“En los casos consultados, cuando no se puede determinar el titular, no se inicia un juicio ejecutivo tributario, sino un juicio ordinario y en la etapa judicial de ‘reconstrucción de título’ se determina el titular del bien”, dijo Villegas.
Si bien en la web de la IDM sólo aparecen las 23 resoluciones de marras, el prosecretario señaló que “desde el 26 de enero a la fecha se han realizado 79 resoluciones que determinaron el inicio de nuevas acciones judiciales”.
La última información en su poder da cuenta de que, al 23 de enero pasado, había un total de 1.344 juicios activos y en proceso. PPV lleva seis años intimando a los deudores de la IDM y definiendo juicios. Desde 2017 hubo un total de 20 remates judiciales, lo cual para Villegas refleja “el éxito” de este mecanismo de gestión de cobro.