En junio pasado Omar Hernández denunció que su hija Lucía, quien padece atrofia muscular espinal, no había podido acceder a una de las salas del Life Cinemas de Punta Shopping por falta de espacio para su silla de ruedas motorizada. A raíz del reclamo público, intervino la directora de Políticas Inclusivas de la Intendencia de Maldonado, Eliana González, quien aseguró que la comuna sugirió a la empresa que realizara modificaciones y que esta las había aceptado. Sin embargo, “todo quedó en nada”, dijo Hernández este martes a la diaria.

Cuando el asunto tomó estado público, González declaró a la diaria que, tras una inspección junto con una arquitecta de Urbanismo de la IDM, habían constatado que “hay accesibilidad, pero que el espacio no está pensado para sillas de ruedas motorizadas”. “Hay que sacar una fila de butacas y detalles que sugerimos y que ellos aceptaron. Se tiene que hacer y no hay otra vuelta”, declaró la directora. Pero eso no ocurrió.

El padre de Lucía señaló que el 19 de julio se reunió con la gerenta general de Life Cinemas, Mariana Chango, pero no lograron ponerse de acuerdo sobre las dificultades de accesibilidad a las salas. La directora de Políticas Inclusivas de la IDM, en tanto, recomendó a la familia que hiciera gestiones con otra persona, pero Hernández entendió que el contacto correspondía a las autoridades departamentales y no avanzó en ello. Consultada este martes, González prefirió no realizar declaraciones sobre el caso.

Otras gestiones truncas

Hernández también contó que habló con la edila frenteamplista Beatriz Jaurena para que la Junta Departamental interviniera en el asunto. Por el momento, tampoco esta iniciativa tuvo resultados positivos. Jaurena, quien integra la Comisión de Derechos Humanos del legislativo, manifestó a la diaria su intención de coordinar una visita a las salas junto a otros ediles, representantes de Life Cinemas y la directora de Políticas Inclusivas “para verificar la situación de primera mano”.

No obstante, señaló que la mencionada comisión “no funciona desde hace bastante tiempo”, lo cual conspira contra la intervención de la Junta Departamental en el asunto. “La cultura es un derecho y, teóricamente, todos los espectáculos públicos deberían contar con acceso especial para las personas con problemas de movilidad. Estamos buscando que todos los centros culturales, no sólo este cine, cumplan con las normativas”, dijo la edila.

Por otra parte, Hernández dijo que acudió a la Defensoría del Pueblo, cuyas autoridades alegaron “que no podían intervenir en un asunto entre privados”. Aseguró que, por otra parte, la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad habría tomado parte en el tema, pero, más allá de un llamado inicial, no tuvo más novedades.