La comunidad de la escuela Nº 14 de Balneario Solís, en la zona oeste de Maldonado, reclama a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que separe del cargo a la directora del centro educativo y que dejen sin efecto su designación como maestra de tercer y cuarto año en este 2026. El reclamo no parece antojadizo: desde 2004, la han denunciado por “irregularidades en el manejo de fondos, falta de gestión para mejoras edilicias, actitudes ofensivas hacia alumnos y familiares, y escasa disposición al diálogo”.

Para fundamentar la acusación, contrataron un abogado y adjuntaron vasta documentación (análisis cuantitativos, información administrativa y múltiples testimonios de familiares de los alumnos) con decenas de firmas. Sin embargo, el nuevo año lectivo está a punto de comenzar y no han tenido las respuestas esperadas. La preocupación no solo estriba en las irregularidades administrativas que denuncian, sino también en la atención especial que requieren muchos de los escolares.

La escuela de Solís tiene la particularidad de contar con grupos de educación inicial y primaria más los primeros tres años de secundaria; además, es un centro integrador, que recibe niños, niñas y adolescentes con diversas dificultades de aprendizaje. Las familias en conflicto representan a la mitad de alumnos del centro educativo. “Media escuela está en jaque. Quedamos terriblemente expuestos, porque hemos ido a declarar estando ella [la directora de la escuela] presente. Ahora, nuestros hijos estarán en primera línea con ella en el aula”, dijo a la diaria una madre que pidió la reserva de su nombre.

Medidas de protesta en ciernes

Por esto, al cabo de una asamblea realizada el lunes 23, las familias resolvieron ampliar la denuncia presentada en 2024, sumando nuevos hechos al expediente que, aseguran, duerme en el área de Jurídica de la Inspección Departamental de Primaria. Paralelamente, acordaron que, “si no se toman medidas desde Primaria y se retira a la directora del cargo, se adoptará como medida no enviar los niños a la escuela hasta que eso suceda”.

El miércoles 25 se reunieron con la inspectora departamental de Primaria, Laura Arce, quien les comunicó que “no está a su alcance tomar una decisión”, afirmaron a la diaria varios participantes del encuentro realizado en la escuela. Dada la situación, este jueves 26, a las 19.00 habrá una nueva asamblea para definir nuevas acciones.

Entre otras, evalúan solicitar una entrevista a la directora general de Primaria, Gabriela Salsamendi, con la esperanza de que resuelva rápidamente la situación “insostenible” que ya le habían comunicado el año pasado y que, a su juicio, se agravó con la adjudicación del cargo docente a la directora que gestiona la escuela desde 2014.

Antecedentes del conflicto

En diciembre de 2024, integrantes de la Comisión Fomento y un colectivo de familias solicitaron una reunión urgente a las autoridades de ANEP para exponer una “serie de irregularidades” en el manejo del dinero escolar por parte de la directora y pidieron una auditoría externa de los gastos.

En la nota de petición, a la que accedió la diaria, denunciaron que la directora presentó una rendición anual “muy desprolija”, en la que no desglosó los gastos realizados con dinero de la Comisión Fomento de los realizados con dinero de partidas de ANEP, al tiempo que figuraban gastos que no fueron consultados con la comisión y se desconocía cuál era el saldo de la cuenta al cierre del año.

Los denunciantes agregaron que luego la directora entregó una nueva rendición de gastos que no coincidían con la anterior. También afirmaron que había tomado decisiones “sobre diversas temáticas” sin consultar ni informar a la comisión, al punto que las discrepancias derivaron en la renuncia de la secretaria de este órgano.

A esa altura, había una denuncia ante la Inspección Departamental porque la directora “sugirió” a algunos padres y madres que llevaran a sus hijos a otra escuela ante “problemas conductuales”. Según los denunciantes, tres niños de Educación Inicial cambiaron de centro educativo por esa causa.

Otra situación advertida por las familias fue que la directora, residente en la escuela, mantenía sueltos a sus perros en el horario de clase. Cuando le plantearon el riesgo que esto implicaba, amén de que varios alumnos les tenían miedo a las mascotas, los instó a denunciarla. “Si no te gusta, ahí está la puerta. Esta es mi casa y yo soy impune acá”, le dijo a un padre, según indica el documento.

El colectivo también aseguró que la directora “amenazó con retirar de banderas a algunos niños del cuadro de honor” por discrepancias en torno a la organización de un viaje de fin de año. Además, cuestionaron que prohibiera entrar al salón de clase para tomar agua durante el recreo; el cierre de las puertas a las 8, que “dejaba sin desayuno” a quienes llegan más tarde porque viajan en ómnibus; y la falta de disposición para recibir a quienes querían plantearle problemáticas de sus niños.

La escuela pierde matrícula mientras otras están superpobladas

En noviembre de 2025, mientras seguía esperando que se realizara la auditoría de gastos solicitada, el grupo de familiares dirigió notas a las autoridades de Primaria para manifestar su preocupación por la caída de matrícula de la escuela de Solís, un fenómeno que atribuyeron al desempeño de la directora en cuestión. Para fundamentarlo, presentaron un estudio comparativo con otras escuelas de la zona, realizado en base al Monitor Educativo para el período 2016-2024.

El documento revela que, en esos años, la matrícula se redujo un 33%, pasando de 109 a 84 estudiantes. “La tendencia siguió empeorando en 2025, cuando la matrícula bajó a 63 estudiantes, lo que supone una caída total del 42% de la matrícula durante la gestión de la directora”, indica. Sólo de 2024 a 2025, la escuela perdió “el 25% de sus niñas y niños, dando cuenta de la profundidad de la crisis institucional que se vive”.

La disminución de la matrícula de la escuela de Solís llama aún más la atención cuando se la compara con el crecimiento sostenido que, en igual período, muestran las escuelas de la zona (N°294 en Jaureguiberry, N°17 en Aznárez, N°69 Las Flores y N°45 Playa Verde). Según el análisis, en ese lapso la matrícula total de las cuatro escuelas se incrementó un 50%, “lo que coincide con el crecimiento poblacional sostenido de este territorio, reflejado en el censo poblacional del año 2023”.

En igual período, el resto de las escuelas de Piriápolis (Nº 52 Centro, Nº 37 Pueblito Obrero, Nº 89 Punta Colorada y Jardín Nº 100), “mostraron un incremento de la matrícula total de los cuatro centros educativos del 23%”. Las familias asocian la baja de alumnos de la escuela N°14, directamente, con la gestión de la directora.

“No se explica en la situación edilicia de la escuela, que cuenta con aulas y espacio abierto en cantidad suficiente para los más de 100 alumnos con que contaba en 2016. Tampoco se explica por el trabajo de las docentes con las niñas y niños, del cual la comunidad educativa tiene una buena valoración. La explicación que encontramos es la pésima gestión del centro educativo por parte de su directora”, concluyó el colectivo.

“Años de destratos” llevaron a “una situación insostenible”

El expediente de la denuncia incluye decenas de firmas y testimonios que exponen la magnitud del conflicto. La mamá de dos alumnos que llegaron a la escuela en 2023, y que integró la Comisión Fomento, contó que en 2024 accedió a que su hijo mayor tuviera tratamiento sicológico por “cuestionar actitudes de los adultos referentes”. Tras el informe final, la directora le sugirió cambiar a los niños de escuela porque “no eran para la institución”.

En 2025, le “tocó consolar” a la madre de un niño de sexto año al que habían enviado al grupo de tercero y cuarto año “por problemas de conducta”, algo que también pretendieron hacer con su hijo, pero que ella rechazó. “Han sido años de muchos destratos, no cambio a mis hijos de escuela por cercanía, ya que vivimos en el balneario, pero es insostenible la situación”, declaró.

Otro testimonio corresponde a una mujer para quien su hijo de 3 años era víctima de "“discriminación por parte de la maestra y de la directora”, al punto de que lloraba y no quería ir más a la escuela. “Todos los días era un problema diferente”, hasta que un día de octubre el asunto detonó. Poco después de dejar al niño en clase, recibió un llamado de la directora: “Me dijo que volviera a buscarlo porque no podía con él, que estaba insoportable y que le había pegado a una maestra”.

Encontró a su hijo “acurrucado y como asustado” debajo de una mesa, mientras el resto de los niños “corrían y gritaban”. La directora reiteró que “no podía con él” y le pidió que se lo llevara de la clase. En ese instante, la mamá resolvió pedir pase para la escuela de Playa Verde, donde “cambió un 100%”. “Se levanta con ganas de ir a la escuela, la maestra y la directora le prestan atención, entra solo a la clase y tiene muchos amigos, le gusta tanto la escuela que a veces lo voy a buscar y se quiere quedar”, escribió.

Tallerista denunció su cese injustificado

Una docente de artes visuales y de expresión corporal actualmente jubilada, contó que llegó a la escuela en 2024, invitada como tallerista por la Comisión Fomento. Presentó dos proyectos, uno de expresión corporal y otro de artes visuales, quedando aprobado este último para trabajar con los grupos de 5° y 6° de escuela y 6°, 8° y 9° de liceo.

Tras cumplir con los requisitos formales, comenzó a dar clases a mitad de año. Había avanzado con una secuencia de actividades, cuando “intempestivamente” la directora le comunicó que ya no continuaría el taller. “La secuencia quedó sin el cierre y los motivos que me explicitó para tomar esa medida fueron confusos”, dijo.

Al cabo de diferentes argumentos, la directora atribuyó el cese a que la tallerista no le había presentado por escrito la planificación. “Nunca me la pidió. Quedé sorprendida y disgustada por no haber podido culminar un trabajo en una escuela que tiene todas las posibilidades para funcionar perfectamente bien, con una infraestructura que se podría decir que es un privilegio, sobre todo comparando con casi todas las escuelas donde trabajé en mi etapa activa”, concluyó la docente.

”Omisión de asistencia”

La enfermera Carolina Moreno ha dedicado el último año y medio a la recuperación de su hija, quien en 2024 sufrió una grave caída en la escuela. Contó a la diaria que la adolescente, con problemas de aprendizaje, ingresó para cursar segundo año de liceo. “Ya sabía de antemano de los malos tratos de la directora y de un profesor al que ella avalaba. Al principio me pareció un amor, super atenta, pero después mi hija llegaba a casa llorando y todo se hizo imposible”, relató.

La adolescente, que hoy tiene 17 años, le contaba que la directora y un profesor le respondían mal, que no dejaban que la asistiera un maestro de apoyo asignado a la clase, y que el docente le hacía bullying. “Cien veces fui a la escuela a hablar por esto y la directora siempre lo justificaba”, cuestionó. Aún así, por motivos laborales y de distancias, mantenía a su hija en la escuela.

Un día, la estudiante se cayó hacia atrás “desde una casa de madera que había en el patio”. “Se pegó en la zona lumbar y me llamó llorando de dolor y miedo, porque estaba orinando sangre. Yo no podía salir de mi trabajo, en la policlínica de Piriápolis, y pedí que le llamaran una ambulancia. Pero no había cobertura en la escuela, siendo que trabajan con niños con capacidades diferentes”, recordó Moreno.

Aseguró que la directora se negó a llamar la ambulancia pública y que tampoco accedió a que un patrullero acercara a la adolescente a la policlínica porque “la policía no podía hacerse cargo de una niña en esa situación”. Una nurse de la policlínica, compañera de Moreno, fue quien retiró a la estudiante y la llevó al hospital, donde comenzaría un calvario de dolor, signado por incontables estudios imagenológicos y acciones legales para que el Fondo Nacional de Recursos terminara cubriendo los costos de una compleja operación vascular, en noviembre de 2025.

Moreno dice que, como puso todas sus energías en el tratamiento y la recuperación de su hija, nunca denunció lo que, a su juicio, fue una “clara omisión de asistencia” por parte de la directora, pese a que muchas personas le recomendaron hacerlo. Ahora que la adolescente “está mejor” y se prepara para estudiar en otro centro, al ver la movilización de las familias, la madre resolvió contar públicamente la experiencia.

“No se puede seguir justificando el maltrato hacia chiquilines con dificultades de aprendizaje, autismo o Asperger en un lugar que debe contenerlos y apoyarlos”, dijo. Por otra parte, en tanto funcionaria de la salud, no concibe que la escuela estuviera sin cobertura de emergencia móvil y que “la directora ni siquiera supiera que podía llamar una ambulancia del SAME”.

Lo vivido le dejó una reflexión que trasciende a lo personal: “Tengo un hijo de seis años, con autismo, y jamás lo mandaría a esa escuela. Sé de compañeras que todavía mandan a sus hijas allí, que han atravesado un montón de problemas, porque no tienen otra opción. En Piriápolis solamente hay un liceo, que está superpoblado. Es impensable mandar a nuestros chiquilines aun liceo tan grande: los ruidos, el bullying, el sistema que no está preparado… Es increíble que, para muchas familias, la única alternativa sea mandarlos a una escuela-liceo que debería atenderlos bien y sin embargo los discrimina”.