Con los 21 votos del Partido Nacional (PN) y el único de la bancada colorada, la Junta Departamental de Maldonado autorizó al intendente Miguel Abella a contraer un préstamo de hasta 38 millones de dólares para “garantizar la continuidad operativa y de pagos de corto plazo” de la comuna.

El préstamo deberá ser cancelado “a más tardar” el 28 de febrero de 2030, es decir, en el actual período de gobierno. Los recursos se destinarán a “obligaciones operativas de corto plazo, futuros compromisos con proveedores y mantenimiento de servicios públicos prioritarios”, y también para el cumplimiento del plan de obras “en curso y que continúan en ejecución de una administración a la siguiente”.

Asimismo, se autorizó al intendente a suscribir un contrato de fideicomiso de administración y pago “al que se le cedan derechos de crédito derivados del cobro de tributos, precios y otros ingresos departamentales recaudados mediante la cobranza descentralizada, así como también del Fideicomiso Sucive, a fin de ser administrados en respaldo de los contratos de crédito que se tomen”.

El equipo de Planeamiento y Presupuesto de la IDM sostiene que la comuna contará “con capacidad suficiente” para afrontar la devolución del préstamo, de acuerdo a las proyecciones de ingresos y gastos para el quinquenio 2026-2030. Esto será “sin afectar la ejecución de programas de funcionamiento e inversiones prioritarias, ya que se repaga con los incrementos de ingresos futuros”, afirmó.

En su exposición de motivos, la administración argumentó que “enfrenta un desfasaje temporal de liquidez” en el plano financiero. En primer lugar, porque el proyecto de realojo del asentamiento Kennedy costó 15 millones de dólares más que lo previsto cuando se aprobó un fideicomiso de 35 millones de dólares para financiarlo, en 2022. Luego, porque creció la población y esto incrementó los costos de mantenimiento de las obras de infraestructura urbana y de los servicios esenciales de limpieza y de recolección de residuos, y debido al “cumplimiento de obligaciones con los proveedores”.

PN: “Herramienta estratégica para gobernar desde el primer momento”

Al defender la iniciativa del intendente, el edil nacionalista Gonzalo Soria, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Junta Departamental, recordó que el Tribunal de Cuentas de la República aprobó la legalidad de la solicitud por unanimidad.

Enfatizó que el préstamo responde a una “necesidad coyuntural” y es una “herramienta más que estratégica” que permitirá a Abella “gobernar desde el primer momento”, “adelantar” obras y costear servicios hasta que entre en vigencia el presupuesto quinquenal, el 1° de enero de 2026.

También señaló que el oficialismo cuenta con la cantidad de votos necesaria para aprobar, “si quisiera”, una línea de crédito que fuera más allá del período actual. “Pero el intendente, en una clara señal de responsabilidad fiscal e institucional, quiere que la línea de crédito sea cancelada en este período”, expresó.

Soria sostuvo que el Ejecutivo “hizo todas las concesiones y ofreció toda la información” solicitada por la oposición frenteamplista, por lo cual lamentó que la fuerza política no haya acompañado la anuencia. “Quizás eso hubiese demostrado más respaldo institucional, pero la libertad es libre y cada quien puede hacer lo que quiera”, concluyó.

FA: nuevo crédito aumentaría pasivos financieros en 19%

La bancada del FA rechazó la anuencia tras haber analizado la propuesta junto con una comisión asesora avalada por la Mesa Política Departamental. En su extenso informe “en minoría”, la oposición planteó que no existe un “desfasaje temporal de liquidez”, sino que hay un problema estructural debido “al peso de una deuda creciente” y a “la falta de control en el crecimiento de los gastos –sin medidas de eficiencia– por encima de la recaudación”.

A esto sumó “un contexto de clientelismo e ingreso de los amigos políticos”, con ingresos “a dedo” y subrogaciones injustificadas que ocasionaron sobrecostos durante los dos últimos gobiernos de Enrique Antía (2015-2025). A juicio de la oposición, el oficialismo debería admitir que “se le fue la mano” y gastó más de lo que podía y que, por eso, “no llega a fin de año”.

Los costos financieros anuales y acumulados del endeudamiento con bancos y fideicomisos implican “nada menos que US$ 97.797.171 desde 2016 a 2024, de los cuales US$ 49.490.548 se sumaron entre 2021 y 2024 para una deuda que, al cierre de 2024, estaba en US$ 138.991.228”, indica el informe en minoría. Por otra parte, añade que, con el nuevo préstamo a contratar, “los pasivos financieros se incrementarían en un 19%”.

El coordinador de la bancada, Juan Urdangaray, recordó que en los gobiernos de Antía el déficit acumulado de la IDM se multiplicó casi por cuatro y subrayó que este crédito “no puede usarse para seguir tapando el agujero que se genera por mala administración”.

Además, afirmó que el FA “no tiene confianza” en la gestión económica del gobierno del PN ni garantías de que esta administración blanca vaya a cambiar los lineamientos de la anterior. “Venimos de diez años donde la estructura sobredimensionada absorbe millones de pesos en cargos de confianza mientras se nos dice ‘desfasaje temporal de liquidez’”, cuestionó Urdangaray, para reclamar “un plan serio de ordenamiento financiero”.