Karina Núñez, cofundadora y dirigente del sindicato O.TRA.S (Organización de Trabajadoras Sexuales del Uruguay), visita Maldonado con frecuencia para sondear las necesidades y problemas que afrontan sus compañeras en el departamento. Sus recorridas le permiten concluir que, entre las trabajadoras, “hay mucha informalidad y mucho desconocimiento en materia de derechos”.

En su opinión, aunque existe una normativa nacional que regula el trabajo sexual, “las regulaciones departamentales no están alineadas” y eso genera “un desfasaje importante”. La situación se refleja, por ejemplo, en la salud de las mujeres: no se está aplicando la pauta de carácter ministerial que, desde 2019, regula su atención tanto en el subsector público como en el privado.

“Continúan yendo a una única policlínica autorizada, en vez de asistir al prestador de salud al que pertenecen, y pasan de mes a mes en vez de hacerlo cada seis meses como establece la normativa. La falta de información y coordinación impide una atención adecuada”, explicó. En este punto señaló que los prestadores privados no pueden negarse a asistirlas o entregarles su libreta de profilaxis venérea (uno de los requisitos para obtener el carné habilitante), ya que son parte del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Núñez atribuyó el incumplimiento de la citada pauta ministerial a “la desinformación” por parte de las direcciones departamentales y de la Red de Atención Primaria (RAP). “No informan correctamente a las usuarias del servicio de profilaxis del departamento de Maldonado con respecto a cuáles son los derechos que tienen”, lamentó.

Luego vinculó el problema con “la falta de solidez” del organismo rector del trabajo sexual en Uruguay, que es la Comisión Nacional de Trabajo Sexual y con la ausencia de trabajadoras sindicalizadas en buena parte del territorio. “Deben pelear por sus derechos, porque ninguno te cae del cielo”, instó.

Otro de los problemas que acusan las trabajadoras de Maldonado son las estafas por pago con dinero falso, o la negativa de los clientes a pagarles por el servicio prestado. “Ninguna se anima a ir a denunciar. Son reticentes a interactuar con la policía. Ninguna de las diez víctimas de estas situaciones que registramos expresaron por qué”, lamentó.

Por otra parte, subsiste un estigma que la mayoría prefiere evitar. “Las compañeras no quieren saber nada con que la gente sepa a qué se dedican. Sindicalizarse implica reconocer, ante su círculo, que son trabajadores sexuales y el estigma pesa muchísimo. Eso dificulta la organización y la visualización de sus problemas”, acotó la dirigente.

La ley reconoce como trabajadoras sexuales a todas las personas mayores de 18 años que ejercen la prostitución de manera voluntaria y reciben un pago por ello en dinero o en especies. Pero que no todas las mujeres que se encuentran en situaciones comunes de oferta de servicios sexuales, como en esquinas o locales, califican como tales. Hay una diferencia entre quienes trabajan con libreta habilitante y aquellas que no la poseen.

La regulación del trabajo sexual en Uruguay permite el ejercicio voluntario, pero la libreta proporciona respaldo jurídico en casos de violencia o incumplimiento de pagos. “Cuando un cliente no te paga o te maltrata, si no tenés la libreta no tenés quién te proteja; tenés que recurrir a algún proxeneta para que saque la cara por vos. En cambio, si te presentas con la libreta ante la seccional o un juzgado, hay un respaldo jurídico para exigir que la persona que te violentó tenga una pena y te pague si no lo hizo”, graficó Núñez.