Doce organizaciones de la sociedad civil que integran la Comisión de Cuenca de la Laguna del Sauce (CCLS) expresaron su “profunda preocupación por la situación de estancamiento” del Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) de la cuenca, en una carta dirigida a la opinión pública y autoridades nacionales y departamentales. Tras resumir el trabajo realizado desde la creación de la CCLS en 2010 (véase recuadro), las organizaciones indicaron que el proceso de elaboración del PLOT consolidó “el convencimiento colectivo sobre la urgente necesidad” de aprobarlo y también “la percepción cada vez más clara de una falta de voluntad política para concretar dicha aprobación”.
Entienden que esto último responde a “una preocupante conjunción de intereses instalada en la Junta Departamental de Maldonado”, en una confirmación de lo señalado a la diaria por el investigador Néstor Mazzeo, miembro de la CCLS en representación de la academia, en abril de 2025. En su carta, las agrupaciones recordaron que en 2024 los ediles oficialistas explicitaron que uno de los aspectos “no aceptables” del PLOT era la determinación de un área mínima de fraccionamiento de 25 hectáreas en la cuenca. Los legisladores del Partido Nacional (PN) pretendían reducir esa superficie a tres hectáreas.
Esto “no sólo contradice los criterios técnicos y ambientales que sustentan el plan, sino que además desconoce acuerdos previamente alcanzados y aprobados por el Ministerio de Ambiente”, advirtieron, para señalar que una modificación así “implicaría un cambio sustancial en el modelo de ocupación del territorio, con impactos directos sobre la presión urbanística y la sustentabilidad ambiental de la cuenca”.
Falta de compromiso oficialista en la CCLS
Asimismo, indicaron que “desde hace un tiempo” observan “con preocupación” el funcionamiento de la propia Comisión de Cuenca. “El espacio reservado a los ediles integrantes de la Comisión de Ambiente de la Junta Departamental ha tenido una presencia intermitente, cambiante y sin continuidad, sin un hilo conductor que refleje involucramiento real ni asistencia sistemática. Por esa razón, no se han trasladado a las bancadas los acuerdos abordados durante la construcción del plan”, fundamentaron.
A esto sumaron que la representación de la Intendencia de Maldonado –principal actor institucional en este proceso– “no ha concurrido a más del 50% de las reuniones durante los dos últimos períodos de gestión, en muchos casos sin previo aviso, debilitando seriamente el funcionamiento del ámbito”.
Durante 2025, frente al inicio de una nueva administración y a señales iniciales que generaron expectativas positivas, las organizaciones de la sociedad civil confiaban en que el año culminaría con la aprobación definitiva del plan. Sin embargo, señalaron que en la última reunión del año, realizada el 18 de diciembre de 2025, “el informe presentado por representantes de la Junta Departamental no fue claro ni estuvo en sintonía con lo largamente esperado”.
Laguna del Sauce es “rehén de indefiniciones políticas y de intereses sectoriales”
Las organizaciones consideran que las capacidades institucionales están “visiblemente debilitadas para impulsar un pronunciamiento político claro y oficial”. Sobre esa base, declararon públicamente su “molestia y profunda disconformidad con el sistema político departamental y con el accionar de sus representantes en la Junta Departamental de Maldonado”.
Paralelamente, exigieron “explicaciones públicas y fundamentadas” sobre las razones por las cuales, luego de más de una década de trabajo técnico y participativo, el PLOT continúa sin aprobarse. A su juicio, “esta demora no es neutra” y la falta de definición política “expone a la cuenca a mayores presiones ambientales, comprometiendo la calidad del agua, el equilibrio ecosistémico y el interés general de la población”.
Más adelante advirtieron que “la Laguna del Sauce no puede seguir siendo rehén de indefiniciones políticas ni de intereses sectoriales”, ya que es la principal fuente de agua potable del departamento y su protección “debería constituir una política de Estado departamental, sostenida en el tiempo, con transparencia y participación real”.
En este contexto, también recordaron la crisis de agua potable que atravesó Maldonado en 2015. Durante varios meses, en un contexto de sequía severa, el agua suministrada presentó mal sabor y olor a barro, generando alarma social, denuncias públicas e interpelaciones políticas.
“Aquella situación dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y los impactos acumulados del cambio climático, la deforestación de zonas ribereñas, la expansión de actividades productivas sin ordenamiento adecuado y debilidades en la gestión territorial. Lejos de ser un episodio aislado, fue una advertencia concreta sobre los riesgos de no actuar de forma preventiva”, remarcaron.
La decisión de Abella
La nota fue remitida este martes 13 al intendente Miguel Abella, al ministro Edgardo Ortuño y a la presidenta de la Junta de Maldonado, Verónica Robaina. Está suscrita por la Unión Vecinal de Punta Ballena/La Capuera, la Sociedad de Fomento Rural y Vecinal El Pejerrey, la Asociación Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo y la Comisión Vecinal de Punta Negra.
También firmaron la Asociación Civil Sierra de las Ánimas Unión de Vecinos y Amigos para su Conservación, la Sociedad de Fomento Rural de Pan de Azúcar, la Comisión en Defensa del Arroyo El Potrero y sus Humedales, el Grupo de Acción Local Ambiente Saludable (Piriápolis), Medioambiente La Capuera, Red Ambiental Piriápolis y alrededores, y la Asociación Civil Pro Conservación del Cerro Pan de Azúcar.
El 7 de enero, durante una reunión con el Frente Amplio para evaluar el trabajo de las comisiones interpartidarias, Abella transmitió a los delegados de esa fuerza política su intención de mover el expediente en la Junta Departamental. Aseguró que, esta semana, enviaría una nota al legislativo para que una delegación de tres jerarcas de la comuna sea recibida en las comisiones que tienen a consideración el expediente.
Antecedentes de una larga batalla
La Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce (CCLS) fue creada en 2010 con el objetivo de proteger la principal fuente de agua potable del departamento mediante un enfoque de gestión integrada, preventiva y participativa. Tras un extenso proceso de construcción colectiva del PLOT para la cuenca, en el que participaron organismos públicos, instituciones académicas y organizaciones sociales, en 2013 se elaboró un Plan de Acción y en 2015, tras la crisis en la calidad del agua, el gobierno nacional aprobó un conjunto de 12 medidas prioritarias.
En 2015 la Intendencia de Maldonado contrató al consultor externo Diego Capandeguy para la elaboración del anteproyecto normativo denominado “Estrategia preliminar de ordenamiento territorial”, desarrollado en dos etapas: una fase diagnóstica entre 2015 y 2016, y una fase propositiva entre 2018 y febrero de 2020. El texto del proyecto ingresó al legislativo en la administración pasada, pero nunca se aprobó.
Las organizaciones señalaron que, durante todos esos años, asumieron “un rol activo y sostenido” y que fortalecieron vínculos con instituciones como el Centro Universitario Regional del Este, el Instituto Saras, el Polo Tecnológico Arrayanes y la Universidad Católica del Uruguay, entre otras. Si el PLOT todavía no se aprobó, no es por falta de discusión y análisis, enfatizaron.