Unos 20 núcleos familiares, que aseguran ser poseedores de terrenos en Sauce de Portezuelo y en Ocean Park, crearon el Colectivo Aruera para exponer la “grave” situación que atraviesan a raíz de denuncias por usurpación planteadas, desde el verano pasado, en estos balnearios ubicados en el Municipio de Piriápolis.
A través de su cuenta en Instagram, el colectivo señaló que se trata de denuncias “anónimas” presentadas por personas que, según su información, “no son dueñas, ni herederas ni antiguas poseedoras de los padrones” que habitan.
Ante estas denuncias, dicen que la Policía llega “en buenos términos” a solicitarles que presenten la documentación que acredite esa posesión ante el destacamento de Sauce de Portezuelo, y que ellos “responden de buena fe”, llevando recibos, pruebas de mejoras realizadas en los padrones, además de testigos.
Sin embargo, independientemente de la situación de cada uno, “en cuestión de 48 a 72 horas” reciben “intimaciones de desalojo por orden de Fiscalía”, en comunicaciones que “a veces se realizan de forma telefónica”. En algunos casos, para no entrar en desacato, se han retirado. No obstante, las familias sostienen que se les ha negado el derecho a un abogado, que tampoco les entregan copias de la documentación que llevan a la Policía, y que los documentos que firman no son adjuntados al expediente de cada caso.
El Colectivo Aruera considera que estos procedimientos son “totalmente informales, irregulares y contradictorios” y que “pasan por alto cualquier tipo de prueba, declaraciones y aportes de testigos”. Además, cuentan que hay “civiles uniformados”, quienes, suponen, son integrantes de la propia comunidad, merodeando sus casas y alumbrándolas durante la noche.
Aunque han intentado explicar que “no están vinculados con ningún hecho delictivo” y que, “simplemente”, están ejerciendo sus derechos, denuncian que son “perseguidos, estigmatizados y criminalizados” como intrusos “por parte de cierto grupo reducido de vecinos y por parte de la Justicia de Maldonado”.
La “incongruencia legislativa”
Los poseedores invocan los derechos consignados por los artículos 646, 647 y 649 del Código Civil, “normativas y legalidades vigentes, para acceder a la tierra y a una vivienda digna con el fin de habitar”. También señalan que antes de instalarse en los terrenos de manera pacífica, investigaron a sus anteriores dueños y deudas tributarias, costearon los trámites y buscaron asesoramiento profesional. “Muchos dueños han fallecido, no hay herederos, y se suman deudas por más de diez años”, especifican.
El Código Civil uruguayo determina que si un ocupante prueba su ingreso pacífico (sin resistencia) al terreno y que vivió ininterrumpidamente en el lugar con las obligaciones de un propietario (mantener el predio en condiciones, cercar el lugar, construir, cultivar sus alimentos), puede ser declarado poseedor del inmueble al cabo de un año y aspirar a los títulos de prescripción adquisitiva; es decir, transformarse en propietario.
Quien logra la declaración judicial de poseedor puede llegar a ser propietario 30 años después, según el código. Pero existe una prescripción adquisitiva especial para los poseedores que se encuentren en situación de pobreza y que dispongan del terreno con fines de vivienda para sí o para su familia. En tal caso, el poseedor tiene la chance de ser propietario en cinco años, de acuerdo al artículo 65 de la Ley de Ordenamiento Territorial.
Sin embargo, al margen este derecho reconocido por el Código Civil, en 2007 la Ley 18.116 modificó el artículo 354 del Código Penal –sobre usurpación– y criminalizó todo tipo de ocupaciones de inmuebles ajenos, no sólo las cometidas con “violencia, engaño, abuso de confianza o clandestinidad” que se castigaban hasta entonces. También estableció la ocupación de inmuebles ubicados en balnearios como agravante del delito de usurpación, y habilitó a que cualquier persona –no sólo el dueño– pueda denunciar un presunto caso.
Esta situación, que para el Colectivo Aruera constituye “una incongruencia entre el derecho civil y el derecho penal”, es la que desata las persecuciones vecinales y conflictos judiciales. Por eso se unieron a para exigir “que la Justicia de Maldonado respete” sus derechos y que los vecinos que los hostigan y denuncian “comprendan que hay familias actuando de buena fe y dentro de las normas vigentes”.
Su objetivo es que “se escuche la versión real de los hechos”, en tiempos en que “se está propagando el miedo y la división en los balnearios”. “Somos personas forjando una vida digna, protegiendo la naturaleza y el paisaje, con una visión ecológica y proyectos de residencia que promueven la biodiversidad”, remarcan, en su esfuerzo por que “la comunidad y aledaños” entiendan su situación.