El Ministerio del Interior (MI) implementó el curso Formación de Pares, dirigido a funcionarios policiales de Maldonado, con el objetivo de que en las comisarías y destacamentos se pueda detectar “si algún compañero está mal [anímicamente]”, informó a la diaria el presidente del Sindicato Policial de Maldonado (Siploma), Julio Acosta.

El curso, brindado mediante la plataforma Zoom por una psicóloga del MI, consta de cuatro encuentros sobre estrés, suicidio, violencia doméstica y una última a definir. Acosta dijo que desde “hace años está instaurado en Montevideo, pero en Maldonado no existía”, ya que “los cursos quedan reducidos a la zona metropolitana”.

Según explicó, se designó para tomar el curso a un efectivo policial de cada unidad que cumpla con requisitos en lo educativo y tenga “capacidad de negociar y soportar el estrés”. Sin embargo, señaló que esto es difícil de manejar, debido a que “todos los días” se enfrentan con “situaciones de estrés al convivir durante al menos ocho horas al día con problemas”.

Acosta dijo que, cuando culmine el curso, se les preguntará a los asistentes si están interesados en ser referentes para ayudar a compañeros que atraviesen “situaciones de salud mental”, aunque aclaró que esto “no es obligatorio, dado que no se percibe ninguna remuneración extra”.

No obstante, consideró que los policías no están capacitados para esta tarea, ya que no son psicólogos ni psiquiatras. “En vez de instaurar una política de salud mental con profesionales para acudir a consultas cada tres o seis meses, el MI toma una medida sujeta a la responsabilidad del empleado y no del empleador”, cuestionó.

Reivindicaciones en salud mental

El presidente de Sipolma reclamó que “se aplique una política de salud mental con recursos para ser evaluados con más psicólogos y oficinas destinadas a la atención”. A modo de ejemplo, comentó que, en sus 29 años de oficio, nunca le ofrecieron “un control [enfocado en su salud mental]”. A su juicio, “la Policía siempre ha sido olvidada en esta temática” y “el Estado ha fallado en este gobierno y los anteriores”.

En mayo de este año una delegación de la Coordinadora de Sindicatos Policiales presentó un proyecto sobre salud mental al ministro del Interior, Carlos Negro.

Acosta indicó que, si bien cuentan con Centros de Atención de Sanidad en Maldonado, “la mayoría no tienen psicólogos”, por lo que la única alternativa es dirigirse a la puerta de emergencia del Hospital Policial de Montevideo, que hace un año designó profesionales a tal fin.

Pero a muchos policías se les dificulta viajar a la capital. El dirigente cuestionó que el “principal foco de atención sea Montevideo”, por lo que reclamó que “se vuelquen recursos al interior del país, aunque sea en menor cantidad”.

Multiempleo y falta de personal

Otra de las reivindicaciones de Sipolma es la necesidad de un aumento salarial. Según Acosta, hay funcionarios estresados porque el sueldo no les alcanza y deben recurrir al multiempleo. Hay policías del departamento que desde “hace años están pidiendo a la caja policial un subsidio para que los ayuden económicamente, pero no les han dado respuesta, aunque hay dinero”, señaló.

Paralelamente, dijo, cada vez se les asignan más tareas que, en realidad, corresponden a otros organismos. Ejemplificó que, en Maldonado, uno de los problemas es la cantidad de perros sueltos en la calle, un tema que corresponde al Instituto Nacional de Bienestar Animal, pero se les asignó el control a los policías.

Si bien dijo que pueden colaborar, resaltó que son funciones que no les corresponden y que no cuentan con los protocolos de acción. Dijo que a medida que aumentan las tareas, pero no el salario, “seguimos teniendo pérdida de poder adquisitivo”.

También apuntó a la falta de personal policial, que dificulta que haya patrulleros en las calles del departamento para brindar seguridad a los ciudadanos. El proyecto de ley del presupuesto quinquenal que entregó el Poder Ejecutivo al Parlamento plantea la incorporación de 1.000 cargos policiales para el programa Gestión de Privación de Libertad, 500 cargos de agente y 500 de operador penitenciario para el país. Sin embargo, Acosta dijo que “no alcanza, ya que en Maldonado faltan por encima de 1.000 policías”.