Maldonado cuenta con una reglamentación para la instalación de sillas, reposeras y sombrillas por parte de hoteles y edificios en las playas, pero los incumplimientos son recurrentes y todos los veranos se repiten las disputas por espacios entre los bañistas y los trabajadores de los emprendimientos a cargo del servicio. Aun con la merma de la cantidad de turistas, en estos días las discusiones por la ubicación son moneda corriente. En enero, tras varios incidentes y constantes quejas de los usuarios, sobre todo en playas de Punta del Este, el edil frenteamplista Juan Urdangaray reclamó a la Intendencia de Maldonado (IDM) que fiscalizara el cumplimiento de esas disposiciones y sugirió actualizar la normativa. Pero poco y nada cambió.
Esta semana, el edil frenteamplista Leonardo Gino Pereira propuso una nueva regulación para edificios y hoteles ante lo que considera una “privatización de hecho” de la primera línea desde tempranas horas de la mañana y ante las “presiones” por parte de los empleados de los establecimientos, que impiden a las personas ubicarse “con libertad e igualdad de condiciones” en un lugar público.
Pereira entiende que otorgar permisos “precarios y revocables” para la instalación de sillas y sombrillas ya no es una solución efectiva debido al aumento de torres frentistas a la playa. “El problema fue aumentando año a año, y en esta temporada desbordó la posibilidad de control y menoscabó los derechos de libertad e igualdad de los vecinos, de quienes se recibieron cuantiosas quejas, tanto en forma personal como a través de medios de prensa y redes sociales”, indicó el edil en su exposición de motivos.
Aunque reconoció el “esmerado esfuerzo” de la dirección de Higiene de la comuna para mantener “en equilibrio intereses legítimos de distintos actores sociales y económicos”, Pereira considera necesario “dictar una norma general para todo el departamento” y que no se permita a los establecimientos dejar sillas y sombrillas vacías.
El proyecto de decreto, que presentó a la Junta Departamental, se basa en leyes y normas que garantizan la accesibilidad y el uso público de las franjas costeras marítimas o fluviales. A su juicio, la administración departamental debe disponer acciones para ordenar el uso de la franja costera “sin cercenar o limitar ningún derecho de unos u otros”, al tiempo de dar “un tratamiento igualitario” a toda la costa, al margen del municipio que tenga jurisdicción en las playas.
Respetar otros espacios y no instalar depósitos en la playa
Así, el proyecto prohíbe a las administraciones de “edificios, hoteles y cualquier entidad o persona física o jurídica en general” instalar sillas, reposeras, sombrillas y “elementos similares” en la franja de playa del departamento, “sin que sean ocupadas por los usuarios en forma inmediata”. También indica que estas entidades podrán ofrecer el servicio “a medida que los usuarios vayan arribando a la playa” y desarmar todo “inmediatamente después que el usuario se retire”.
Por otra parte, “prohíbe, especialmente, la acción u omisión de cualquier hecho que implique reservar un lugar para usuarios que no hayan arribado a la playa” e impide instalar estos elementos dentro de los primeros diez metros de la franja costera, “a contar desde la rompiente de la ola”. Aclara, asimismo, que el servicio no deberá interferir con el área correspondiente a los paradores.
El proyecto también establece, entre otros puntos, que no podrá haber depósitos fijos en la playa y que los implementos deberán depositarse únicamente durante el día, en lugares alejados de la orilla del mar, donde no obstaculicen el tránsito de personas y respetando el cordón dunar. Habrá que armar a medida que llegue cada usuario y desarmar inmediatamente de que las personas se retiren con sus pertenencias, agrega.
Por último, el proyecto señala que la IDM podrá “fijar precios o tasas para el uso del espacio público destinado al depósito diurno de los elementos de playa”, prohíbe el uso de publicidad que no sea del complejo u hotel que presta el servicio, y exige que los encargados estén uniformados e identificados. Las sanciones a aplicar ante eventuales infracciones serán determinadas por el intendente, al tiempo que la dirección de Higiene y los municipios tendrán a su cargo la fiscalización y la aplicación de las sanciones correspondientes.