La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este jueves un informe sobre la situación de Nicaragua de cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, en el que denuncia que el acto electoral “no da las garantías mínimas de libertad, acceso a la información, transparencia y pluralidad, en un contexto de cierre de todos los espacios democráticos y de impunidad estructural”.

Según el análisis llevado a cabo por esta entidad, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el gobierno que encabeza Daniel Ortega “busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones” por medio de “la cancelación de personerías jurídicas de tres partidos políticos y el continuo hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos mediante el continuo cierre del espacio democrático y de la prensa independiente”, así como la “detención arbitraria y criminalización de más de 30 personas bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo siete personas precandidatas a la Presidencia”.

La CIDH considera que la situación actual es el resultado de un proceso iniciado hace ya “más de dos décadas, con el llamado pacto “Alemán-Ortega” de 1999 mediante el cual se instauró un sistema bipartidista con el objeto de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública, y que a la fecha continúa vigente”. Esto se intensificó a partir de 2007 cuando Ortega asumió su segundo mandato presidencial, llegando a consolidarse “a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018”.

Según la CIDH, “el Poder Judicial de Nicaragua carece de independencia e imparcialidad debido, entre otros factores, a su conformación bipartidista y reformas legales que desde 2010 permitieron procesos de designación y permanencia contrarios al principio de independencia judicial”. El organismo constató la “designación de personas de afiliación partidista y cercanas al Ejecutivo en el Ministerio Público”, lo que desembocó en una “progresiva pérdida de su independencia y autonomía mediante su instrumentalización a los intereses del gobierno”.

Las instituciones de seguridad pública como la Policía Nacional, el Ejército y los Consejos de Poder Ciudadano han ido acumulando poder e información con el paso de los años, lo que ha generado un “completo quebrantamiento del principio de separación de poderes y la instalación de un Estado de excepción de facto”, señala el informe elaborado por el organismo.

También denuncia que el “uso arbitrario de la fuerza letal y no letal” ha derivado en reiterados casos de “violaciones a los derechos a la vida e integridad personal, detenciones arbitrarias, allanamientos, amenazas, malos tratos, criminalización mediante procesos judiciales bajo cargos infundados, irregularidades en las garantías judiciales y en el acceso a la justicia, el cierre de espacios democráticos, suspensión de libertades y afectaciones a la libertad de expresión”, ejecutados por “grupos policiales y parapoliciales afines al Ejecutivo”.

En este sentido, la CIDH considera en su informe que “las medidas arbitrarias adoptadas por el Ejecutivo y en particular las ejecutadas el presente año dan cuenta de que el proceso electoral de las próximas semanas no cumple con los estándares interamericanos para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas”, por lo que se deberá restablecer “las garantías y libertades fundamentales de un Estado democrático de derecho que permitan retomar la democracia representativa y participativa y la separación efectiva de los poderes”, asegurando “que las elecciones sean justas, libres y transparentes, conforme a los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana”.

Además de la CIDH, la Unión Europea viene manifestando desde hace largo tiempo su disconformidad con la situación política que se está viviendo en el país centroamericano. Hace diez días el jefe de la diplomacia del bloque, el español Josep Borrell, calificó como “muy nefasta” la realidad que se vive en Nicaragua.

Además, Borrell señaló que la represión en Nicaragua es “inaceptable” y remarcó que las elecciones serán organizadas por “una de las peores dictaduras del mundo”. Por eso consideró que ese proceso electoral será “falso” y no contará con el reconocimiento del bloque.