El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, se reunió con organizaciones civiles de Maldonado a instancias del diputado frenteamplista Joaquín Garlo. La Agrupación Vecinal Arroyo Maldonado, la Asociación Civil Pro Conservación Cerro Pan de Azúcar, la Liga de Fomento de José Ignacio - La Juanita, la Red Unión de la Costa y el Movimiento de Punta Ballena Protegida intercambiaron con el jerarca sobre los temas que les ocupan, durante entrevistas que tuvieron lugar en diferentes puntos del departamento.

Garlo dijo a la diaria que estuvo sobre la mesa “la necesidad de revisar algunas disposiciones y normativas vinculadas a la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones sobre el territorio y el ambiente”. También conversaron sobre la mejora de los mecanismos de denuncia ante el Ministerio de Ambiente (MA) cuando “suceden hechos de afectación de los ecosistemas”, y sobre la coordinación de acciones respecto de la inclusión de Punta Ballena y el cerro Pan de Azúcar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Consultados por este medio, voceros y voceras de cada agrupación ofrecieron un punteo de sus temas y comentaron algunas respuestas del ministro; en general, destacaron la posibilidad del intercambio mano a mano y el buen diálogo con Ortuño.

José Ignacio: que el desarrollo no comprometa al ambiente

La Liga de Fomento de José Ignacio planteó temas prioritarios, varios de los cuales ya eran parte del diálogo con las autoridades ambientales, en general, relacionados con el impacto del desarrollo inmobiliario de la zona.

La vicepresidenta de la institución, Luciana Núñez, detalló a la diaria que hablaron sobre la Comisión Asesora Específica del área protegida de la laguna Garzón y la necesidad de extender la protección a toda su cuenca; la inexistencia de una figura similar para la laguna José Ignacio y su respectiva cuenca, y la protección ampliada prevista en la Ley de Zonas Costeras de Alta Fragilidad.

Estos temas están relacionados con el Plan de Ordenamiento Territorial conocido como el Plan entre Lagunas, que fue aprobado por decreto en 2013. “Creemos que aún estamos a tiempo de lograr que el desarrollo proyectado no comprometa la integridad de nuestras lagunas costeras, dunas y playas”, opinó la vicepresidenta, en una apuesta a la articulación entre la sociedad civil organizada y los diferentes niveles de gobierno.

Consideró que para eso es “imprescindible que los servicios acompañen de forma armoniosa el crecimiento que, a todas luces, parece imparable”. En este sentido, hay dos cuestiones prioritarias que plantearon a Ortuño: la falta de saneamiento, “que impacta directamente en la laguna José Ignacio”, y la provisión de agua potable durante la temporada estival, actualmente reforzada mediante la extracción desde la laguna Escondida, la única de agua dulce en la zona.

El abanico de temas de la RUC

Entre varios temas, la Red Unión de la Costa (RUC) expuso al ministro la falta de información sobre las habilitaciones ambientales y el fundamento detrás de las categorizaciones de impacto ambiental impuestas a los proyectos. El coordinador de la red, Nicolás Chacón, dijo a la diaria que cuando los proyectos obtienen una categoría A –es decir, no requieren un estudio de impacto ambiental– “la población recién se entera al observar las máquinas actuando en las playas”. En ese sentido, la RUC propuso que los proyectos con esta categorización figuren en el Observatorio Ambiental Nacional del MA, para que “las personas puedan leer y prepararse para tratar de frenar algún proyecto”.

Por otra parte, se hizo referencia a las audiencias públicas del MA para evaluar proyectos y escuchar la opinión de la sociedad civil. Chacón mencionó que, “en general, los argumentos [de las organizaciones] no son tomados en cuenta”, por lo que exigen más participación ciudadana en los proyectos a autorizar y “no sólo cumplir con las obligaciones que la ley prevé”.

Los proyectos de prospección sísmica, cuya audiencia pública se llevará a cabo el 5 de agosto en Maldonado también fueron asunto de conversación. “Nos resulta contradictorio que se esté planteando la prospección sísmica y, al mismo tiempo, la política de avanzar sobre áreas marítimas protegidas”, opinó el coordinador. A juicio de la RUC, si el MA considera que “los impactos de la prospección sísmica son inadmisibles podría directamente rechazar [los permisos solicitados] y avanzar en que haya más áreas marinas protegidas”.

Además, la RUC reiteró a Ortuño que las organizaciones rechazan la designación de Óscar Caputi como secretario general del MA, porque advierten un conflicto de intereses.

Definiciones sobre el humedal

Por su parte, la vocera de la Agrupación Vecinal del Arroyo Maldonado, Victoria D’Onofrio, dijo a la diaria que el ministro tomará una resolución a fin de este mes con respecto a las acciones exigidas a la IDM para recomponer el área que, según informes de varias direcciones del MA, fue afectada por el relleno con materiales contaminantes de las antiguas piletas de oxidación del humedal.

En cuanto al plan de manejo para el Eco-Parque Metropolitano del arroyo Maldonado y San Carlos, la agrupación insistió para que se ponga en marcha el decreto de reserva protegida departamental y se tomen en cuenta los decretos departamentales 3911/2012 y 3911/2015.

También propuso que se instale cartelería en las playas para concientizar sobre la importancia del ecosistema del humedal salino y pidieron más instancias de participación ciudadana, debido a que las denuncias a través de la página web o el servicio telefónico del MA “demoran mucho” en tramitarse, dijo D’Onofrio.

Avances hacia el SNAP

El Movimiento Punta Ballena Protegida participa como invitado en la comisión multidisciplinaria instalada por la Intendencia de Maldonado para estudiar las vías de ingreso de una parte de esas zonas al SNAP. La vocera del movimiento, Verónica Ferrari, señaló que Ortuño se comprometió a tramitar “en forma rápida” la propuesta que esta comisión presente a la cartera.

El ministro también intercambió con vecinos de la zona oeste del departamento sobre la propuesta de incluir el cerro Pan de Azúcar en el SNAP en 2026.

El presidente de la asociación civil Pro Conservación del Cerro Pan de Azúcar, Manuel Asuaga, dijo a la diaria que Ortuño les planteó la posibilidad de declarar al cerro como reserva privada –área gestionada por organismos privados para conservar su biodiversidad y fomentar el uso sostenible de los recursos naturales–, entendieron que “sólo sirve la protección bajo el SNAP”. Finalmente, según Asuaga, Ortuño dijo que postulará la propuesta en el presupuesto quinquenal nacional.