Inspiradas por la movilización social que logró frenar un megaproyecto en Punta Ballena e incitadas por recientes ataques de actores políticos sobre su gestión, algunas organizaciones que trabajan en defensa del ambiente costero y serrano de los municipios de Piriápolis y Solís Grande iniciaron una campaña para darse a conocer hacia afuera y entre sí. El objetivo es demostrar que su trabajo ante los múltiples conflictos ambientales es serio, que es necesario unirse en la diversidad de opiniones, y que no están dispuestos a que sus aportes “sigan siendo ninguneados por el sistema político y los tomadores de decisiones”, resumió a la diaria la referente de la agrupación Naturalmente Piriápolis, Déborah Díaz.

Para esto, comenzó por proponer a la Red Ambiental de Piriápolis un relevamiento de todas las instituciones y colectivos “socioambientales” que, dentro o fuera de la red, funcionan en los balnearios ubicados al oeste de Maldonado. El resultado les sorprendió: inicialmente contabilizaron 15, pero, al divulgar el listado en las redes sociales, otras 21 se hicieron notar y reclamaron su inclusión. “Este viernes somos 36 grupos. Todos trabajan por el cuidado del medio ambiente, unos con objetivos puntuales y otros con comisiones internas que abarcan varios temas”, aclaró Díaz.

En estos años, el incremento de los proyectos con excepciones a la normativa, la contaminación de arroyos y cañadas por diversos factores, la falta de controles, la ausencia de información oficial y de participación ciudadana en torno a algunos proyectos, exigieron a los ambientalistas de aquella zona una mayor organización y asesoramiento para aprender a realizar denuncias ante el Ministerio de Ambiente, entablar recursos de amparo o iniciar acciones de nulidad contra actos administrativos. “Nos gustaría dedicarnos a actividades más amables, pero tenemos que ir a la justicia, en procesos duros y complejos que requieren tiempo y esfuerzo, y que también nos enfrentan” con el gobierno departamental y, en ocasiones, con inversores y algunos vecinos.

El vínculo de los lugareños con investigadores del Centro Universitario Regional Este (CURE) y con profesionales que se radicaron en la zona o que tienen su casa de fin de semana favoreció el crecimiento de la movilización social. “El cruce de la academia con las vivencias y experiencias locales genera un cúmulo de información para elaborar proyectos locales de conservación, mejorar o defender espacios que mejoren el ambiente y la calidad de vida de las personas”, además de propiciar la creación de “herramientas para defendernos”, acotó la ambientalista.

Conversaciones con políticos para “subir el nivel de discusión”

“Miramos las sesiones de la Junta Departamental y nos indigna cómo se desestima el tema ambiental, cómo ignoran los informes y reportes que les presentamos”, dijo Díaz en referencia al trabajo de la Comisión pro Conservación del Cerro Pan de Azúcar que gestionó la inclusión del lugar en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que se opone al proyecto de instalar un teleférico.

Por otro lado, el intendente Enrique Antía los acusó de ser ‘un germen de la contra’, de poner palos en la rueda a cuanto proyecto se presenta en jurisdicción de Piriápolis. “Es violento para nosotros que no nos den participación, que ninguneen nuestras propuestas. Que un edil diga que no nos puede ni ver y que solo defendemos nuestra chacra, que digan que la defensa del ambiente es un caballito de batalla de la oposición, que aprueben expedientes con total desconocimiento de los temas”, cuestionó la entrevistada.

Para mitigar -tal vez con la esperanza de erradicar- esos ataques desde la Junta Departamental, la Red Ambiental de Piriápolis buscará “conversaciones con ediles para subir el nivel de la discusión”. A juicio de Díaz, es momento de decir “basta”. “Siempre trabajamos con todos los que podemos, intentando crear una red y tener todas las opiniones posibles para armar un camino y un proyecto. Del otro lado nos encontramos con violencia, desinformación y decisiones sin participación ciudadana”, lamentó.

El territorio como una hoja en blanco

Las agrupaciones observan que el desarrollo inmobiliario “es impresionante” y, aunque no se oponen, pretenden que se tengan en cuenta las legislaciones y las reglamentaciones. “Las máquinas arrasan y es como si el territorio fuera una hoja en blanco. Los desarrolladores y los operadores inmobiliarios suelen mirar para el costado”, cuestionó Díaz.

En ese contexto, la Red Ambiental de Piriápolis entiende que difundir el listado de todos los grupos comprometidos con el cuidado ambiental también es una forma de llegar a una vía de diálogo más fluida: “Estamos a favor de asesorarlos y dar recomendaciones a los propietarios para que no hagan estragos, no desde el enfrentamiento. Por eso hablamos de diálogo abierto y de sostenibilidad”.

Si bien “los avances son significativos” en cuanto a modificar esos hábitos, todavía hay mucho trabajo por delante: “Queremos difundir que estamos todos, aunque algunos no se acerquen tanto o no nos pongamos todos de acuerdo. Podemos tener diferencias, pero con cualquiera de esas organizaciones podemos entablar un diálogo. Lo bueno es unirnos, considerar posturas y variables, saber un montón para decidir cosas”.

Díaz tiene claro que la solución no es la misma para todos ni es una. “Debemos poner la mirada en que cada organización hace lo que puede con los recursos, la gente y la capacitación que tiene, y que el compromiso está”, remarcó. Después sigue el mayor desafío, que es trabajar en una política ambiental con las autoridades que asuman en la próxima administración departamental. “Hay que tener una perspectiva de medio y largo plazo, un desarrollo sostenible, porque ya nos estamos quedando sin bienes naturales”, advirtió Díaz.

recuadro.